"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Jornada: Los compromisos sociales de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad
Contratación pública, otra forma de hacer política social
27/02/2018
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
En un solo día se dieron cita algunas de las personalidades más comprometidas con el impulso de la Ley de Contratos del Sector Público que entra en vigor el próximo 9 de marzo. La opinión de todas ellas es sin duda favorable y hay un común acuerdo en felicitarse por el logro que supone poner en marcha una norma consensuada, como pocas en los últimos tiempos, y con un compromiso unánime de cumplimiento y vigilancia para alcanzar mayor cohesión social. El fin último de la norma es el cumplimiento de principios de integridad y promoción de aspectos sociales como medio de lograr la transparencia, igualdad, concurrencia y una mejor relación calidad precio. Supone, ante todo, una gran oportunidad para la promoción e igualdad de los sectores más desfavorecidos.
De esta manera, según el profesor Muñoz Machado, “la ley que va a entrar en vigor es una ocasión para bailar en las calles”, y recuerda que fue en 2009 cuando fundaron el Foro de la Contratación Socialmente Responsable (CON R), “y hemos luchado por su consolidación pensando que era importante”. Y entiende el profesor que esta nueva ley es definitiva y en un momento económico de crecimiento “tiene un gran potencial”, pero advierte: “También apelamos a ella en la época de crisis, porque cuando no había recursos económicos para aplicarlos a finalidades sociales nos parecía que la contratación, sin necesidad de aportar nuevos recursos públicos, podría atender necesidades sociales”, puntualiza Muñoz Machado.
Voluntad de acuerdo
La lucha por esa consolidación ha contado con pocas resistencias y numerosos aliados, de hecho todos los participantes en la jornada se felicitan por la normativa que entra en vigor el próximo 9 de marzo. En este sentido, Antonio Francisco Pradas Torres, presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, explicaba parte del proceso y la buena disposición de todos los implicados: “La nueva Ley de contratos del sector público es el fruto del debate en la comisión de hacienda, de la discusión, de la deliberación y del trabajo de las nueve sesiones de la ponencia, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, es la prueba de que la voluntad de acuerdo puede dar frutos en momentos muy complejos, como este, y en materia tan sensible como la de la contratación”.
La historia de esta ley arranca, según Muñoz Machado, en el mundo municipal, donde antes se impuso esta cultura social que luego trascendería y se convertiría en una buena práctica. Según el profesor, “el asunto de la contratación social en nuestra legislación y en la europea ha evolucionado rápidamente a partir de los años 90” y es la Unión Europea la que en su Estrategia 2020 incluye el impulso final que favorece los cambios reflejados en la actual Ley. Sin embargo, según Muñoz Machado: “La Ley 9/2017 ha ido más allá de la directiva europea al ser más favorable a la imposición obligatoria de cláusulas sociales”, y añade: “Es un hito en materia de contratación por las cláusulas sociales que incorpora y algo del éxito que esa ley supone para todos habría que atribuirlas a iniciativas como las impulsadas por el CERMI”.
En definitiva, loando de nuevo la norma que se estrena en unos días, el catedrático de Derecho Administrativo asegura: “Al legislador no se le puede pedir más teniendo en cuenta el panorama regulatorio de la UE y los Estados miembros y no digamos la celeridad con la que lo ha hecho”. Solo queda esperar, lograr una aplicación efectiva, que se adquiera esa nueva cultura “y que las administraciones públicas hagan lo propio”, al igual que pide a los ciudadanos y al Tercer Sector, que deben estar “vigilantes y favorecer su cumplimiento”.
Por su parte, el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro, aseguró: “El Gobierno va a seguir trabajando y lo va a concretar en las próximas semanas, en los próximos meses, en un real decreto donde estamos involucrados los tres ministerios que tenemos competencia directa, el de Empleo y Seguridad Social, el de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y el de Hacienda y Función Pública, un real decreto en el que también estableceremos todo el desarrollo reglamentario de esta Ley para hacerla más operativa, conjuntamente con el Foro de la contratación y con el CERMI”.
El ministro señaló que el Gobierno velará por la aplicación de esta nueva norma que, entre otros objetivos, se propone acabar con las desigualdades en el acceso al empleo de mujeres o de personas con discapacidad. “El Gobierno estará muy activo en términos de vigilancia para cumplir con esta deuda social”, afirmó.
El tercer sector
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quiso hacer público un reconocimiento a la “tarea de incidencia, de presión y persuasión que hemos hecho desde distintos movimientos sociales, desde el Tercer Sector, pero en particular el movimiento social de la discapacidad, en la tramitación de esta nueva Ley”. Aseguró, además, que la nueva legislación de contratos del sector público supone "la mejor legislación” e hizo un llamamiento ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aprovechar sus bondades" en favor de la generación de empleo para colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad, y así "contribuir al cambio social".
El presidente del CERMI apeló al movimiento social "para que usemos esas herramientas que se nos han dado" con la nueva Ley de Contratos y, en particular, pidió "ser promotores de las bondades" de esta normativa y hacer "proselitismo y apostolado de sus instrumentos", porque incluye "herramientas muy poderosas y vigorosas que debemos saber utilizar". La norma que entra en vigor la semana próxima, “ofrece instrumentos para el cambio social”, según Pérez Bueno, a través de cláusulas como la reserva de un 7% (que puede llegar al 10) para empresas sociales con altos porcentajes de trabajadores con discapacidad.
En cuanto a las ventajas de la nueva legislación, el presidente del CERMI citó que entre los requisitos y exigencias para adjudicar contratos públicos estén "la accesibilidad universal y el diseño para todos", así como la solución que se da a un "problema enquistado" como el de la subrogación laboral o la garantía de la prestación de servicios de proximidad al ciudadano.
Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de Ilunion, se confesó “esperanzado” con la llegada de tiempos de mejor bonanza y recordó la labor que desempeña la ONCE y su Fundación de ayudar a quienes más lo necesitan. “Para los excluidos”, advirtió, “nunca hay tiempos buenos”. Aseguró que desde el Gobierno se piensa en el tercer sector como un aliado y se felicitó del avance que supone esta ley, “que nos da instrumentos para crear empleo y ser más eficaces”.
La jornada acogió una mesa conformada por cuatro representantes del Tercer Sector, en concreto del mundo de la discapacidad, que expresaron sus experiencias antes de la Ley y sus esperanzas con esta novedosa norma. Así, Enrique Galván, director de Plena inclusión, afirmaba: “Nuestra valoración es muy positiva y estamos muy satisfechos de que se abra un espacio, esperemos, de mayor estabilidad, de mayor atención no tanto al precio y el dinero como los proyectos vitales de los ciudadanos y ciudadanas con mayores dificultades para vivir en una sociedad”. Pero al mismo tiempo pedía a las administraciones públicas “una mayor capacidad de planificación de los servicios sociales, una mayor estabilidad”.
Algo similar expone Raquel Alvite, directora comercial de Galega de Economía Social/Cogami, que cuenta con 1.200 trabajadores (90% de ellos con discapacidad), que expresa cierto malestar por las dudas que persisten a la hora de hablar de la profesionalidad de las entidades sociales que trabajan en el sector público. Al igual que el director de Lantegi Batuak habla de calidad en la gestión y ambos enumeran las normas y certificados que sus entidades poseen. Alvite pide un mayor compromiso porque, afirma: “Vemos que la implicación no es la esperada y no hay ese compromiso, una palabra que se utiliza mucho y a veces de forma banal”. E insiste en destacar la labor de las administraciones públicas que han querido implantar cláusulas sociales, como Navarra, donde desde 2009 hay contratos reservados a CEE de iniciativa social.
Finalmente, desde el sector de la discapacidad, Cristobal Cuevas, director de Ilunion Lavanderías, habla también de una clara distinción que les otorga “la calidad en el servicio” y de la generación de oportunidades para las personas con discapacidad. Ilunion Lavanderías cuenta con más de 5.000 trabajadores y más del 80% con discapacidad.
La Administración autonómica y local
Gonzalo Rivas, director general de Políticas de la Discapacidad de la Junta de Andalucía, se remonta a 2002 y 2003 para mostrar ejemplos de la disposición de la junta a favor de este tipo de normas. Y finalmente Alicia Gracia, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, afirma que “debemos felicitarnos porque España cuente con una ley que además dota de alma a una actividad que a priori es prosaica y burocrática, como es la contratación” y explica que “desde la junta de Castilla y León ya en 2012 nos comprometimos con la apuesta de una contratación responsable porque pensamos que era importante en esos momentos de crisis incorporar a la contratación pública aspectos tan relevantes como es la inclusión en el mercado laboral de las personas más vulnerables”.
Conclusiones
En segundo lugar, el expresidente del Gobierno entiende que estas jornadas y esta Ley son un buen testimonio de lo que supone el acuerdo y el consenso y asegura que hace años que una ley no es tan elogiada por todos los grupos “y esto tiene una gran fuerza de compromiso a la hora de que la Ley responda de verdad a las expectativas creadas”.
Asegura que la nueva Ley provoca un impacto indirecto en las empresas, “que van a tener que ponerse las pilas” porque “las empresas que no acierten a comprender y trabajar con los valores de las sociedades a las que vamos, dejarán de tener posibilidades”.
Menciona la importancia de los tribunales, que tienen la responsabilidad de hacer efectiva la aplicación de la Ley, “aunque es una ley cerrada”, explica, que no debe dar lugar a interpretaciones equívocas. Y sugiere la oportunidad de una aproximación al poder judicial.
Felicita finalmente a todos los ponentes y cierra su intervención agradeciendo al profesor Santiago Muñoz Machado su visión siempre creativa: “Creo que es de los juristas que abrirán el espacio más avanzado sobre la exigibilidad de los derechos sociales, enmendando la plana a todo el constitucionalismo clásico”.
El Foro al que representa agradece “extraordinariamente” la colaboración a administraciones y empresas e informa de que va a impulsar un informe anual sobre cómo evoluciona la aplicación de esta Ley y qué administraciones merecen ser destacadas.
