"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Informe de la Defensora del Pueblo 2015
Las denuncias de la discapacidad ante la Defensora del Pueblo
El año pasado fueron 437 actuaciones directamente vinculadas con el mundo de la discapacidad
09/09/2016
Blanca Abella
“La discapacidad es uno de los ámbitos más trasversales entre aquellos de los que se ocupa esta institución”, asegura la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en “Las personas con discapacidad en el informe del Defensor del Pueblo 2015”. Y ofrece un dato con valor ilustrativo, 13 de los 19 capítulos de la parte segunda, dedicada a la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, incluyen contenidos relevantes para las personas con discapacidad. “El Defensor del Pueblo tiene muy presente su compromiso con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de fomentar el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas”, asegura Soledad Becerril en una entrevista a ‘cermi.es semanal’.
“Siempre hay margen de mejora y nosotros, desde el Defensor del Pueblo, trabajamos activamente para contribuir a defender los derechos de las personas con discapacidad y para garantizar su plena inclusión en la sociedad. Nuestras actuaciones abarcan todos los ámbitos de la vida diaria y, por supuesto la accesibilidad y la dependencia. El año pasado fueron 437 las actuaciones directamente vinculadas con el mundo de la discapacidad”, explica Soledad Becerril.
La accesibilidad
La cuestión de la accesibilidad sigue concentrando gran número de quejas o de intervenciones por parte de esta oficina. Según el trabajo explicado en el informe anual, en cuestión de barreras arquitectónicas en edificios públicos y entorno urbano, durante el año 2015, “se han concluido casi todas las actuaciones iniciadas tras la presentación por parte del CERMI de 44 quejas, dentro de su campaña «100 denuncias 100»”. Detalla el informe que el balance de los resultados ha sido positivo y “las administraciones consultadas han mostrado su disposición a colaborar”. En algunos casos, se han eliminado las barreras detectadas y en otros el problema planteado ya está en vías de solución.
“Efectivamente, la accesibilidad es uno de los asuntos que más no ocupa”, asegura Soledad Becerril, y añade: “desde el Defensor del Pueblo hemos trasladado a las administraciones las quejas que recibimos para que puedan tener prioridad y mejorar la situación de las personas con discapacidad. Por ejemplo hemos formulado una recomendación, que fue aceptada, para que RENFE publicara en su web las obras que se están ejecutando con arreglo al Plan de Accesibilidad. También hemos realizado un estudio sobre la seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil en España donde recomendamos avanzar en la supresión de barreras arquitectónicas, regular unos requisitos mínimos de accesibilidad y aprovechar las tareas de mantenimiento para hacer más accesibles estas áreas. El Ministerio de Fomento aceptó también una recomendación para que las compañías de autobuses informen a los usuarios antes de iniciar un viaje de las condiciones de accesibilidad existentes, tanto en los vehículos como en todas las estaciones en las que se vaya a parar durante el trayecto”.
En cuanto al transporte ferroviario, la accesibilidad en estaciones, así como el mantenimiento y mejora de las infraestructuras ferroviarias han centrado las quejas de 2015. Renfe, como explica la Defensora del Pueblo, ha aceptado la recomendación del Defensor del Pueblo consistente en dar publicidad a su plan de accesibilidad. Las actuaciones se iniciaron a raíz de una queja CERMI en relación con la falta de accesibilidad a los trenes CIVIA por el hecho de que los huecos entre el vagón y el andén son excesivos y no permiten el paso de una persona en silla de ruedas.
Y en el caso de los autobuses, es frecuente recibir quejas en las que se denuncia que las personas con discapacidad no pueden subir al autobús debido a que no funcionan las rampas de acceso. Durante 2015, se ha recomendado mejorar las revisiones periódicas y costear un taxi a las personas con discapacidad en el caso de que, debido a una avería puntual, la rampa no funcione correctamente. Se trata de propiciar la asunción de responsabilidades por las empresas responsables del funcionamiento del servicio.
La convención de la ONU y la educación inclusiva
Un ejemplo de ello se encuentra en la aceptación formal por todas las administraciones de las Recomendaciones que el Defensor del Pueblo formuló sobre la implantación de un sistema educativo inclusivo. En estas recomendaciones se pedía a las administraciones educativas autonómicas que impulsaran actuaciones y medidas normativas y presupuestarias que asegurasen la atención educativa a las personas con discapacidad en términos acordes con el derecho de los alumnos a una educación inclusiva. Sin embargo, y a pesar de la referida aceptación formal, “el examen de las quejas formuladas por alumnos con discapacidad o por sus padres o tutores y los resultados de su tramitación, han permitido contrastar que, con frecuencia, las decisiones de las administraciones educativas continúan produciéndose al margen de las prescripciones de la convención” afirma el Informe del Defensor del Pueblo.
Varias quejas formuladas en el año 2015, continúa dicho informe, ponen de manifiesto la evolución, en estos casos positiva, que han experimentado las posiciones inicialmente mantenidas por distintas administraciones educativas que, a instancias de esta institución, modificaron decisiones sobre escolarización que obviaban las facultades que asisten a los padres de todos los alumnos en orden a la elección de centros docentes. “Se trata de decisiones tomadas por las unidades competentes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que tras la intervención de esta institución fueron modificadas en un sentido acorde con las peticiones de los padres”.
“La atención a estos alumnos, en la referida comunidad, se produce en centros ordinarios de atención educativa preferente, que están dotados normalmente de aulas específicas para alumnos con trastorno del espectro autista (Aulas TEA) diseñadas para la escolarización de un número limitado de alumnos afectados. Los alumnos permanecen en estas aulas una parte o toda la jornada escolar, atendidos por profesorado y otro personal, con la cualificación necesaria y en el número que se contempla en la normativa correspondiente, al tiempo que se benefician de su convivencia escolar con el resto de los alumnos”, explica el informe.
Sin embargo, la insuficiente oferta o inexistencia, en determinados municipios de la Comunidad de Madrid, de centros ordinarios de escolarización preferente de este alumnado da lugar, en ocasiones, a decisiones administrativas de escolarización de estos alumnos en centros preferentes ubicados en otros municipios.
En otras ocasiones se comprueba que la misma situación ha dado lugar, en el Principado de Asturias, a propuestas de las instancias competentes de su Consejería de Educación y Cultura, de escolarización de alumnos afectados por estos trastornos en centros de educación especial.
Otro de los efectos no deseables, según el informe, que parece determinar la escasez de la oferta de plazas para alumnos con TEA en centros de atención educativa preferente de la Comunidad de Madrid, es la escolarización en este tipo de centros de un número de alumnos superior al que puede asumir el personal docente y no docente que presta servicios en sus aulas específicas, al precisar este alumnado una atención educativa continuada y muy estructurada que no puede proporcionarse en las debidas condiciones a todos los alumnos que en ocasiones se les encomiendan.
Igualdad de trato y otras cuestiones
El Defensor del Pueblo expone en el informe que “ha tenido ocasión en numerosas actuaciones de reiterar su compromiso con la remoción de todos los obstáculos que impiden que la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, y ha impulsado con firmeza el mandato constitucional de facilitar la participación de los ciudadanos en todas las áreas de la vida política, económica, cultural y social”.
E insiste en un aspecto que parece fundamental a la hora de lograr la igualdad y participación de todos los ciudadanos: “es preciso señalar las diferentes actuaciones realizadas para luchar contra los estereotipos que sufren distintos colectivos (comunidad gitana, LGBTI, personas con discapacidad, musulmanes, etcétera) tanto en los medios de comunicación como en los portales de internet. La contribución de los medios de comunicación en el tratamiento que se realiza de la información es fundamental en la sociedad, por lo que es urgente incorporar medidas y acciones positivas para mejorar el tratamiento informativo de todos los colectivos que presentan alguna desventaja”.
Además, se encuentra en trámite la actuación de carácter general iniciada ante el Ministerio del Interior en la queja sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que trata sobre diversas cuestiones de la actual regulación sobre régimen electoral en relación con los derechos de estas personas, tal y como establece el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
En los últimos años el mayor porcentaje de las quejas y actuaciones tramitadas en política social (52 %) están relacionadas con situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión social. Los problemas de las personas en situación de dependencia y las que afectan a menores o a la protección de las familias suponen cada una alrededor de un 15 por ciento de los asuntos. Una décima parte están vinculadas con el mundo de la discapacidad y un 6,6 por ciento con la protección de las personas mayores.
El trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo a lo largo de 2015 ha sido intenso, aunque la propia Soledad Becerril reconoce que “siempre hay margen de mejora”. En su entrevista con este medio, reconoce la labor de las administraciones y la colaboración demostrada, “la respuesta que recibimos es generalmente buena”, asegura. Y añade: “en las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en el conocimiento y comprensión de los problemas que afectan a las personas con discapacidad y en el ejercicio de sus derechos, no obstante, siempre hay margen de mejora, por eso, en el Defensor del Pueblo trabajamos para ayudar a mejorar los procesos de valoración y configuración del baremo de discapacidades, la accesibilidad universal, la atención educativa, los centros residenciales, los recursos rehabilitadores, las ayudas y prestaciones, el acceso al empleo público, el fomento del empleo, la fiscalidad, o eliminar la discriminación”.
Y en ese trabajo, también valoran las aportaciones que reciben de las propias personas con discapacidad y de entidades como el CERMI, “nuestra labor comienza en la atención de lo que las propias personas con discapacidad nos dicen a través de sus quejas y continúa con la evaluación de las respuestas de las Administraciones públicas. Y en esta tarea, agradecemos especialmente la colaboración de organizaciones como el CERMI, que nos ayudan a detectar carencias y situaciones en las que el Defensor del Pueblo puede intervenir para encontrar una solución o resolver una determinada situación”, explica la Defensora del Pueblo.
