“CERMIN llevaba muchos años pidiendo que se realizase este estudio y finalmente hemos conseguido implicar al Parlamento y la UPNA para poder llevarlo a cabo”, afirma Mari Luz Sanz, presidenta de CERMIN. Su papel al frente del sector de la discapacidad navarro “ha sido dar la perspectiva de las personas con discapacidad y su visón para que se tenga en cuenta al elaborar la nueva ley, que lo que en ella ponga no se quede en papel mojado, sino que se cumpla y que la normativa se desarrolle lo antes posible para que el derecho sea real y efectivo”. 

 

“Tal y como se constata del análisis legislativo resultante del informe, la discapacidad en Navarra responde, a excepción del ámbito referido a la accesibilidad, a un tratamiento de dispersión normativa”, expresa Mikel Lizarraga, profesor e investigador de la UPNA y coordinador del informe. No obstante, añade este experto: “En términos generales, cabe hacer una valoración positiva de la normativa actual sobre discapacidad, entre la que cabe destacar la Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal de Navarra, la Ley Foral 1/2019 de Derechos Culturales de Navarra o, entre otras, la modificación y actualización llevada a cabo en la Compilación de Derecho Civil de Navarra, o Fuero Nuevo, que se ha aprovechado para adaptarla a la CIDPD”. 

 

Por su parte, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, asegura que “no partimos de una mala situación en un análisis comparado con el resto de CCAA, pero es evidente que también en Navarra queda mucho trabajo por hacer, de ahí que acogiéramos la propuesta que nos realizó CERMIN”. 

 

 

Una vez abordado el conjunto de la legislación foral con incidencia en las personas con discapacidad, “en el informe se incluye para cada una de las leyes forales, y demás normativa foral analizada, una conclusión sobre su adecuación a la CIDPD y, en su caso, las propuestas de modificación que son necesarias para su adaptación a la CIDPD”, explica Mikel Lizarraga. La principal propuesta del informe “se concreta con una orientación final que consiste en la conveniencia de promulgar una ley foral de garantías de los derechos de las personas con discapacidad”, añade. 

 

Así lo entiende también el presidente del Parlamento navarro, que expresa la dificultad de hablar de propuestas concretas, “porque se trata de asumir un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad e ir implementándolo en los diferentes ámbitos sectoriales a través de la legislación. Y, además de los cambios normativos que eso pueda implicar a varias Leyes Forales, esto afecta también a desarrollos reglamentarios y se contempla, como propuesta específica, trabajar una Ley marco de garantías de los derechos de las personas con discapacidad”. 

 

La elaboración de una Ley Foral de garantías de los derechos de las personas con discapacidad tendría varias ventajas, según explica Lizarraga. En primer lugar, “favorecer el conocimiento del régimen jurídico aplicable, tanto a las propias personas con discapacidad como al conjunto de la ciudadanía, lo que otorgaría un claro reconocimiento de su situación, elemento fundamental para promover la sensibilización y conciencia social, tal y como preceptúa la CIDPD”. Por otro lado, también “favorecería la coordinación de todas las actuaciones a desarrollar por los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra y demás entes públicos, al actuar bajo las directrices de unos principios y objetivos comunes”.

 

La comunidad navarra ha sido pionera en legislación sobre discapacidad en muchas ocasiones, “pero al estar tan dispersa, a veces resulta más difícil cumplirla, por eso el paso de lograr que todo este recogido en una misma ley, y no dispersa en mucha, va a facilitar a todos los agentes implicados su conocimiento y cumplimiento”, asegura con esperanza Mari Luz Sanz.

 

En cualquier caso, la decisión final vendrá de la mano de los grupos parlamentarios, “quienes deberán valorarlo a la luz del informe”, señala Unai Hualde. Explica también que el principal objetivo de este trabajo es “darle a la discapacidad una identidad jurídica propia, mediante un tratamiento concentrado e integral de los derechos de las personas con discapacidad tal y como está recogido en la Convención Internacional”. Sin embargo, entiende que no pueden abstraerse de la actual situación generada por la pandemia, en la que “han salido a la luz carencias que quizá hasta ahora no se tenían tan en cuenta en muchos ámbitos y también en el de las personas con mayor vulnerabilidad; las personas con discapacidad han sufrido mucho más las consecuencias de la crisis sanitaria y, de hecho, a pesar de pertenecer a colectivos vulnerables no se les ha vacunado antes, sino que han debido esperar a su franja de edad, aspecto que en el propio Parlamento de Navarra ha generado debate”. 

 

 

Ahora queda esperar y confiar en que los tiempos de decisión no se alarguen demasiado. Desde el CERMIN explican que “todo dependerá de la prisa que se quiera dar el Gobierno en realizarlo; nosotros creemos, y vamos a trabajar para ello, que debería de realizarse en esta legislatura… y solo nos quedan dos años; si queremos que esto ocurra, debería empezarse como tarde a finales de este año, y vamos a pelear para que así sea”.

 

El presidente del Parlamento afirma no sentirse capaz de hablar de plazos, “pero sí que tenemos que articular mecanismos para que no sea un estudio en un cajón y se tengan en cuenta sus conclusiones a la hora de elaborar los planes de acción normativa del Gobierno Foral al Parlamento en los próximos ejercicios”. No obstante, señala: “Al menos hasta ahora, en todo lo relacionado con el informe y el Convenio con CERMIN y la UPNA, todos los grupos parlamentarios han trabajado y ha habido unanimidad en las decisiones”.

 

Algo similar opina Mikel Lizarraga, quien hace referencia a “la gran acogida que ha tenido el informe por parte del Parlamento de Navarra”. Explica además este experto, que en las comunidades autónomas “existe una tendencia general a evolucionar de un régimen de dispersión y fragmentación de la regulación de la discapacidad, a un sistema de ley marco que establezca una serie de medidas de igualdad de oportunidades, fomento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad con carácter general para todos los ámbitos”. El ejemplo de Cantabria, que elaboró un informe similar ya en 2015, ha servido de “inmejorable referencia”, según Lizarraga, que agradece “la ayuda prestada a la profesora María Olga Sánchez Martínez y el profesor José Ignacio Solar Cayó, de la Universidad de Cantabria, autores de dicho informe”. 

 

También para Mari Luz Sanz la experiencia de Cantabria ha sido “muy valiosa”, pues “nos ha permitido ser más eficaces a la hora de plantear el estudio ya que ellos nos trasmitieron su experiencia, cosa que agradecemos enormemente”. Desde el Parlamento, Unai Hualde asegura que su ejemplo ha sido de gran ayuda, “no obstante, en Navarra tenemos una realidad propia con una legislación foral que había hecho ya camino en muchos ámbitos”.

 

El grupo de trabajo encargado de elaborar el informe, que ha sido publicado por el CERMI en su colección Convención ONU, ha estado compuesto por las siguientes personas: Carmen Burgui, directora técnica del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN), Manuel Arellano, vicepresidente de CERMIN Navarra y presidente de Cocemfe Navarra, Belén López, directora del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa; Roberto García, jefe de la sección de coordinación del servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa; Javier Miranda, presidente de Fundación Caja Navarra y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad; Isabel Urzainqui, abogada y experta en discapacidad, además de Roldán Jimeno, Mikel Lizarraga y Begoña Pérez (UPNA).