Tras consultar a varias organizaciones de la discapacidad que pertenecen al CERMI, la lista de demandas en accesibilidad es larga y variada, pero entre todas ellas señalan dos o tres temas por su trascendencia, o quizás, también, por la insistencia en su incumplimiento, o por la falta de compromiso para poner en marcha los mecanismos de acceso a derechos fundamentales de millones de personas. 

 

 

El plazo legal para que todo entorno, servicio y producto público susceptible de ajustes razonables fuera accesible se agotó el 4 de diciembre de 2017, pero tal y como señalan desde entonces en el CERMI, la realidad demuestra que esto no es así. “En diciembre de 2017 todo debería ser accesible (RDL 1/2013) fue un hito claro, concreto, bien explicado y bien comunicado, sin embargo, a día de hoy no hay ningún avance en este sentido y no parece que se vaya a implantar una estrategia que conduzca a este cumplimiento”, señalan desde Predif, que además, proponen que “esta estrategia se podría construir y desarrollar con la creación del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, propuesta de ley impulsada por el CERMI y que contemplaría la creación de un fondo del 1% de lo que los PGE destinan anualmente a obras públicas, infraestructuras y nuevas tecnologías”.

 

El incumplimiento de la normativa genera un malestar evidente entre el sector de la discapacidad, pues, como expresan en CERMI Comunidad de Madrid, “en 2022 no existe aún una conciencia extendida respecto de la accesibilidad como mejora y derecho de la población general, cualquier persona, en cualquier momento de su vida puede enfrentarse a una barrera, física, sensorial y/o cognitiva”. Desde la CNSE valoran los avances en accesibilidad en nuestro país asegurando que “estamos logrando que la discapacidad se enfoque desde los derechos humanos, que la accesibilidad universal se entienda como un derecho más, como la llave maestra que nos permite el ejercicio pleno de derechos y obligaciones ciudadanas en cualquier ámbito de nuestras vidas”, pero advierten sin embargo que “hoy en día, cumplir con la accesibilidad universal sigue estando supeditado a los recursos económicos que se le destine, incluso a la voluntad de hacerla posible”. 

 

En este sentido, en la CNSE proponen ser exigentes para que se aprueben políticas y normas garantistas “cuyas medidas se vayan desarrollando e implementando sin demoras en los plazos y también proponiendo qué y cómo, porque no se trata solo de exigir sino también de proponer soluciones. Así mismo, continuar tanto a nivel organizativo como individual identificando y denunciando todas las situaciones de discriminación en cuanto a falta de accesibilidad en distintos ámbitos, entornos, servicios y productos”.

 

La exigencia es un término frecuente en los planteamientos que las organizaciones exponen a la hora de hablar de accesibilidad, sin embargo, también existe un espíritu conciliador, muy común en el sector, y así lo exponen en la ONCE: “Tenemos que exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de aquellos aspectos ya regulados, pero también tenemos que llegar a acuerdos con ellas para favorecer avances en la accesibilidad a los entornos y a la tecnología”.

 

Y si se trata de hacer propuestas, también en la CNSE aportan soluciones: “Dado que la accesibilidad universal en muchas ocasiones se debe a la falta de recursos públicos que la sufraguen, incidiremos para que salga adelante nuestra propuesta de reforma legislativa para que los ingresos recaudados en infracciones contra los derechos de las personas con discapacidad se destinen a lograr la accesibilidad universal”.

 

Desde Cocemfe se ofrecen soluciones a este incumplimiento, al igual que otras organizaciones, y apunta la idea de “crear un sistema de control y seguimiento de sanciones, que además sea ágil y eficaz; habida cuenta de que la mayoría de los responsables de la falta de accesibilidad son de la propia administración, en su mayoría de ámbito local (ayuntamientos y diputaciones)”. Insiste en que ese plazo que se agotó el 4 de diciembre de 2017 para la accesibilidad de espacios, productos y servicios públicos no se respeta ni en los edificios públicos ni en los espacios educativos ni en el transporte.

 

 

Cuando se trata de reformar una legislación o aprobar una nueva, también hay una larga lista de reclamaciones del sector de la discapacidad, quizás la más habitual desde hace ya muchos años sea la que aspira a convertir la Ley de Propiedad Horizontal en una norma accesible de verdad. Así explican en Cocemfe las claves de esta eterna demanda: “La modificación de la Ley de propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad en todos los edificios de viviendas donde vivan o trabajen personas con movilidad reducida. Actualmente si el importe supera las 12 mensualidades se necesita el voto favorable de la mayoría de la comunidad vecinal, lo cual, debería eliminarse, ya que consideramos que va en contra del derecho a la movilidad de las personas con movilidad reducida”. 

 

El CERMI y las organizaciones que lo conforman apoyan esta petición de manera constante, como lo expresa Predif, reclamando que “ninguna persona se queda atrapada en su vivienda”, o la CNSE, que manifiesta su interés en “seguir trabajando también para que la futura ley de vivienda aborde la tan necesaria reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que la accesibilidad universal de los elementos comunes de los inmuebles quede garantizada”. 

 

Y en cuanto a nueva normativa, cabe destacar una reciente ley que se aprobó hace apenas unos días, se trata de la Ley de Accesibilidad Cognitiva. En este punto, Confederación Autismo España señala una serie de demandas esenciales para las personas con TEA (Trastornos del Espectro del Autismo): “El uso y disfrute delos entornos, bienes, productos y servicios de forma autónoma; la necesidad de modificaciones ambientales que tengan en cuenta las diferencias en el procesamiento sensorial de las personas, evitando la sobreestimulación sensorial y la especial adaptación que requieren algunos entornos, como los sanitarios, para garantizar la accesibilidad cognitiva”.

 

En relación directa con la accesibilidad cognitiva, y en general cualquier tipo de accesibilidad, Autismo España hace referencia a la creciente digitalización de procesos y servicios, con lo que implica esta revolución continua y las numerosas barreras que arrastra, provocando una brecha digital y una discriminación cotidiana. En la CNSE, y en otras entidades, afirman también que es necesario “seguir trabajando para que la digitalización de nuestra sociedad no deje a las personas con discapacidad atrás”. 

 

Los nuevos retos de la movilidad y la planificación urbana preocupan al sector de la discapacidad en general por los problemas de accesibilidad que no se resuelven a priori. En Cocemfe expresan este temor enumerando ejemplos, como son los vehículos de movilidad personal, patinetes, ocupación de espacio público, peatonalizaciones… También en la ONCE señalan como prioridad “el desplazamiento con seguridad en los entornos urbanos y en los transportes públicos”, aunque explican que en algunos temas “hay normativa suficiente para exigir su cumplimiento, pero en muchos casos no se cumplen o solo se hace de manera parcial; por ejemplo, en la ciudad de Madrid hay una buena regulación del aparcamiento de VTC en la vía pública pero no se hace cumplir y por tanto carece en muchas ocasiones de eficacia”.

 

Fiapas hace especial hincapié en la accesibilidad y el acceso a la información y la comunicación, sobre todo en situaciones de emergencia, y la imprescindible regulación del número de emergencias 112. Son temas que también preocupan a la CNSE, que señala que todavía “está pendiente de aprobación el reglamento que desarrolla le Ley 27/2007 por la que se reconoce la Lengua de Signos y se regulan los medios de apoyo a la Comunicación Oral”. Ambas entidades también se refieren a otra cuestión fundamental para todo el sector de la discapacidad, como señala Fiapas: “Que se reduzcan los plazos para hacer efectivos los mandatos de la Directiva de la UE de accesibilidad a productos y servicios”.

 

Cocemfe reclama que los fondos europeos que están por venir pueden ser una oportunidad para rehabilitar viviendas, “no solamente con el enfoque de eficiencia energética… de hecho abordar la mejora de las condiciones de habitabilidad y de accesibilidad es una premisa de origen del propio Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se debe tener presente”. Insiste, al igual que otras organizaciones, en la importancia de contemplar ya la accesibilidad en el ámbito de la salud y en el medio rural.

 

Autismo España denuncia que la Estrategia Española en TEA se aprobó en 2015 y siete años después, el desarrollo del plan de acción, que debe recoger también medidas de accesibilidad, está paralizado. En Predif advierten de la importancia de la figura del asistente personal dentro del SAAD como un evidente avance en el acceso universal y reclaman más avances en la accesibilidad al turismo y ocio inclusivo, sobre todo en las web de reservas. Y en CERMI Comunidad de Madrid explican que “una de las normas a aprobar en los próximos años deberá ser una Ley autonómica de derechos, no discriminación e inclusión social de las Personas con Discapacidad, que deberá establecer, en su cuerpo normativo, un régimen de infracciones y sanciones en la Comunidad de Madrid, complementario del estatal”.