"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Estudio sobre impacto de género y accesibilidad – Observatorio Estatal de la Discapacidad
Espacios y entornos más inclusivos, la dimensión de género de la accesibilidad
24/07/2017
Blanca Abella
La accesibilidad, además de ser un principio jurídico, es también parte del contenido esencial de los derechos fundamentales y del derecho a la no discriminación y se constituye asimismo como un derecho subjetivo. Y en relación a la dimensión de género, la propia Convención de la ONU sobre Discapacidad, en su preámbulo, hace mención expresa a “la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad”.
Es por eso que este estudio realiza un desarrollo teórico sobre la accesibilidad a partir de la teoría de la interseccionalidad y propone la figura metafórica de la ciudad como espacio de ciudadanía donde se concretan los derechos humanos como prácticas cotidianas. El trabajo disecciona los principales obstáculos que en materia de accesibilidad siguen enfrentando las mujeres con discapacidad para poder ejercer sus derechos humanos en relación con la violencia y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Visión masculinizada de los espacios
Isabel Caballero habla de la “visión masculinizada de los espacios”, un enfoque que tiene ya un amplio recorrido y ha sido estudiado desde diferentes ámbitos, como es el de la arquitectura, tal y como describe la arquitecta argentina Zaida Muxí: “La ciudad del siglo XX está pensada en función de los roles masculinos, que entroncan con una valoración exclusiva de la realidad desde el mundo productivo, desechando e infravalorando las necesidades del mundo de la reproducción y de la vida cotidiana. Se sigue pensando a las ciudades desde la perspectiva masculina, en la que prevalece el mundo de lo público, lo que se paga, y no se visibiliza que todo lo que se hace en ese ámbito productivo no existiría sin el soporte y las actividades del mundo reproductivo que recae mayoritariamente en las mujeres. En el mundo productivo participamos hombres y mujeres, no obstante, la carga de la responsabilidad del mundo reproductivo sigue siendo soportada por las mujeres que sienten incrementadas las dificultades en las distancias y los tiempos resultantes de la segregación, fragmentación y dispersión territorial que sufren nuestros pueblos y ciudades”.
Algo que a su vez matiza Blanca Gutiérrez Valdivia, experta en sociología rural y urbana: “En lo productivo puedes estar, pero también puedes no estar. En lo reproductivo están todas las personas, es algo que incumbe a todo el mundo, con diferente carga y responsabilidad, pero ahí estamos todas y todos. Si una persona va a comprar el pan, está realizando una tarea de reproducción, hacerte la comida también lo es, pero seguimos sin percibirlo así. La cuidad debe ser el soporte físico que acompañe estas tareas. Tradicionalmente se ha enseñado que hay dos espacios, lo público y lo privado, y que lo reproductivo se da en el ámbito de lo privado. Esto ha producido que tengamos ciudades que no están diseñadas para acompañar y dar un soporte a todas las necesidades de lo reproductivo”.
Demandas fundamentales
El estudio del Observatorio Estatal de la Discapacidad trae a colación el Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea, adoptado en Budapest en el año 2011 por el Foro Europeo de la Discapacidad, que reivindica en el punto 3.1 del documento que: “Es necesario garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan vivir de manera autónoma y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás personas, especialmente con respecto a sus poblaciones de referencia. Tal y como reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en su artículo 9, se tienen que tomar medidas adecuadas para asegurar el verdadero acceso de las mujeres y niñas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluyendo las tecnologías y los sistemas de información y comunicación, así como otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”
A partir de ahí, las mujeres con discapacidad organizadas de Europa explicitan una serie de demandas que giran en torno a una serie de cuestiones fundamentales sobre la accesibilidad.
- Por un lado, la accesibilidad al entorno construido y urbanístico, tomando en consideración que “las mujeres con discapacidad disponen de bajos ingresos, escasa participación en la vida laboral, dificultades para vivir de forma independiente, frecuente ausencia de vehículo privado, así como mayor longevidad con respecto a sus iguales masculinos”, de ahí que, tal y como se expresa en el estudio, se deba favorecer “la proximidad vecinal, la rehabilitación de edificios y viviendas, la movilidad peatonal y la reducción de las necesidades de desplazamiento a través del transporte, recuperando la calle como espacio de encuentro y relaciones sociales”. El entorno construido y el diseño urbanístico tienen que estar planificados con criterios de seguridad civil para ofrecer una deambulación ciudadana protegida, velando porque las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia y el abuso (como las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores o las personas con discapacidad) se sientan protegidas.
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Accesibilidad al transporte. Como concepto general, el transporte debe ser accesible para todas las personas con discapacidad, facilitando así su movilidad autónoma. Y como acotación particular, hay que partir del hecho constatado de que “las mujeres con discapacidad son mayoritarias en el uso del transporte público en comparación con sus iguales masculinos, que tienen menor acceso al uso del vehículo privado que aquéllos y que sus desplazamientos diarios son más complejos como consecuencia de sus responsabilidades frecuentes en el cuidado de otras personas y en el hogar, es fundamental que en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de transporte se consideren la convergencia de los aspectos asociados a la discapacidad y el género”, según el propio estudio.
- Accesibilidad a la información y a la comunicación. En el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, han de considerarse los aspectos económicos, la necesidad de formación y la igualdad de oportunidades, sin importar la edad, permitiendo así que las niñas y mujeres con discapacidad que puedan ser susceptibles de sufrir exclusión social o situaciones de pobreza puedan acceder a ellas. Los documentos relativos a las mujeres y niñas con discapacidad y sus derechos deben ser comprensibles y estar disponibles en lenguas vernáculas, en lengua de signos, Braille, formatos aumentativos y alternativos de comunicación, y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles, incluidos los electrónicos.
- Accesibilidad a los bienes y servicios. En este aspecto, merecen especial atención aquéllos bienes y servicios que den soporte a la salud sexual de las mujeres con discapacidad (anticonceptivos, camillas de exploración ginecológica, aparatos de mamografías...) y a su maternidad (biberones con asas, cochecitos de bebés para acoplarlos a una silla de ruedas o poder tirar de ellos con una sola mano, cambiadores de pañales adaptados en altura...),. Todos los servicios de atención a mujeres (especialmente en los ámbitos de la salud, la maternidad, la violencia contra la mujer y la atención a la infancia) deben ser plenamente accesibles para las mujeres y niñas con discapacidad.
La ciudad como espacio seguro libre de violencia
Y es que, tal y como refleja este estudio, "todavía se sigue invisibilizando la inseguridad que afecta específicamente a las mujeres, ya sea por la violencia en el ámbito privado como la violencia de género en la ciudad. Esta invisibilidad se extiende a las conductas agresivas y violentas, en las calles, los espacios públicos, los medios de transporte, (ofensas, acoso sexual, violaciones)".
Como señala Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres: “Las mujeres y las niñas afrontan riesgo de acoso sexual en los hogares, en el trabajo en la escuela, en el transporte público y en la calle". Y como afirma el Comentario general nº 3 sobre el artículo de Mujeres y niñas con discapacidad de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, las mujeres y niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de violencia, explotación y abuso en comparación con la población más amplia de mujeres.
Para la autora del estudio, Isabel Caballero, "hay una serie de factores que exponen a las mujeres con discapacidad a un mayor riesgo de violencia. Un factor es el perjuicio asociado a la discapacidad. En nuestra sociedad las personas con discapacidad son todavía consideradas como objetos de cuidado, no titulares de derechos. Esto favorece la percepción de que las mujeres con discapacidad son incapaces de adoptar decisiones de forma autónoma".
Además, "la falta de educación sexual de mujeres y niñas con discapacidad, erróneamente percibidas como seres no sexuales, favorece a su vez, que se produzca violencia sexual contra ellas".
Finalmente, por todas las cuestiones ya analizadas, resulta necesario trabajar por y para la mujer con discapacidad, como afirma Isabel Caballero a la hora de explicar el objetivo fundamental de este trabajo: "Estamos trabajando sobre todo por el empoderamiento y la toma de conciencia de las situaciones de exclusión en las ciudades y hay que abrir procesos participativos para que toda la ciudadanía pueda decidir su cotidianidad… hay que empoderar a las mujeres para que tomen conciencia de que ese estado de exclusión en el que se encuentran no es un estado natural y hay que modificarlo".
La resolución “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 201546, establece entre sus objetivos lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas (Obj. 5). Más concretamente el Objetivo 5.2 persigue eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. La nueva agenda además hace hincapié en la necesidad de renovar y planificar nuestras ciudades y asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas".
