El CERMI Andalucía ha apoyado desde el primer momento esta Ley de Servicios Sociales; la última vez en una Jornada de ‘Parlamento Abierto’, organizada por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado 5 de abril. En dicha Jornada de Parlamento Abierto sobre la Ley de Servicios Sociales, ya el presidente de CERMI Andalucía, José Manuel Porras, habló precisamente de una de las cuestiones que más controversias ha suscitado desde el principio: la posibilidad de que la iniciativa privada entrara en la prestación de servicios sociales.

 

Conviene recordar que para CERMI Andalucía, el proyecto de Ley de Servicios Sociales adquiere especial relevancia por las materias que regula, como la introducción de la figura del concierto social, el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía, el Mapa de Servicios Sociales, la Formulación del Plan Estratégico de Servicios Sociales o el Decreto de Autorización y Registro de Entidades, Centros y Servicios, entre otras.

 

Aunque CERMI Andalucía ha respaldado en todo momento esta norma, que fue aprobada como proyecto de ley el 12 de enero, también es cierto que, desde hace meses, ha venido haciendo a la misma una serie de aportaciones que ha ido trasladando a los grupos con representación en el Parlamento, en reuniones que la entidad ha mantenido con ellos. Hablamos de que exista un compromiso para que las prestaciones y servicios se garanticen como derecho subjetivo, de provisión obligatoria por la Administración, y no estén sujetos a la disponibilidad presupuestaria, a la situación económica o al cumplimiento del déficit, así como que debe existir un fortalecimiento del apoyo a las entidades sin ánimo de lucro en la regulación del concierto social y a la petición de que CERMI Andalucía forme parte del futuro Consejo de Participación en materia de Servicios Sociales.

 

Además, CERMI Andalucía considera necesaria la inclusión de un II Plan de Concertación de servicios residenciales y de día, con criterios de territorialidad y tipología de discapacidades; la regulación de la prestación de asistente personal; el desarrollo del catálogo de prestaciones de personas valoradas con el Grado I de dependencia; actualizar las prestaciones de personas con discapacidad no valoradas con grado de dependencia, y flexibilizar los servicios del catálogo de servicios de la Ley de la Dependencia para incluir servicios más inclusivos.