"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
A partir del informe de Fundación ONCE y CERMI sobre el taxi accesible en España de diciembre de 2017
Bandera bajada – Ciudades españolas que incumplen la cuota mínima de taxis accesibles
09/03/2018
Beatriz Sancho
Casi todos los usuarios y las usuarias de taxis saben lo que es la bajada de bandera, pero no todos ni todas saben que hay taxistas que por negocio, por ser empresarios, evitan a veces, conscientemente, coger como pasajeros a personas con discapacidad porque, aun siendo accesibles sus vehículos, les sale más rentable llevar a un grupo de turistas y realizar carreras más largas. Sin embargo, los taxistas tienen que dejar de arriar las banderas de los taxis adaptados a conveniencia, e izarlas empáticos, solidarios, justos hacia las personas con discapacidad para darles el servicio que merecen por derecho propio. De otro modo, habrá que seguir reivindicando, denunciando desde el movimiento asociativo, pero, mejor aún, a nivel individual. Denuncien todos y todas, para avanzar raudos.
Es consabido, o debiera serlo, que desde el día 4 de diciembre de 2017, por mandato legal, todos los productos, bienes y servicios deben ser accesibles, incurriendo en infracción administrativa los titulares de los mismos en los que se produzcan incumplimientos. Como consecuencia de uno de esos incumplimientos, de manos del CERMI y de la Fundación ONCE, nace el informe de resultados 'Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes', que se realizó a un mes de finalizar el plazo legal para contar con el número de taxis marcado en el Real Decreto 1544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
"Este informe no fue el primero", recuerda la representante del CERMI, hubo uno anterior y similar, el de 2014 "y al compararlos se constata que, aunque con ligeras mejoras, el porcentaje de municipios en los que no se cumple la ley sigue siendo muy alto, e incluso hay algunos en los que no hay ningún taxi accesible". "Lo más duro", dice Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, apuntalando esta última afirmación de Fefa Álvarez, y confirmándola con datos del último estudio, "es que hay cinco ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes que no tienen ni siquiera un taxi accesible”, hecho que, como concluye el estudio, resulta "dramático" y precariza las posibilidades de desplazarse de las personas con discapacidad en dichos municipios.
Para el representante de Fundación ONCE llama la atención que cuatro sean de la Comunidad Valenciana: de Alicante dos, y de Valencia dos. “El quinto ayuntamiento es el de Torrelavega", remata Hernández, quien además saca a colación la irrisoria presencia de un único taxi en alguno de los ayuntamientos analizados y que él califica de "presencia meramente simbólica”.
Para el representante de Fundación ONCE llama la atención que cuatro sean de la Comunidad Valenciana: de Alicante dos, y de Valencia dos. “El quinto ayuntamiento es el de Torrelavega", remata Hernández, quien además saca a colación la irrisoria presencia de un único taxi en alguno de los ayuntamientos analizados y que él califica de "presencia meramente simbólica”.
“El porcentaje de municipios en los que no se cumple la ley sigue siendo muy alto, e incluso hay algunos en los que no hay ningún taxi accesible"
Tres años han pasado entre un estudio y otro (2014-2017) para constatar: que sigue habiendo dificultades para obtener la información del número de licencias de Eurotaxi en los distintos ayuntamientos; que en algunos desconocen la normativa y la cuota que debían alcanzar antes del 4 de diciembre de 2017, así como el "secretismo" de algunos consistorios cuando, según el CERMI y Fundación ONCE, "el número de taxis accesibles es un dato que no compromete la seguridad, y que debería de estar a disposición del ciudadano".
Tanto a CERMI como a la Fundación ONCE, lo que pretenden obviamente con este trabajo conjunto es: "Denunciar el incumplimiento tan flagrante que están realizando los municipios respecto a la accesibilidad de sus taxis". Y es que hay un porcentaje altísimo, el 63 por ciento de municipios españoles con más de 50.000 habitantes que lo incumplen o lo que es lo mismo, y según subraya el experto de Fundación ONCE: "Solo el 27 por ciento de los municipios superan el mínimo del cinco por ciento de taxis adaptados sobre el total de su flota de taxis".
"Solo el 27 por ciento de los municipios superan el mínimo del cinco por ciento de taxis adaptados sobre el total de su flota de taxis"
Este es el fatídico diagnóstico ha sido extraído del informe realizado por las dos entidades estatales que, además de comparar la situación actual con la que había en 2014 y cotejar si se han desarrollado o no las medidas planteadas antaño, sirve para refrescar a las mientes correspondientes el artículo del Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, y que reza: "si no se cubre el citado porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan que su autotaxi sea accesible".
Ante el injusto panorama que dibuja el 'Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes', la presidenta de la Comisión de Accesibilidad del CERMI, Concha Díaz, declara que: "Los municipios que conforman ese 63% se sitúan en la ilegalidad", y recuerda que "la accesibilidad universal, en este caso la obligación de disponer de un 5% como mínimo de taxis accesibles en los distintos municipios, es un presupuesto básico previo para que las personas con movilidad reducida puedan ejercer sus derechos y libertades".
"Detrás de cada vulneración de derechos hay personas que sufren, que están viendo vulnerado, una y otra vez, sus derechos a moverse para realizar toda suerte de actividades cotidianas"
Además, la también presidenta de la CNSE insiste en recordar desde 'cermi.es semanal' que no se nos puede "olvidar" que: "Detrás de cada vulneración de derechos hay personas que sufren. Cada día que pasa, ahora mismo mientras leemos esta entrevista, numerosas personas con discapacidad, gente común y corriente con proyectos de vida, con obligaciones, con ilusiones, etc., está viendo vulnerado, una y otra vez, su derecho a moverse para realizar toda suerte de actividades cotidianas".
"En lo que se refiere a la accesibilidad universal, incumplir la ley supone atentar contra la autonomía y libertad de las personas con discapacidad, y ejercer violencia contra todas ellas"
ACCESIBILIDAD TRANSVERSAL
En esta misma línea, entre otros objetivos de justicia a los que sirve este informe, además de actualizar los datos disponibles respecto a taxis adaptados en municipios de más de 50.000 habitantes, está uno fundamental, el de aclarar y concienciar a los políticos, a la Administración, a la sociedad en general que: "La accesibilidad universal es un elemento transversal que garantiza una serie de derechos a las personas con discapacidad", pero que estos derechos exceden de largo a su aplicación en un ámbito concreto como es el del transporte público.
Porque los taxis adaptados, según se recoge en el documento: "Además de propiciar un servicio de transporte seguro, cómodo y digno, también facilita la inclusión social plena de muchas personas con discapacidad en ámbitos fundamentales como el educativo, el laboral, el sanitario, el de la cultura y el ocio, etc.". "En lo que se refiere a la accesibilidad universal, incumplir la ley supone atentar contra la autonomía y libertad de las personas con discapacidad", sentencia Concha Díaz. "Y cuando se atenta contra nuestra libertad, cuando se nos impide acceder a nuestros derechos", avisa: "Se está ejerciendo violencia contra todas las personas con discapacidad.
"La accesibilidad universal es un elemento transversal que garantiza una serie de derechos a las personas con discapacidad, pero que estos derechos exceden de largo a su aplicación en un ámbito concreto como es el del transporte público”
Como dato positivo recogido en el informe que nos ocupa el que, sin esfuerzo por su actitud vital, pero sin obscurecer tampoco la cruda realidad de nuestro sector poblacional con movilidad reducida, se empeña en ver Concha Díaz, que: "Ese 37 % de los municipios localizados que cumplen la normativa superan el mínimo legal", y que, además, "Si comparamos la evolución desde 2014 hasta 2017, observamos que han aumentado en un 9,6 por ciento los municipios con una flota de taxis accesibles que se ajustan a la normativa". Aun con esa ánimo positivo, la presidenta de la Comisión de Accesibilidad del CERMI no deja de ver con extrema claridad también que: "Esto no cambia el hecho de que en casi la mitad de los municipios no se estén poniendo en marcha medidas para incentivar el taxi accesible y que, lamentablemente, estemos muy lejos de que se cumpla la ley".
Entre los datos obtenidos en el informe, Jesús Hernández acusa de "terrible" al hecho de que "aún un 63 por ciento de ayuntamientos incumplan la norma", es decir, que no hayan alcanzado la cuota mínima de taxis accesibles en su flota. También el informe pone el foco, en relación a los datos obtenidos, en lo "alarmante" que resulta que la Comunidad de Madrid y Cataluña tengan los porcentajes mínimos en "municipios cumplidores del 5 por ciento de Eurotaxis" porque concentran al 14 y 16 por ciento de la población respectivamente, del mismo modo que Madrid y Barcelona, por tratarse de las dos ciudades con más población de España.
En este mismo sentido, el informe subrayó que "casi la mitad de los municipios no estaba poniendo medidas para incentivar el taxi accesible, pese no alcanzar la cuota fijada por el Real Decreto de 2007 cuando faltaba un mes" -recordemos que el estudio se publicó el pasado mes de noviembre-, y que se halló una "falta de interés en convertir las licencias convencionales en accesibles por parte de los titulares de estas", ante lo que vaticinaba el trabajo que: "Si no se crean licencias nuevas y se incentiva de forma más potente el Eurotaxi será difícil alcanzar el porcentaje mínimo en un futuro próximo".
"Si no se crean licencias nuevas y se incentiva de forma más potente el Eurotaxi será difícil alcanzar el porcentaje mínimo en un futuro próximo"
Desde la perspectiva de Fefa Álvarez han estado esperando diez años: los que van de 2007, año de aprobación del decreto citado, al 2017, año de finalización del plazo para cumplirlo, una década esperando y trabajando para conseguir algo "tan aparentemente lógico" como: "Un servicio público de transporte que pueda ser utilizado por cualquier persona". Según la representante de accesibilidad del CERMI durante muchos años, para más inri, se contó con convenios que aportaban dinero a los municipios para adaptar los taxis y que fueran accesibles como el que sostuvieron Imserso o la Fundación ONCE y, en algunos momentos, incluso con fondos europeos. "Han pasado ya más de diez años desde que se aprobó el Real Decreto 1544/2007", apuntala Concha Díaz a su compañera, "tiempo más que suficiente para que todos los municipios hicieran sus deberes"-
“Llevamos una década esperando y trabajando para conseguir algo tan aparentemente lógico como un servicio público de transporte que pueda ser utilizado por cualquier persona"
"¿Acaso no son realmente suficientes diez años para lograr que se cumpla una ley?", lanza la pregunta quizás al consciente colectivo, a la jurisprudencia española, a la justicia universal Fefa Álvarez, una activista que afirma que cuando se trata de la vulneración de los derechos de muchas personas, "incluso aunque fuera de una, tendríamos que estar haciendo lo posible para evitarlo todos".
DENUNCIAR ES AVANZAR
“Denunciar era y es un camino a emprender ante los incumplimientos legales”, anima Álvarez. “Debería secundarse la actuación del CERMI y repetir las denuncias en todos los municipios en donde no haya suficientes taxis accesibles”. “También las personas que nos encontramos con dificultades derivadas de esa carencia –precios más altos, tiempos de espera prolongados, imposibilidad del servicio ante necesidades imprevistas, etc.- deberíamos denunciar para ir dejando constancia de nuestra realidad”.
También el informe de 'Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes' se sumó como apoyo a esta doble denuncia del CERMI para que se sepa con exactitud el grado de cumplimiento de cada uno de los Ayuntamientos con nombre propio obligados por la normativa estatal.
Y es que la denuncias, muchas veces, traen sus recompensas, y al hilo de la accesibilidad universal, precisamente, 20 de febrero para más datos, veíamos en la prensa como el Defensor del Pueblo apoyaba la denuncia del año pasado del CERMI en la que reivindicaba la obligatoriedad de un mínimo de vehículos con conductor (VTC) accesibles. El Defensor del Pueblo, en esta ocasión, manifestó que se debe exigir un mínimo legal de accesibilidad para usuarios con movilidad reducida a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor.
Para justificar este apoyo argumentó que: “Las obligaciones en materia de accesibilidad en el ámbito del transporte no son exclusivas de los servicios públicos", así como que: "La naturaleza pública o privada del servicio no es lo que determina la necesidad de normas de accesibilidad, sino que el criterio determinante es el uso público o privado de esta actividad”.
Hernández, por su parte, afirma que "denunciar es avanzar" y de ahí que subraye con énfasis la falta de denuncias a nivel individual, y la importancia de que los ayuntamientos tomen conciencia de que no cumplir con esta ley es impedir disfrutar a las personas con limitaciones de movilidad de un derecho fundamental como es el de la libertad de desplazamiento, así como que los consistorios tienen que la obligación de trabajar en esta línea.
“La responsabilidad es de muchos. El movimiento asociativo de la discapacidad, en primer lugar, debe asumir esa responsabilidad en la denuncia. El CERMI lo está haciendo, pero hay muchas personas con discapacidad a título individual que no denuncian", critica Hernández. “Las organizaciones que nos representan lo hacen. Nosotros individualmente no lo hacemos. Cuanto más ruido hagamos con denuncias cada usuario, cada usuaria más avanzaremos y más conseguiremos”.
"Cuanto más ruido hagamos con denuncias cada usuario, cada usuaria más avanzaremos y más conseguiremos”
DOBLE MALA PRAXIS
Dos son los temas principales que el experto en accesibilidad de Fundación ONCE quiere denunciar en ‘cermi.es semanal’. Por un lado, la mala praxis en las soluciones de accesibilidad de los vehículos y, por otro, la mala praxis en los servicios. “Me refiero a que empiezan a aparecer taxis que no cumplen con la normativa de accesibilidad establecida en la norma UNE que regula cómo debe de ser un taxi accesible. Y esto ocurre porque es más barato tener una furgoneta que tenga una rampa que no cumpla con los criterios de seguridad. Es decir, una rampa de quita y pon, y no invertir en los sistemas de anclaje y cinturón de seguridad; o si los tienes, no ponerlos porque o tiene muy poco espacio y le resulta incómodo ponerlos al taxista, o porque tiene algún elemento como puede ser la bancada de asientos trasera que dificulta el poder ponerlo”. “Todo tiene que ver siempre con la parte económica”, deduce Hernández, “siempre es más barato hacer una mala adaptación”.
“Todo tiene que ver siempre con la parte económica. Siempre es más barato hacer una mala adaptación”
Las esperanzas del experto de Fundación ONCE no son nada halagüeñas respecto a la toma de conciencia por parte de los taxistas. “No creo que consigamos sensibilizarles nunca porque los taxistas son empresarios, ellos van a la rentabilidad de su negocio. Lo que habría que hacer es obligar a las ITV a que solo autoricen el funcionamiento de un taxi siempre que cumplan de forma estricta la norma UNE, que va recogida en el Real Decreto que regula el transporte accesible.
Respecto a la mala praxis en los servicios, la otra denuncia que Hernández pone sobre la mesa, refiere que: “Se están utilizando taxis accesibles primando el servicio turístico y dejando en segundo plano a los usuarios de silla de ruedas y, además, en unas condiciones que no son ni confortables, ni seguras para estas personas con discapacidad”.
“Se están utilizando taxis accesibles primando el servicio turístico y dejando en segundo plano a los usuarios de silla de ruedas. Están utilizando taxis accesibles, que son vehículos grandes, de nueve plazas, para dar servicios turísticos”
Un ejemplo que el experto en accesibilidad da para ilustrar esto es la estación Málaga: "Un taxista con un vehículo adaptado de 9 plazas, ¿a quién coge antes a un usuario de silla de ruedas que va a la ciudad de Málaga o a seis personas con maletas que van a Marbella? Coge antes a los turistas porque la carrera es más larga y le queda más dinero”, asegura Hernández. “Es mucho más rentable la carrera turística de largo recorrido”, manifiesta, “que las que realizan muchas personas con discapacidad de corto recogido”. Y esto, según la misma fuente, debe estar controlado por el Ayuntamiento, ya que es "el responsable de todo el transporte que se ofrece en su municipio”.
Lo que nos encontramos, y ya estamos a marzo de 2018, es con una norma que no se cumple y que obligaba a 4 de diciembre de 2017 a que todos los productos, bienes y servicios sean accesibles. “No se ha cumplido y por eso hemos realizado este estudio exhaustivo de lo que está ocurriendo, ofreciendo datos reales, sin error, de los Ayuntamientos”, censura Hernández. “Nos mueve ayudar a las personas con discapacidad a que vean cuál es la situación de su municipio, y también a los propios taxistas a tomar conciencia de la situación”.
Asegura también que el motivo por el que no se cumple con la legislación referente a la accesibilidad universal de productos, bienes y servicios, y también en este caso concreto de los taxis: “Es, claramente, económico. El problema está ahí, sin evolucionar. Hay muchos taxistas que no quieren trabajar en el ámbito del taxi accesible. Y aquellos que están con dudas también se retrotaen por la parte económica”, lamenta el trabajador de Fundación ONCE. “Existen incentivos en algunos ayuntamientos de algunas CCAA, pero no en todas”.
REMEDIOS PARA LOS MALES
"Nuestra mejor defensa es la misma ley", propone la presidenta de la Comisión de Accesibilidad del CERMI como una de las soluciones para conseguir que se respete el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad más allá de que esté contemplado en una norma que no se cumple. "Tanto individual como colectivamente tendremos que recurrir, cada vez más, a demandas no solo públicas, ante los medios, sino también judiciales y administrativas, como ya se está haciendo", continua la dirigente de la CNSE, quien apuesta por la creación de una cultura de la denuncia y de la accesibilidad universal.
"Hay que crear una cultura de la denuncia y de la accesibilidad universal"
La cultura de denuncia hay que realizarla, a criterio de la dirigente de la Fundación CNSE, desde las propias organizaciones de la discapacidad porque "es importante que capacitemos a las personas en la defensa de sus derechos con la puesta en marcha de cursos de autodefensa legal y jurídica, y mediante las guías de autodefensa de derechos que ya están a disposición de las personas con discapacidad".
En lo relativo a la accesibilidad universal, según Concha Díaz, muchas veces son las mismas administraciones públicas las que "desconocen las leyes a las que están sujetas. ¿Cuántas veces nos han dicho que es que son pocas personas las usuarias de tal o cual producto o servicio y que no compensa, y eso a pesar de reiterarles su obligación de hacerlo accesible y hacerlo bien?".
Por ello, esta activista del movimiento de la discapacidad reclama que: "Hay que seguir concienciando, educando tanto en el ámbito público como en general, a toda la sociedad", ya que "no se trata ya de un favor, ni es cuestión de voluntad, y que tanto da si somos uno o un millón: la accesibilidad universal es una obligación que tiene la Administración y la sociedad porque nuestros derechos están amparados por la mismísima legislación".
El mismo informe aconseja laborar, labrar y mejorar la opinión pública sobre el Eurotaxi para que se entienda que "es útil para la mayoría de las personas, como por ejemplo, el desplazamiento en grupo o familias de cinco componentes o más", puesto que este tipo de clientela tendría que dividirse en dos vehículos suponiendo un sobrecoste y haciendo que terminen optando por otro medio de transporte más barato.
Como se ve: no habrá sido por la falta de tiempo, ni de propuestas por parte de diferentes entidades para que el 4 de diciembre de 2017 todos los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes hubieran conseguido cumplir con la ley logrando, como poco, que al menos el cinco por ciento de su flota de taxis fueran adaptados, accesibles, para todos. La finalidad (entorpecida siempre por lo económico y la falta de voluntad, de consciencia y solidaridad) muy simple, muy justa: garantizar el uso de este medio de transporte a las personas con movilidad reducida. Porque no hacerlo significa que todos esos consistorios españoles (63 por ciento de los analizados en el informe) están discriminando y excluyendo el derecho fundamental a la libertad de desplazamiento de todas ellas.
Si esta es la realidad, como se menta al final este etudio, en los municipios de más de 50.000 habitantes, en los entornos rurales donde la oferta en transporte público es mucho menor, la situación de muchas personas con discapacidad, sin duda, puede que sea ya, que esté siendo cada momento, como poco: "límite". Cumplan, por favor. Cumplan la ley.
