La delegación española estaba encabezada por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Carcedo, y representantes de 9 ministerios, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y Castilla y León, en nombre de las comunidades autónomas. La evaluación comenzaba el lunes 18 de marzo con la comparecencia de la ministra Carcedo, que durante 20 minutos informó de los avances acometidos en materia de discapacidad, a raíz de las 21 recomendaciones que el Comité remitió a España en 2011. 

 

En primer lugar, quiso reconocer el impulso de la sociedad civil para iniciar la reforma y actualización de la normativa y resumió los avances en lo que ella misma calificó como hitos. Comenzó por la reforma del derecho a voto, de reciente aprobación, junto con la del artículo 49 de la Constitución, implantando un enfoque de derechos en lugar del que persistía, basado en una concepción médico-rehabilitadora. 

 

También indicó a continuación la importancia de la reforma acometida en la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, del nuevo proyecto de ley orgánica sobre educación inclusiva, y de las iniciativas a favor de la accesibilidad universal en las nuevas tecnologías, en los sistemas de emergencia y, en concreto, en el servicio 112. Finalmente, destacó que el Gobierno español había creado un grupo de expertos para estudiar la supresión de la esterilización forzada.

 

Otra de las recomendaciones que hizo el Comité en 2011 y sobre la que se está trabajando, según informó la titular de Sanidad, es la “revisión de sus disposiciones legislativas que autorizan la privación de la libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o intelectuales”. “El internamiento involuntario será configurado como una medida extraordinaria y excepcional orientada a responder a situaciones graves y urgentes en las que resulten insuficientes otros mecanismos de protección alternativos menos restrictivos”, ha destacado la Ministra.

 

 

A continuación, intervino Rafael Muguruza, en representación de la Oficina del Defensor del Pueblo, que actúa en condición de institución española para la promoción y protección de los derechos humanos. Afirmó que la discapacidad es uno de los ámbitos más transversales de los que se ocupa el Defensor del Pueblo y que, “reiteradamente”, debe recordar a las instituciones y organismos de la Administración su “ineludible” adaptación a la Convención de la ONU y al resto del ordenamiento jurídico. Señaló algunas cuestiones que consideran de especial interés y les preocupa, como son la modificación dela legislación sobre la capacidad de las personas, pendiente de aprobación, o las continuas demoras que se denuncian en los procedimientos de valoración de la discapacidad, así como la necesidad de que las personas con discapacidad dispongan de más y mejor acceso a terapias innovadores, al empleo público o a la educación inclusiva.

 

Acto seguido tomó la palabra Jesús Martín, en nombre del CERMI, que representa al 90% del tejido asociativo en  España. El Delegado del CERMI para la Convención de la ONU reconoció algunos de los hitos señalados por la representante del Gobierno español, si bien dejó patente la importancia de la denuncia activa y la labor de incidencia política del CERMI a la hora de impulsar dichas reformas. Señaló, a su vez, algunas de las discriminaciones que persisten y son denunciadas de manera constante: como la esterilización forzosa; el internamiento no voluntario por razón de trastorno mental; el incumplimiento normativo en materia de accesibilidad universal o el compromiso educativo con la inclusión, donde "no hay ningún esfuerzo en marcha, ninguna acción pública vigorosa, para dar efectividad a los mandatos de la Convención en esta cuestión transcendental".

 

 

La voz de Jonas Ruskus, uno de los relatores del Comité para el examen de España, se alzó para plantear su preocupación por tres cuestiones fundamentales que contravienen la Convención de la ONU. En primer lugar hizo una referencia al especial seguimiento del comité en temas de educación, que impulsó una investigación en España que dedujo graves y sistemáticas violaciones sobre la educación inclusiva, denunciando sistemas segregadores por motivos de discapacidad y se pregunta qué medidas se han adoptado para transformar el sistema hacia un modelo inclusivo.

 

Además, el relator criticó la “legitimación continua de las esterilizaciones forzosas de mujeres y niñas con discapacidad” y la inversión de fondos públicos en la construcción de centros residenciales “que pueden incrementar las prácticas de segregación institucionalizada” en lugar de impulsar servicios accesibles en la comunidad. 

 

Al mismo tiempo, dedicó unos minutos a felicitar al Gobierno de España por sus esfuerzos tan significativos en atender las recomendaciones de 2011 y por ser el primer Estado parte en presentar el segundo y tercer informes periódicos. Reconoció los esfuerzos en favor del derecho a voto, por la creación del observatorio de discapacidad y la celebración del Pacto de Estado sobre Violencia que incluye la discapacidad. Finalmente, elogió la labor del CERMI en sus informes alternativos, “considerados por el comité como muy importantes”.

 

Otros miembros del comité y expertos de la ONU intervinieron a continuación expresando sus inquietudes en diversas cuestiones, y preguntando, por ejemplo, cómo colabora el Gobierno con las organizaciones de las personas con discapacidad, o si las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial participan en las organizaciones de la sociedad civil; interesándose por la infancia en el entorno rural y los servicios de atención temprana; o sobre la estigmatización por medios de comunicación de las personas con discapacidad psicosocial; o si el Gobierno intenta incrementar la toma de conciencia de la sociedad; sobre los ajustes razonables; la discapacidad sobrevenida y el empleo; la ley del aborto; la eutanasia; los mecanismos para reducir la carga financiera; sobre el acceso a la justicia; las situaciones de emergencia; la violencia y el acogimiento de menores con discapacidad…

 

 

La delegación española dio paso a numerosos representantes de diferentes ministerios y organismos oficiales que respondieron a las cuestiones planteadas una por una. En caso de olvido, los expertos insistían y repetían sus dudas. 

 

Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, explicó que entre las medidas para la concienciación de la sociedad, cabía señalar la declaración oficial del día 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el 14 de junio como Día de las Lenguas de Signos. Además, mencionó la puesta en marcha de una campaña sobre estigmatización de las personas con problemas de salud mental y un estudio sobre cómo los medios se dirigen a las personas con discapacidad, pendiente de publicación. 

 

El representante del ministerio de Fomento intervino para comentar la numerosa legislación sobre accesibilidad universal actual y la ampliación de la tarjeta dorada de Renfe para personas con discapacidad del 33% así como las ayudas extraordinarias de Aena en la asistencia en aeropuertos. La representante de la Oficina de Atención a la Discapacidad, Oadis, Mª Luisa Peña, explicó que tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas “desarrollamos campañas de promoción de acogimiento familiar a todos los menores”, incluidos los menores con discapacidad y el modelo institucionalizado consta de centros pequeños, con pocos niños y una atención lo más parecida a la familiar.

 

La delegación española reconoció que la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral era peor que la del resto de la población y explicó que la reciente norma sobre compras del sector público establece políticas de apoyo a la discapacidad. La ministra de Sanidad recordó que el propio CERMI había concedido un premio al ministerio de Hacienda por su aportación a la contratación pública responsable. 

 

En cuanto a la atención a las personas con discapacidad psicosocial, la delegación aclaró que los hospitales psiquiátricos se cerraron en España en el siglo pasado y hoy en día existen redes de centros comunitarios de salud mental y servicios de ayuda a domicilio. En cuanto a la figura del asistente personal, explicaron que se trata de “una prestación con poca acogida y poco uso, pero se recoge y financia dentro del sistema” y se está avanzando en formación y normativa. 

 

Uno de los temas que más intervenciones protagonizó por ambas partes fue la educación inclusiva, ya que los expertos insistieron en conocer más detalles, planteando incluso dudas sobre “si en algunos sectores son reacios a dejar de lado el modelo de educación segregada” y el deseo de “saber cuál es la verdadera posición del Estado”. 

 

La ministra Carcedo reconocía la necesidad de “acelerar con toda decisión el proceso a una educación inclusiva”, de ahí que se trabajara el proyecto de ley orgánica que establece la educación inclusiva como un derecho. Según sus propias palabras, otros países que ya han emprendido esta tarea, “ponen de manifiesto que esta modalidad educativa es la más deseada por las familias y los propios alumnos”. Reconoce que ha suscitado algunas preocupaciones en colectivos implicados, “como ha sucedido en otros países”, y añade que “somos plenamente conscientes de que este proceso no puede seguir dilatándose en el tiempo”.

 

Artículo de opinión de Jesús Martín, Delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU