El CERMI apuesta por unas políticas que reformen estructuras tan rígidas e improcedentes como las instituciones residenciales y por una reforma estructural que va más allá de un simple cierre de estos centros, siempre teniendo en cuenta, además, el deseo de cada persona y evitando que se produzca esa soledad no deseada tan extendida. Los planes de desinstitucionalización deben abordarse “contando con un canal de consulta directa a personas con discapacidad, no solo para su creación, sino también para su supervisión”, afirma Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres.

 

En esta realidad tan actual todavía, como es la institucionalización, la responsable de la FCM aborda también la soledad en la que se encuentran muchas mujeres mayores con discapacidad y cómo esto puede ser un elemento de vulnerabilidad a la hora de afrontar una situación de violencia, según extrae de los datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2019 en mujeres mayores de 65 años. 

 

Caballero incide en la necesidad de que estas mujeres tengan garantizado su derecho de elección del lugar de residencia, así como el acceso a una variedad de servicios e instalaciones “en igualdad de condiciones” y explica que, desde el CERMI y la FCM, impulsan un modelo de desinstitucionalización “que sea feminista y emancipador para hombres y mujeres con discapacidad”. En ese impulso se celebraba recientemente la V Conferencia Sectorial, sobre ‘Las mujeres mayores con discapacidad, una gran cuestión pendiente’, de la que se pueden extraer testimonios de personas expertas que confirman el necesario abordaje de esta cuestión para evitar esa soledad no deseada en un grupo poblacional tan vulnerable.

 

En esta conferencia, Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, asegura que es necesario “debatir sobre la intersección entre la vejez y la discapacidad que genera formas agravadas de discriminación y violaciones específicas de los derechos humanos de las personas de edad con discapacidad”. Explica también que “las personas mayores con discapacidad están sometidas a la pérdida de poder, a la denegación de la autonomía, a la marginación y a la devaluación cultural”. En este sentido, recuerda además que son considerablemente más pobres y, por tanto, tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia, abuso o desatención.

 

 

En relación a la longevidad y a la invisibilidad, que acentúan la soledad no deseada, la presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable, Mariqueta Vázquez, recuerda la importancia de reclamar medidas de acción positiva a la sociedad y a las instituciones porque cada vez las mujeres “tenemos una mayor esperanza de vida, vivimos más años solas y en muchos casos, con una discapacidad”.

 

En ese sentido, destaca la importancia de que “las instituciones lo tengan en cuenta y que la sociedad se sensibilice y nos ayude a conseguir que las ciudades sean habitables y podamos tener una mejor calidad de vida… Los servicios de proximidad deben ser de calidad y deben tener en cuenta las discapacidades, es una asignatura pendiente”.

 

También habla de invisibilidad de las mujeres Isabel Martínez, presidenta de Help Age España, y afirma que aumenta con la edad, por eso, aboga por poner en valor la “mayor resiliencia” de las mujeres mayores con discapacidad para afrontar nuevas formas de vivir el envejecimiento, y recuerda que la posibilidad de vivir la vejez de forma positiva depende en gran medida de los recursos económicos, el entorno y la actitud, entre otros factores.

 

Así se expresa también la experta independiente de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Malher, para quien es necesario trabajar en los derechos de las mujeres mayores con discapacidad porque “los factores interseccionales aumentan el riesgo de desigualdades y discriminación en edades avanzadas y de acabar en una institución debido a la falta de apoyos”. Asegura, además, que “las mujeres con discapacidad son considerablemente más pobres y tienen más probabilidades de ser institucionalizadas o "incapacitadas" debido a su mayor esperanza de vida y que, además, son extremadamente vulnerables al aislamiento social, la exclusión y el abuso”.

 

 

La presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez, afirma que las mujeres siempre han sido grandes cuidadoras universales y las que promueven el bienestar de la familia durante toda su vida, sin embargo, se encuentran con que al final de su vida “no tienen a nadie que las cuide”. En este sentido, habló sobre el derecho a decidir y comentó que en muchas ocasiones las mujeres mayores con discapacidad no quieren ir voluntariamente a una residencia y se les obliga, por eso insistió en la necesidad de contar con un modelo de transformación de los cuidados para favorecer que las personas que quieran puedan permanecer en su casa siempre y cuando se tengan los apoyos necesarios y no se sobrecargue a las familias.

 

Este aspecto también es fundamental para la directora Técnica del Área de Autonomía Personal y Vida Independiente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Myriam Arnáiz, quien subraya que “el proceso de institucionalización merma la autonomía personal y la capacidad de tomar las decisiones y que puede obstaculizar el empoderamiento de las mujeres y el incremento de vivir una situación de violencia y abusos”. Aboga en su lugar por la asistencia personal, “un servicio centrado en la mujer con discapacidad” con el que ella elige “qué, cómo y cuándo necesita los apoyos”.

 

Finalmente, la asesora en Derechos de la Mujer de la Sección de Derechos Humanos de la Mujer y Género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Caroline Ouaffo, afirma que la dimensión de género en relación con el envejecimiento y la discapacidad es un tema que no se aborda y no se estudia adecuadamente y que es necesario un “abordaje de los desequilibrios de poder por motivo de género en tanto a que son factores que explican la violencia, abusos y abandono de las mujeres mayores con discapacidad”. En este sentido, enumera una serie de recomendaciones que deberían tener en cuenta los gobiernos para hacer frente a esta lacra, como es la promoción del enfoque global e integral de la protección de mujeres mayores con discapacidad; asegurar el enfoque interseccional para abordar de manera defectiva múltiples y agravadas formas de discriminación; garantizar la participación sistemática de las mujeres mayores en debates políticos, vida política social y cultural; facilitar el acceso a servicios y proporcionar medidas de protección adecuadas e información específica a las inquietudes de las mujeres mayores con discapacidad.