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viernes, 22 de junio de 2018cermi.es semanal Nº 307

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Reportaje

El CERMI valora el informe de la ONU que denuncia la educación española por violar los derechos humanos de las personas con discapacidad

La escuela debe ser el primer espacio de convivencia

El sistema educativo segregado existente en España es contrario a la Convención de la ONU, según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

22/06/2018

Rafael Olea

El dictamen del Sistema Educativo español por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es demoledor. En un minucioso informe, este organismo de Naciones Unidas denuncia la existencia de “segregación” y “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad” por “las características de un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general” a personas con discapacidad", a las que obliga a cursar educación especial (segregada). El CERMI reclama acabar con esta fragante violación de un derecho fundamental, como es la educación.

Delegación del CERMI tras un encuentro con representantes de los partidos políticos para tratar el informe de la ONU sobre educación inclusivaEn un severo varapalo, el Comité denuncia el incumplimiento por parte de España del artículo 24 de la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’, firmada por España ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que garantiza que todas las personas tienen derecho a la educación y ninguna debe quedar excluida del sistema general por motivos de discapacidad, como ocurre con la ‘educación especial’ (segregada).
 
El Comité ha hecho público un análisis de la situación existente a través del ‘Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo’. Los resultados son demoledores, puesto que se revelan “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples”.
 
“El informe es claro, concluyente, no da lugar a dobles lecturas, refleja que segregamos y, por tanto, discriminamos y apartamos de la vida en común al alumnado con discapacidad”, subraya el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre Discapacidad, Jesús Martín.
 
“Cerca del 20% de los estudiantes con discapacidad en España están escolarizados en centros de educación especial, lo cual supone un fracaso de toda la sociedad”, lamenta Martín. “De hecho”, añade, “la única segregación que se admite en nuestro sistema educativo es la del alumnado con discapacidad, que está en un sistema paralelo, distinto del general, pensado y concebido solo para las personas con discapacidad”.
 
“La existencia de una verdadera educación inclusiva no solo tendría ventajas para las personas con discapacidad, sino también para el resto de estudiantes y miembros de la comunidad escolar”, afirma el delegado del CERMI para los Derechos Humanos.
 

“Minusválidos” y evaluaciones psicopedagógicas

 
El informe de la ONU puntualiza que, pese a que la normativa de la educación española proclama la inclusión, “contiene preceptos que permiten la exclusión sobre la base de la discapacidad”, aparte de que refleja que se mantiene el lenguaje de 1982 en el que se hablaba de la “integración social de los minusválidos”.
 
Es decir, la legislación española abre puertas a la discriminación de los alumnos con discapacidad. Por ejemplo, y sin que haga falta remontarse a los ochenta como en el ejemplo anterior, un Real Decreto de 2013 establece que “la escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos solo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales”. 
 
Aula vacíaY aquí deriva gran parte del problema, puesto que se decide a través de evaluaciones psicopedagógicas si los estudiantes con discapacidad cursan sus estudios en centros segregados u ordinarios junto al resto de niños, aparte de que no se cuente verdaderamente con la opinión de padres o tutores.
 
“Las evaluaciones psicopedagógicas en general se basan en el diagnóstico y solo ven las limitaciones del alumnado y no sus posibilidades, con lo cual se convierten en la antesala de la segregación escolar”, explica la directora de FIAPAS y coordinadora de la Comisión de Educación del CERMI, Carmen Jáudenes.
 

Modelo médico, buenismo y patrón de segregación

 
El Comité de la ONU observa que, “pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”
 
“El problema es que todavía persiste un enfoque médico, que proviene del buenismo y del paternalismo, que quiere proteger a las personas con discapacidad con la visión bien intencionada de que están mejor en una institución fuera de la vida en comunidad”, afirma la asesora jurídica de Plena inclusión y miembro del Comité de Apoyo del CERMI para la Convención de la Discapacidad, Inés de Araoz.
 
El informe atestigua que “el sistema –educativo español– se centra en los déficits y las deficiencias del alumno, y resulta en la estigmatización del alumno como no educable en el sistema de educación general”. A la vez, lamenta que “en vez de explorar todas las posibilidades de inclusión del alumno, los diagnósticos impiden que los centros educativos ordinarios proporcionen medidas de apoyo y ajustes razonables”.
 
Los evaluadores de la ONU prueban que “no hay directrices claras sobre cómo realizar una evaluación (incluyendo las evaluaciones aplicadas, el número de veces que el niño ha sido observado, los contextos y los objetivos). Esta disparidad tiene consecuencias serias para los niños y niñas concernidos: es generalmente muy difícil cuestionar u obtener la revisión de un diagnóstico inicial”. 
 
En el caso de disconformidad con el veredicto de las evaluaciones psicopedagógicas, los alumnos y familias inician un calvario para tratar de revertirlo. Según el informe, “no existe garantía de que se realice de forma minuciosa, objetiva y periódica” poderlo revisar. En el curso de la investigación, los expertos detectaron “casos en los cuales las supuestas revisiones del diagnóstico inicial consistieron en una repetición, palabra por palabra, de las primeras conclusiones, sin que los niños o niñas afectados fueran atendidos con el tiempo, minuciosidad y objetividad necesarios”.
 
Los expertos del CERMI desmienten que la educación inclusiva pueda perjudicar o ralentizar el ritmo de aprendizaje de niños con y sin discapacidad, tal y como subrayan algunos defensores de la exclusión. 
 
En este sentido, De Araoz resalta que “es una evidencia que no existen indicadores de que estudiar juntos –alumnos con y sin discapacidad– perjudique a ambos, sino todo lo contrario”. Por su parte, Jáudenes subraya que “no es cierto que se ralentice el aprendizaje, puesto que la educación inclusiva aporta valor, aparte de que la escuela debe ser el primer espacio de convivencia”.
 

Delegación del CERMI junto con representantes de los partidos políticos reunidos para tratar el informe de la ONU sobre educación inclusivaReacción del CERMI

 
El CERMI ha trasladado las conclusiones de este informe a la sociedad, las entidades de la discapacidad y las formaciones políticas, con el objetivo de tratar de revertir esta situación y garantizar la educación inclusiva. 
 
Recientemente, una delegación del CERMI celebró un encuentro con representantes de los partidos políticos de ámbito estatal para abordar en profundidad la condena de la ONU y reclamar “valentía” para que la educación inclusiva sea un derecho de todo el alumnado”, tal y como recoge la Convención.
 
El ‘Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo’ fue realizado en enero y febrero de 2017 por el vicepresidente del Comité, Coomaravel Pyaneandee,  y el miembro del Comité, Carlos Parra Dussan, viajaron a Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga donde se reunieron con más de 165 personas. Estas incluyeron a funcionarios del Gobierno central y de las 17 Comunidades Autónomas, así como representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.
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