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viernes, 08 de noviembre de 2019cermi.es semanal Nº 366

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Reportaje

La inclusión laboral de personas con capacidad intelectual límite

En el límite

08/11/2019

Blanca Abella

Apenas ha transcurrido un mes desde que el actual Gobierno pusiera en marcha, por fin, el proceso para la elaboración de un real decreto de medidas de apoyo a la inclusión laboral de las personas con capacidad intelectual límite. Las entidades de la discapacidad están preparadas desde hace años para colaborar en este trabajo y exponen una serie de demandas que, siendo sencillas, pueden suponer un impacto muy positivo en una población que está invisibilizada en casi todos los ámbitos de la sociedad.

Un hombre trajeado paseo solo por una calleSegún estimaciones registradas en el ‘Estudio sobre la situación de las personas con capacidad intelectual límite’ 2015, del Observatorio Estatal de la Discapacidad, en nuestro país existen 60.194 personas con capacidad intelectual límite. Y también según las mismas estimaciones, en 2020, al menos 14.622 de ellas estarán en edad laboral. 
 
Aunque el estudio de 2015 arrojaba una luz más clara sobre este sector de la población, lo cierto es que hasta entonces existían pocos datos y registros que contribuyeran a su conocimiento y, en consecuencia, al planteamiento de demandas y recursos necesarios. De hecho, como recoge este trabajo, “la población con capacidad intelectual límite es una población mayoritariamente invisible a los servicios de valoración de discapacidad”. Es por esto, y por la indefinición de la discapacidad, por lo que se da mucha diversidad de definiciones de estas personas y de los apoyos requeridos.
 
Tal y como explica Silvia Muñoz, responsable del programa de Empleo de Plena inclusión: "Pese a que contamos con estimaciones, no existen datos específicos en España sobre prevalencias y sería necesario contar con ellos; en el caso de la inteligencia límite es muy probable que exista un fenómeno de invisibilidad y falta de diagnóstico debido a la falta de sensibilización social".
 
Pero lo que sí era evidente, según el estudio y según la información disponible sobre la población con capacidad intelectual límite, es que existía “un acceso precario al mercado de trabajo, con un nivel muy alto de inactividad”. De hecho, en 2012 se estimaba que tan solo la mitad de la población con capacidad intelectual límite en edad laboral estaba trabajando.
 
Según Pedro Martínez, experto en empleo de Down España, “uno de los problemas de estas personas es por un lado la falta de concienciación por parte de ellas mismas y de sus familias de la necesidad de un apoyo para lograr una inclusión laboral satisfactoria, pues en muchos casos se rechaza el asumir que pueden tener una discapacidad, y es solo cuando ven el fracaso en cada uno de los intentos de inserción cuando realmente toman conciencia de la necesidad de un apoyo”.  
 

Propuestas laborales

 
El establecimiento de medidas de acción positiva para personas con capacidad intelectual límite fue consagrada, a partir de una propuesta del CERMI, en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y desde ese año, 2011, el CERMI ha venido exigiendo a los sucesivos Gobiernos el desarrollo reglamentario de esta previsión legal, denunciando en diversas ocasiones la inactividad del Ejecutivo ante el Defensor del Pueblo.
 
Ilustración sobre la participación pública en proyectos normativosRecientemente, el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, decidió acometer el mandato legislativo, comenzando los trámites para la adopción de un real decreto en el que se establezca un repertorio de medidas de acción positiva (incentivos y apoyos) para fomentar la empleabilidad de estas personas, que no llegan a alcanzar el grado del 33 %, que permite ser considerada persona con discapacidad y acceder así a las políticas activas de empleo establecidas para este grupo social.
 
Según la presidenta de la Comisión de Empleo del CERMI, Pepa Torres, “el CERMI siempre ha reclamado a los gobiernos que se desarrolle este decreto y actualmente el ministerio ha hecho una consulta pública, y ahí hemos comentado en rasgos generales nuestra opinión y las posibles medidas que se pueden aprobar; algunas cuestiones genéricas”.
 
En primer lugar, entienden necesario que se determine, o se defina de alguna manera, “al menos a efectos laborales, quiénes son las personas con capacidad intelectual límite”. Y a partir de ahí, sería necesario una articulación de medidas de acción positiva, que serían, entre otras, según Pepa Torres: “Incluir a estas personas como beneficiarios de los programas de formación, de mejora de las capacidades laborales y de intermediación laboral; contemplar medidas de acción positiva, como bonificaciones de seguridad social o adaptaciones en los puestos de trabajo; también en la contratación ordinaria y en los programas de autoempleo; extender la obligación de las empresas de efectuar ajustes razonables en caso de contratación de personas con capacidad intelectual límite y tener en cuenta a estas personas en las medidas generales de sensibilización empresarial”.
 
Además, según esta experta, se trata de “medidas de acción positiva fáciles de implementar que pueden tener un impacto muy importante”. Al igual que ella, la responsable de empleo de Plena inclusión también reclama la realización de un estudio sobre la situación de las personas con capacidad intelectual límite en la actualidad y una serie de medidas que también coinciden en su mayor parte con las expuestas por el CERMI.
 
Por su parte, Pedro Martínez detalla de manera más amplia una de las reclamaciones del sector: “Queremos que se tenga en cuenta su discapacidad al margen de su certificado, pues hay que tener en cuenta que al final el porcentaje que se refleja no deja de ser una valoración subjetiva que no debe de prevalecer sobre el concepto de discapacidad, tanto el de la Convención de la ONU como la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud) y que se arbitren programas y proyectos específicos para apoyar la inclusión de este colectivo en el tejido empresarial con los apoyos que sean necesarios”.
 
Mujer con ordenadorEn definitiva, y aunque son “personas con mayores dificultades para acceder a un empleo, en muchos casos no cuentan con ninguno de los beneficios que pueden conseguirse al tener un certificado de discapacidad de al menos el 33%”, explica Silvia Muñoz. Y apunta algunos datos de interés, de un estudio realizado en 2013 por la Universidad de Zaragoza: “El 52,4% necesita apoyo personal en el proceso de inserción laboral; el 48,8% necesita apoyo en la búsqueda de empleo; el 39,2% necesita apoyo en las entrevistas y el 45,5% de los empleadores tienen prejuicios para contratar a este colectivo”.
 

La esperanza en un real decreto

 
La esperanza hoy, aunque algo suspendida por las inminentes elecciones generales que todo lo ocupan, es que el proceso iniciado por el ministerio de Trabajo siga su curso, “que no quede solo en una consulta pública y se ponga en marcha ese proceso para dar una respuesta que puede tener un impacto muy importante con las medidas comentadas”, expresa Pepa Torres.
 
Eso sí, sería conveniente que todo este proceso se haga en estrecha colaboración con las entidades de la discapacidad que están implicadas y comprometidas, tal y como afirma Silvia Muñoz: “Es fundamental que desde el Gobierno se continúe consultando con las organizaciones que representan a estas personas y a sus familias”.  
 
Y en palabras de Pedro Martínez: “La esperanza no es ni más ni menos que se desarrolle este decreto y que de una vez se pongan medidas para que este colectivo pueda tener las mismas oportunidades de inclusión laboral que el resto, arbitrando para ello las medidas y los apoyos necesarios , promocionando la inserción en las empresas obteniendo las mismas ventajas que las personas con discapacidad con al menos un 33% en su certificado de discapacidad, pues a efectos de sus derechos como personas con discapacidad así lo reclaman tanto ellos como sus familiares”.
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