En España casi cien mil personas no pudieron votar en las pasadas elecciones generales por tener una discapacidad y una sentencia firme por incapacitación judicial. El sufragio es de facto uno de los derechos más universales.  

 

De este modo, en nuestro país no se cumple la Constitución Española porque se contravienen dos de sus artículos: El 14 que dictamina que los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo y condición, y el artículo 23 que especifica: ”Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

 

Se incumple además el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que reclama la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Convención que fue ratificada por el Reino de España y que el Comité sobre los Derechos de la Naciones Unidas ha dictaminado en su última revisión, instando a nuestro país a modificar el art. 3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General [LOREG]. Ley Orgánica que en su aplicación les restringe el acceso a algo tan básico como poder votar. 

   

Se trata de un severo error con más de 32 años de historia en el que, legislatura tras legislatura, nadie ha reparado. ¿Para ningún partido político ni gobierno central ha significado prioritario?

 

Y produce frustración. Parece como si la gestión pública se hubiera reducido a la profesión de la política espectáculo, a la reiteración de consignas inertes frente al sublime debate de la convicción desde la palabra, al mecánico ataque a las propuestas adversarias pese a su posible acierto y la arenga a “unos” desde el acento en la diferencia frente a los “otros”. Se trata de invadir con afectos y rencores contra la lógica y la razón.  

 

Pareciera que la política fuese desde hace unos años la carrera de la perpetuación profesional individual a costa del valor compartido grupal. Y aunque jamás debe generalizarse sin prejuicio de estigmatizar, es como si solo con el empuje de las organizaciones sociales, civiles, de familias afectadas, de opiniones expertas generadoras de opinión y la bisoñez idealista de recién llegados se logran las transformaciones sociales. 

 

El CERMI, como máxima representación organizada de la discapacidad en España, lleva años sensibilizando y convenciendo de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad en sus proyectos vitales. Se trata de entender que la discapacidad es accidental a la persona, por tanto, no afecta a su dignidad. 

 

El año pasado mi partido, Unión del Pueblo Navarro, desde la humildad de dos escaños y con la fuerza de la razón, logró convencer a todos los diputados del Congreso en Madrid para que la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad tuviese rango legislativo. Alzamos la voz de las personas con discapacidad y sus familias. 

  

Esta vez, una más, lideraremos la modificación del artículo 3 de la LOREG, en el seno de la Reforma Electoral de la Comisión Constitucional a la que tengo el honor de pertenecer. A priori, parece que unánimemente avanzaremos en común hacia un nuevo hito en los derechos de las personas con discapacidad.  Es cuestión de creencia, de razón, de empuje, de persuasión y de actitud. Todas las personas con discapacidad podrán votar. 

 

Muchas gracias de corazón a organizaciones como el CERMI, a su presidente Luis Cayo Pérez Bueno y a su equipo de profesionales, a todas las entidades sociales en la búsqueda de los apoyos para lograr una vida autónoma e inclusiva de las personas con discapacidad. 

 

Tal vez lleguemos a redignificar la acción política cuando el mismo porcentaje de personas con discapacidad en la sociedad se refleje en la misma representación de esas personas en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, algunos encontramos el camino para seguir.  

 

Íñigo Alli Martínez, Diputado por Navarra

Portavoz de la Comisión de Discapacidad, de Presupuestos y de la Constitucional