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viernes, 02 de marzo de 2018cermi.es semanal Nº 292

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Reportaje

Jornada: Los compromisos sociales de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad

Contratación pública, otra forma de hacer política social

27/02/2018

Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa

En un solo día se dieron cita algunas de las personalidades más comprometidas con el impulso de la Ley de Contratos del Sector Público que entra en vigor el próximo 9 de marzo. La opinión de todas ellas es sin duda favorable y hay un común acuerdo en felicitarse por el logro que supone poner en marcha una norma consensuada, como pocas en los últimos tiempos, y con un compromiso unánime de cumplimiento y vigilancia para alcanzar mayor cohesión social. El fin último de la norma es el cumplimiento de principios de integridad y promoción de aspectos sociales como medio de lograr la transparencia, igualdad, concurrencia y una mejor relación calidad precio. Supone, ante todo, una gran oportunidad para la promoción e igualdad de los sectores más desfavorecidos.

Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de la Real Academia EspañolaLa nueva Ley de Contratos del sector público supone una inmejorable ocasión para bailar en las calles, según exclama Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de la Real Academia Española. Recupera así una expresión del Juez norteamericano William Brennan utilizada en 1996 tras la primera sentencia del Tribunal Supremo en la que reconocía por primera vez de forma clara y rotunda el contenido de la libertad de expresión. 
 
De esta manera, según el profesor Muñoz Machado, “la ley que va a entrar en vigor es una ocasión para bailar en las calles”, y recuerda que fue en 2009 cuando fundaron el Foro de la Contratación Socialmente Responsable (CON R), “y hemos luchado por su consolidación pensando que era importante”. Y entiende el profesor que esta nueva ley es definitiva y en un momento económico de crecimiento “tiene un gran potencial”, pero advierte: “También apelamos a ella en la época de crisis, porque cuando no había recursos económicos para aplicarlos a finalidades sociales nos parecía que la contratación, sin necesidad de aportar nuevos recursos públicos, podría atender necesidades sociales”, puntualiza Muñoz Machado.
 

Voluntad de acuerdo

 
La lucha por esa consolidación ha contado con pocas resistencias y numerosos aliados, de hecho todos los participantes en la jornada se felicitan por la normativa que entra en vigor el próximo 9 de marzo. En este sentido, Antonio Francisco Pradas Torres, presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, explicaba parte del proceso y la buena disposición de todos los implicados: “La nueva Ley de contratos del sector público es el fruto del debate en la comisión de hacienda, de la discusión, de la deliberación y del trabajo de las nueve sesiones de la ponencia, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, es la prueba de que la voluntad de acuerdo puede dar frutos en momentos muy complejos, como este, y en materia tan sensible como la de la contratación”.
 
Mesa inaugural de la jornada 'Los compromisos sociales de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad'Y lo demuestra el propio Pradas con algunos datos que evidencian ese acuerdo: “He de destacar que en esta ley se han incorporado más del 90% de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, con reuniones durante meses”. En total, según su exposición, al proyecto de ley se presentaron 1.300 enmiendas, de las cuales permanecieron vivas en torno a 1.080. Sin embargo, lo más destacable para este experto “ha sido el número de aportaciones, propuestas, reflexiones e ideas presentadas por más de 60 entidades”, subrayando sobre todo las aportaciones del tercer sector.
 
La historia de esta ley arranca, según Muñoz Machado, en el mundo municipal, donde antes se impuso esta cultura social que luego trascendería y se convertiría en una buena práctica. Según el profesor, “el asunto de la contratación social en nuestra legislación y en la europea ha evolucionado rápidamente a partir de los años 90” y es la Unión Europea la que en su Estrategia 2020 incluye el impulso final que favorece los cambios reflejados en la actual Ley. Sin embargo, según Muñoz Machado: “La Ley 9/2017 ha ido más allá de la directiva europea al ser más favorable a la imposición obligatoria de cláusulas sociales”, y añade: “Es un hito en materia de contratación por las cláusulas sociales que incorpora y algo del éxito que esa ley supone para todos habría que atribuirlas a iniciativas como las impulsadas por el CERMI”. 
 
En definitiva, loando de nuevo la norma que se estrena en unos días, el catedrático de Derecho Administrativo asegura: “Al legislador no se le puede pedir más teniendo en cuenta el panorama regulatorio de la UE y los Estados miembros y no digamos la celeridad con la que lo ha hecho”. Solo queda esperar, lograr una aplicación efectiva, que se adquiera esa nueva cultura “y que las administraciones públicas hagan lo propio”, al igual que pide a los ciudadanos y al Tercer Sector, que deben estar “vigilantes y favorecer su cumplimiento”.  
 
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro de Contratación Socialmente Responsable y Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda y Función PúblicaEl presidente del Foro de Contratación Socialmente Responsable y expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero alude al “retraso evidente en la inserción laboral de las personas con discapacidad” en nuestro país pero agradece “muy profundamente el compromiso del ministro Montoro”, al mismo tiempo que confía en que “tengamos con esta Ley un profundo cambio en la realidad y en la inclusión social”. Según el expresidente: “Es una gran Ley y espero que la buena voluntad que ha habido hasta ahora en su tramitación se traduzca en la aplicación de una ley moderna, avanzada, socialmente incluyente, ejemplar y referencia para otros continentes. Puede ser transformadora, innovadora y una gran palanca de cohesión”, celebró.
 
Por su parte, el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro, aseguró: “El Gobierno va a seguir trabajando y lo va a concretar en las próximas semanas, en los próximos meses, en un real decreto donde estamos involucrados los tres ministerios que tenemos competencia directa, el de Empleo y Seguridad Social, el de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y el de Hacienda y Función Pública, un real decreto en el que también estableceremos todo el desarrollo reglamentario de esta Ley para hacerla más operativa, conjuntamente con el Foro de la contratación y con el CERMI”. 
 
El ministro señaló que el Gobierno velará por la aplicación de esta nueva norma que, entre otros objetivos, se propone acabar con las desigualdades en el acceso al empleo de mujeres o de personas con discapacidad. “El Gobierno estará muy activo en términos de vigilancia para cumplir con esta deuda social”, afirmó.
 

El tercer sector 

 
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quiso hacer público un reconocimiento a la “tarea de incidencia, de presión y persuasión que hemos hecho desde distintos movimientos sociales, desde el Tercer Sector, pero en particular el movimiento social de la discapacidad, en la tramitación de esta nueva Ley”. Aseguró, además, que la nueva legislación de contratos del sector público supone "la mejor legislación” e hizo un llamamiento ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aprovechar sus bondades" en favor de la generación de empleo para colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad, y así "contribuir al cambio social".Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI
 
El presidente del CERMI apeló al movimiento social "para que usemos esas herramientas que se nos han dado" con la nueva Ley de Contratos y, en particular, pidió "ser promotores de las bondades" de esta normativa y hacer "proselitismo y apostolado de sus instrumentos", porque incluye "herramientas muy poderosas y vigorosas que debemos saber utilizar". La norma que entra en vigor la semana próxima, “ofrece instrumentos para el cambio social”, según Pérez Bueno, a través de cláusulas como la reserva de un 7% (que puede llegar al 10) para empresas sociales con altos porcentajes de trabajadores con discapacidad. 
 
En cuanto a las ventajas de la nueva legislación, el presidente del CERMI citó que entre los requisitos y exigencias para adjudicar contratos públicos estén "la accesibilidad universal y el diseño para todos", así como la solución que se da a un "problema enquistado" como el de la subrogación laboral o la garantía de la prestación de servicios de proximidad al ciudadano.
 
Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de Ilunion, se confesó “esperanzado” con la llegada de tiempos de mejor bonanza y recordó la labor que desempeña la ONCE y su Fundación de ayudar a quienes más lo necesitan. “Para los  excluidos”, advirtió, “nunca hay tiempos buenos”. Aseguró que desde el Gobierno se piensa en el tercer sector como un aliado y se felicitó del avance que supone esta ley, “que nos da instrumentos para crear empleo y ser más eficaces”.
 
La jornada acogió una mesa conformada por cuatro representantes del Tercer Sector, en concreto del mundo de la discapacidad, que expresaron sus experiencias antes de la Ley y sus esperanzas con esta novedosa norma. Así, Enrique Galván, director de Plena inclusión, afirmaba: “Nuestra valoración es muy positiva y estamos muy satisfechos de que se abra un espacio, esperemos, de mayor estabilidad, de mayor atención no tanto al precio y el dinero como los proyectos vitales de los ciudadanos y ciudadanas con mayores dificultades para vivir en una sociedad”. Pero al mismo tiempo pedía a las administraciones públicas “una mayor capacidad de planificación de los servicios sociales, una mayor estabilidad”.
 
Mesa de los representantes del Tercer SectorEn una intervención posterior, Txema Franco, director de Lantegi Batuak, explica que este Centro Especial de Empleo (CEE) cuenta con 3.000 trabajadores, 2.700 con discapacidad (supone un 90%) y relata cómo ya, desde hace años, han conseguido participar en el sector público ganando los concursos sin necesidad de normas como la actual, aunque desde luego asegura: “Esta nueva ley tiene un montón de cuestiones positivas”.  
 
Algo similar expone Raquel Alvite, directora comercial de Galega de Economía Social/Cogami, que cuenta con 1.200 trabajadores (90% de ellos con discapacidad), que expresa cierto malestar por las dudas que persisten a la hora de hablar de la profesionalidad de las entidades sociales que trabajan en el sector público. Al igual que el director de Lantegi Batuak habla de calidad en la gestión y ambos enumeran las normas y certificados que sus entidades poseen. Alvite pide un mayor compromiso porque, afirma: “Vemos que la implicación no es la esperada y no hay ese compromiso, una palabra que se utiliza mucho y a veces de forma banal”.  E insiste en destacar la labor de las administraciones públicas que han querido implantar cláusulas sociales, como Navarra, donde desde 2009 hay contratos reservados a CEE de iniciativa social.
 
Finalmente, desde el sector de la discapacidad, Cristobal Cuevas, director de Ilunion Lavanderías, habla también de una clara distinción que les otorga “la calidad en el servicio” y de la generación de oportunidades para las personas con discapacidad. Ilunion Lavanderías cuenta con más de 5.000 trabajadores y más del 80% con discapacidad. 
 

La Administración autonómica y local

 
Mesa de los representantes de las administraciones autonómicas y localesAndalucía y Castilla y León, y los ayuntamientos de Madrid y Valladolid participaron en la jornada ofreciendo una muestra de su compromiso con la contratación pública responsable. Según el vicesecretario general del ayuntamiento de Valladolid, José Manuel Martínez, “los ayuntamientos han sido muy avanzados en este tema”, sin embargo, en la nueva norma hay una pega que le gustaría señalar, y es que “no tiene una sanción directa para el incumplimiento”. Según Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, se trata de una ley bastante compleja y a su juicio, será necesario “hacer mucha pedagogía a nuestros políticos para que asuman que este es un camino que se ha abierto y no se puede retroceder”. 
 
Gonzalo Rivas, director general de Políticas de la Discapacidad de la Junta de Andalucía, se remonta a 2002 y 2003 para mostrar ejemplos de la disposición de la junta a favor de este tipo de normas. Y finalmente Alicia Gracia, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, afirma que “debemos felicitarnos porque España cuente con una ley que además dota de alma a una actividad que a priori es prosaica y burocrática, como es la contratación” y explica que “desde la junta de Castilla y León ya en 2012 nos comprometimos con la apuesta de una contratación responsable porque pensamos que era importante en esos momentos de crisis incorporar a la contratación pública aspectos tan relevantes como es la inclusión en el mercado laboral de las personas más vulnerables”.
 

Conclusiones 

 
Alicia Gracia, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro de Contratación Socialmente ResponsableComo clausura de esta intensa jornada, el presidente del Foro de Contratación Socialmente Responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, expone una serie de ideas a modo de conclusiones, remontándose la primera de ellas al origen de la norma: “Esta Ley emana de la trasposición de hasta tres directivas de la Unión Europea. Me sugiere una primera reflexión y es que la contratación social, en tanto en cuanto ha sido impulsada directamente por la UE supone también un escenario de reencuentro con los valores y con el proyecto europeo”. 
 
En segundo lugar, el expresidente del Gobierno entiende que estas jornadas y esta Ley son un buen testimonio de lo que supone el acuerdo y el consenso y asegura que hace años que una ley no es tan elogiada por todos los grupos “y esto tiene una gran fuerza de compromiso a la hora de que la Ley responda de verdad a las expectativas creadas”. 
 
Asegura que la nueva Ley provoca un impacto indirecto en las empresas, “que van a tener que ponerse las pilas” porque “las empresas que no acierten a comprender y trabajar con los valores de las sociedades a las que vamos, dejarán de tener posibilidades”. 
 
Menciona la importancia de los tribunales, que tienen la responsabilidad de hacer efectiva la aplicación de la Ley, “aunque es una ley cerrada”, explica, que no debe dar lugar a interpretaciones equívocas. Y sugiere la oportunidad de una aproximación al poder judicial.
 
Felicita finalmente a todos los ponentes y cierra su intervención agradeciendo al profesor Santiago Muñoz Machado su visión siempre creativa: “Creo que es de los juristas que abrirán el espacio más avanzado sobre la exigibilidad de los derechos sociales, enmendando la plana a todo el constitucionalismo clásico”.
 
El Foro al que representa agradece “extraordinariamente” la colaboración a administraciones y empresas e informa de que va a impulsar un informe anual sobre cómo evoluciona la aplicación de esta Ley y qué administraciones merecen ser destacadas.
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