"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Estudio sobre el grado de inclusión social de las personas con discapacidad y la situación de las políticas públicas de discapacidad en Canarias
Midiendo la inclusión en Canarias
15/01/2021
Blanca Abella
Unas 87 mil personas con discapacidad, que suponen el 4,1% de la población residente en Canarias, soportan en general unas condiciones de vida más desfavorables que el resto de la población española. Entre los aspectos más críticos está el tiempo de espera para la obtención del dictamen oficial de discapacidad y/o dependencia y los datos de pobreza, pues el 11,7% de las personas con discapacidad residentes en Canarias se encuentra en situación de pobreza severa y el 30% moderada.
El propio informe elaborado por Intersocial, en sus conclusiones, señala en primer lugar otra cuestión que da muestra de la realidad que se vive en las islas y es que no existen planes o programas consolidados para la atención de personas con discapacidad y hay legislación importante pendiente de desarrollar. Según los autores del estudio: “Hay bastantes aspectos por mejorar en la atención a las personas con discapacidad en Canarias, pues aunque se han dado pasos importantes, como la elaboración del Plan de Acción para la atención a las Personas con Discapacidad en Canarias 2018-2020, este plan aún no se ha aprobado formalmente, ni cuenta con asignación presupuestaria. También se aprobaron durante el primer semestre de 2019 dos leyes importantes para las personas con discapacidad (la Ley 6/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, y la Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias) cuya necesaria reglamentación se ha visto retrasada debido al cambio de legislatura (julio de 2019) y a la crisis sanitaria desencadenada por la COVID-19”.
Los indicadores de inclusión social de las personas con discapacidad que se han podido desagregar territorialmente muestran que la situación en Canarias es más desfavorable que en el conjunto del país en muchos de ellos, “sobre todo en los que se relacionan con la situación económica y ciertos derechos de ciudadanía, como el de escolarización inclusiva, acceso a una vivienda digna o a una atención sanitaria de calidad”, señalan los autores. Además, el gasto público en discapacidad es también inferior en Canarias que en el conjunto del Estado y la concentración de los recursos disponibles es un factor destacado pues limita el acceso a dichos recursos de los habitantes de las islas menores, y les obliga a asumir costes desproporcionados de desplazamiento.
Y aunque el objetivo del informe es señalar los déficits, carencias o problemas que deben mejorar, sin duda hay también aspectos positivos, y así quieren dejarlo patente sus autores: “Uno de los que nos gustaría destacar es el papel que está jugando el movimiento asociativo canario de la discapacidad, que además de colaborar con los poderes públicos en la prestación de servicios de atención, ha venido denunciando y combatiendo las situaciones de discriminación y alentando una igualdad real y efectiva para estos ciudadanos”.
Barreras para una vida plena
Este estudio es una iniciativa del CERMI Canarias, con el apoyo del CERMI Estatal, que servirá también como documento fundamental para la acción representativa del CERMI Canarias ante las instituciones locales y autonómicas.
Han sido varios meses de trabajo y aunque los autores no tenían una idea preconcebida sobre la situación de las personas con discapacidad en Canarias, “las tasas generales de exclusión social, que según el último informe FOESSA son, con diferencia, las más elevadas de las 17 comunidades autónomas españolas, nos hacían temer que también las personas con discapacidad presentaran peores resultados de inclusión que los que se registran en el conjunto nacional”.
Tal y como señalan los expertos en este estudio, en Canarias se dan niveles más reducidos de renta por habitante que el conjunto de España, tasas más elevadas de desempleo y pobreza monetaria, un nivel de desigualdad de renta creciente, tasas de exclusión social muy superiores a las del conjunto de España y un gasto social inferior a la media. “Las personas con discapacidad son parte de la sociedad, y se ven afectadas por los problemas y carencias globales que afectan al resto de los ciudadanos, aunque presentan también riesgos específicos y en ellas la repercusión de los problemas y carencias generales pueda ser más acentuada”, afirman. De hecho, insisten, los datos globales sobre situaciones de exclusión social en Canarias que proporcionó el último informe FOESSA se corresponden bastante con los hallazgos de este estudio en el ámbito de la discapacidad.
La insularidad es un factor determinante en todos los estudios que se elaboran sobre las condiciones de vida de sus habitantes y en este caso no es una excepción ya que “la mayor parte de los recursos de atención disponibles se concentran en Tenerife y Gran Canaria, y eso limita el acceso a dichos recursos de los habitantes de las demás islas, además de obligarlos a asumir unos costes de desplazamiento (no sólo económicos, también en tiempo y esfuerzo personal y familiar) que pueden resultar desproporcionados”.
Empleo, turismo y otros aspectos críticos
Además, sorprende el bajo nivel de ocupación de las personas con discapacidad en el sector de la hostelería y el turismo, que es tan decisivo para la economía de Canarias. De ahí que los expertos propongan también algunas medidas para la mejora de esta situación, como son: “Impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad en este sector, reforzando los esfuerzos para la mejora de la accesibilidad de los establecimientos turísticos, así como establecer una línea específica de promoción del segmento de turismo adaptado, que tiene un gran potencial debido al envejecimiento de la población en los principales mercados de origen del turismo que visita las Islas”.
Existen muchos otros aspectos críticos en la atención de las personas con discapacidad, muchos de los cuales fueron señalados por las entidades de la discapacidad, que colaboraron activamente en la elaboración de este estudio. El informe destaca:
- Déficits en la planificación e implementación de las políticas sociales, duplicidades entre administraciones y escasa coordinación con otros sectores como empleo, vivienda y educación.
- La información sobre prestaciones y servicios llega de manera desigual a la ciudadanía. Poca divulgación de los recursos públicos existentes.
- Pocos recursos en la administración pública vinculados a la discapacidad.
- Lentitud en las respuestas.
- Bajo nivel de cobertura social, especialmente para los no cotizantes, y dificultades de acceso a prestaciones y servicios para las personas más vulnerables.
- Muchas barreras de accesibilidad en los espacios públicos urbanos, especialmente en poblaciones pequeñas. La actuación para la mejora de la accesibilidad es especialmente importante debido a la orografía de las islas, la antigüedad de las ciudades y la falta de sensibilización de la población.
- La Ley Canaria de Accesibilidad se ha quedado obsoleta y necesita modificación.
- En el Servicio Canario de Empleo la casi totalidad del presupuesto de las políticas activas de empleo para personas con discapacidad van dirigidas al empleo protegido.
- Los Centros Especiales de Empleo tienen que competir en el mercado en igualdad de condiciones, por lo que, en general, no promueven el tránsito de sus trabajadores/as mejor preparados al empleo ordinario.
- En general, se incumple la cuota del 2% de personas con discapacidad en las plantillas.
- Hay una muy escasa formación de los profesionales de la docencia en atención a la diversidad.
- Son muy escasos los recursos destinados a detección, prevención y atención a menores de seis años.
- Faltan medidas de inclusión educativa en las etapas postobligatorias, En particular, es necesario aumentar el abanico de oportunidades formativas para el alumnado con discapacidad en esta etapa, pues solo el 3% de las personas con alguna discapacidad llegan a la Universidad.
