Según Pepa Torres, responsable de la Comisión de Empleo del CERMI, los últimos datos publicados por el INE (correspondiente al año 2017) “indican que nuestra reivindicación por una nueva ley de inclusión laboral de personas con discapacidad es absolutamente necesaria”.  A su juicio, se podría hacer una valoración negativa sobre las actuales políticas de empleo, sin embargo, se pregunta qué ocurriría si no se impulsasen esas medidas. 

 

Algo parecido opina Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, que considera necesario “introducir cambios y enfoques más ambiciosos”. Sin embargo, apunta también el importante papel que juegan las empresas, a las que pide un mayor compromiso, ya que “no se puede esperar que todo lo resuelva la Administración con un marco legislativo”. 

 

 

Según la última encuesta del INE, en 2017 la tasa de actividad de las personas con discapacidad fue del 35% (dos décimas menos que en 2016), lo que la sitúa más de 42 puntos por debajo de la de la población sin discapacidad. Dicha tasa ha variado muy poco en los últimos tiempos, como comenta Pepa Torres: “La tasa de actividad ha bajado algo, muy poquito, un 0,2, y esa bajada no es significativa, lo que es destacable es que siga siendo tan alta y que la diferencia en puntos entre personas con y sin discapacidad sea siempre la misma”.

 

“La tasa de actividad es uno de los temas que se visibiliza como más preocupante y es que desde el año 2014, que tenemos una serie histórica con la misma metodología, se ha bajado tres puntos, del 38 al 35, y eso es muy negativo porque refleja una pérdida de expectativas de empleabilidad por parte del colectivo”, explica Sabina Lobato.

 

Ante este panorama, entre las cuestiones sobre el empleo de las personas con discapacidad que deben analizarse, según Lobato, se encuentra el tema de las prestaciones o los protocolos por parte de las empresas cuando sobreviene una discapacidad, teniendo en cuenta que el 60% de las discapacidades son sobrevenidas: “Hay que intentar que el marco legislativo permita agotar todas las posibilidades de que la persona permanezca en el empleo, más allá de que tenga que superar un proceso de recuperación médica, etc.”, apunta. Pero además, insiste en que en muchos casos, “cuando la persona adquiere una discapacidad y cobra una pensión, el empleo no forma parte de su horizonte porque dar ese paso, el esfuerzo para reciclarse o trabajar en su anterior empleo no les compensa, por eso hay que hablar mucho del tema de la compatibilidad de la pensión y el salario”. 

 

En esta cuestión, Pepa Torres habla también de oportunidades y motivación: “Buscar un empleo, dar ese paso, se consigue cuando la gente ve que hay oportunidades y puede tener una continuidad en el mercado de trabajo, cuando lo ven factible y se toman medidas, como puede ser la de compaginar empleo y prestaciones; se ha avanzado algo pero no es suficiente y sería un revulsivo que la nueva ley de inclusión laboral ponga el foco en esa activación”. 

 

 

La “sensación agridulce” que conserva Sabina Lobato tras conocer los datos del INE se mantiene en su memoria sobre todo cuando habla de la tasa de empleo: “Es verdad que en una primera aproximación se ve que se va avanzando, incluso en los peores años de la crisis el empleo ha crecido en personas con discapacidad, hasta en cifras de dos dígitos, pero si rascamos un poco se ve que se ha crecido, pero menos que la población general”. Por ejemplo, añade: “La tasa de empleo en jóvenes es una foto dramática”, y a su juicio exige una actuación urgente y muy específica.

 

La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 25,9% en 2017 (64,4% para las personas sin discapacidad), con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2016. Mientras las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (58,1%), las personas con enfermedad mental obtienen las menores (31,1%).

 

Afirma Pepa Torres que le preocupa mucho la tasa de empleo, porque señala: “Está subiendo un poquito pero estamos en un 26% y el resto de la población un 64%; es mucha diferencia, mucha, y demuestra que vamos muy, muy despacito”. 

 

Ya son muchos años, relata Sabina Lobato, los que llevan reclamando en el sector de la discapacidad una revisión a fondo del modelo de empleo: “Una nueva ley de empleo para las personas con discapacidad con muchos palos que tocar, ya que hay que ver hasta qué punto el sistema de cuotas es efectivo, si debe aplicarse a todas las empresas, teniendo en cuenta la demografía de empresas en España, porque la cuota afecta solo a empresas de 50 trabajadores o más; y hay que ver dónde nos ha llevado toda la legislación relativa al cumplimiento de la cuota y las medidas alternativas, y si realmente las empresas se lo toman como un tema transitorio y avanzan en la contratación o no”. 

 

Tal y como está el mercado de trabajo en general, según Pepa Torres, tampoco podemos esperar un cambio de cinco puntos favorables en un año, sin embargo, asegura: “Hay que dar un nuevo impulso porque todo va muy despacio”.

 

Sabina Lobato insiste en la necesidad de un mayor compromiso de las empresas, “de las que ya están convencidas, para que aborden lo más difícil, que den un paso más y apuestan por los colectivos que tienen más difícil el acceso al empleo, y el resto, los que no están implicados ni obligados, que den este paso y que apuesten”.