"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
A cada lado, Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y exreclusas en España
Crónica de una reincidencia anunciada
29/01/2021
Blanca Abella
“Se podría decir que lo que describe el estudio es la crónica de una reincidencia anunciada debido al fracaso de todos los sistemas: educativo, sanitario, social, jurídico, penitenciario... Por un lado, la situación de exclusión social previa de la persona, a la que se une la falta de detección de sus necesidades de apoyo una vez cometido el delito, la condena al cumplimiento en establecimientos penitenciarios, las graves dificultades de adaptación al medio penitenciario, la ausencia de utilización de medidas alternativas al ingreso en prisión, el cumplimiento íntegro de las condenas con ausencia de salidas programadas y permisos, las dificultades de adaptación a los programas de tratamiento, consumo de drogas y falta de acceso a programas de desintoxicación, la falta de acceso a programas de formación para el empleo así́ como falta de oportunidades en el momento de retorno a una sociedad que les rechaza y estigmatiza”. (Inés de Araoz, autora del informe y responsable del Área Jurídica de Plena inclusión España)
El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y se realizó durante un año, entrevistando a 367 personas con discapacidad intelectual que están o han estado en prisión en 14 comunidades autónomas y Ceuta. “Contiene datos muy graves que deberían interpelarnos como sociedad”, afirma Inés de Araoz. Evidencia, por un lado, que estas personas proceden en gran medida de entornos de exclusión y junto a su discapacidad intelectual tienen problemas de salud mental o conductas y situaciones de drogodependencia que originan unas necesidades de apoyo extensas y complejas.
Según denuncia Plena inclusión, el actual sistema adolece de procesos específicos de prevención del delito para estas personas, así como de acompañamiento y apoyo durante el procedimiento judicial, el cumplimiento de la pena (con las adaptaciones que son necesarias), y los procesos de reinserción y retorno a la comunidad. Así pues, como asegura la autora del estudio, “esto no es un ‘problema’ de Plena inclusión, es de toda la sociedad, si hay algo que constata el estudio es lo que ya sabíamos, que la comisión del delito no tiene su origen en la presencia de una discapacidad intelectual, sino en situaciones de exclusión social y económica en las que, además, tener una discapacidad intelectual te coloca en una situación todavía más vulnerable”.
Invisibles pero juzgados y condenados
Según explica esta experta, “las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo están en una situación de vulnerabilidad cuando se enfrentan al sistema judicial y/penitenciario y si a la discapacidad intelectual se le añaden otras situaciones como consumo o la presencia de un trastorno de salud mental, esa vulnerabilidad se vuelve extrema y requiere de una intervención transversal e inclusiva”. Una vez en prisión, “la mayor parte de personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos en la convivencia en los módulos para evitar todo tipo de situaciones de abuso, además, suelen sentir incomprensión, soledad y aislamiento”.
Previamente a la comisión del delito, solo un 51% de las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad contaban con un certificado que acreditara su discapacidad, lo que significa que han pasado desapercibidas para todos los sistemas de protección: sanitario, educativo, social, etc. Por eso, tras la elaboración del estudio y a la vista de los datos que arroja, Plena inclusión se plantea iniciar una serie de acciones, pero advierten que “ninguna de estas acciones puede ser realizada únicamente por Plena inclusión, ya que es responsabilidad de las diferentes Administraciones (servicios sociales, educación sanidad, etc.), y no únicamente de Instituciones Penitenciarias, y creemos que de toda la sociedad en su conjunto”, afirma Inés de Araoz.
Desde Plena inclusión, como resultado del estudio, han identificado nuevas líneas estratégicas que es preciso priorizar y poner en marcha, como son: la necesidad de abordar el problema del consumo de tóxico y crear un programa de tratamiento específico para estas personas con discapacidad intelectual; adaptar los contenidos de los cursos de formación para el empleo y promover que acceda el mayor número posible de personas, puesto que únicamente el 16.3% de estas personas acceden a esta formación, pieza clave para evitar la reincidencia y, de manera prioritaria, promover la mayor utilización de penas o medidas alternativas y plantear acciones de intervención en centros de menores, ya que las personas que han pasado por centros de menores tienen mayor probabilidad de ir a prisión y, además, reincidir.
El trabajo de Plena inclusión
El programa se inició en 2 asociaciones de Plena inclusión en 2 centros penitenciarios y ahora mismo participan 14 federaciones y Ceuta. Intervienen en el 77% de los Centros Penitenciarios y en el 50% de los Centros de Inserción Social (CIS), en todas las CCAA excluyendo Melilla, Navarra, País Vasco y Baleares. En 2002 prestaban apoyo a 279 personas y ahora a 1.771 personas reclusas o exreclusas. Según explica Inés de Araoz, "el programa también ha evolucionado en relación a la forma de abordaje, en los inicios nos centrábamos en dar apoyo a las personas reclusas en el centro penitenciario pero actualmente el programa tiene un contenido integral, además de realizar intervención en el recurso penitenciario, interviene preventivamente para evitar la comisión del delito o prestar apoyo a la persona durante el proceso judicial para garantizar sus derechos, y posteriormente al cumplimiento de la condena, acompañando a la persona en su retorno a la comunidad.
Por su parte, Ana Almenara destaca de este programa de Plena inclusión la mejora en los protocolos de detección: “Cada vez es más difícil que una persona con discapacidad intelectual entre en el sistema penal sin ser detectada por los equipos de los centros penitenciarios; esa detección y posterior inclusión en el programa hace que se le puedan prestar los apoyos que necesita, que su calidad de vida dentro de la prisión sea la máxima posible y sus derechos no se vean vulnerados. Cuentan con más oportunidades de tener un plan de vida y cumplir sus metas y objetivos”.
Aunque parece evidente la necesidad de aumentar el esfuerzo y el trabajo en favor de estas personas, el programa de Plena inclusión apenas recibe financiación: "Los apoyos que percibimos son insuficientes y sujetos a la obtención de subvenciones, mayoritariamente procedentes del IRPF, lo que significa que son graciables y condicionados a que existan fondos y se priorice la financiación del programa". Explica la responsable del estudio, que concluye: "No nos parece que exista una voluntad política clara de que se trata de una cuestión de derechos humanos y, por tanto, es prioritario abordarla desde más ángulos que la subvención a una organización sin ánimo de lucro".
Como última esperanza, también confían en un cambio normativo o en una justa aplicación de la norma: “Sería necesario cambiar la normativa, por ejemplo, para garantizar el respeto al derecho a un juicio justo de estas personas, algo que esperamos conseguir alcanzar en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está empezando a tramitar; pero también lograr que se aplique adecuadamente la normativa existente, como por ejemplo, al aplicar de verdad la máxima de que la privación de libertad sea el último recurso porque como el estudio indica en el 90% de los casos la condena fue a una pena privativa de libertad y en el 5% a una medida de seguridad privativa de libertad”, sentencia Inés de Araoz.
(Ilustraciones del propio estudio 'A cada lado')
