Según la actual Estrategia de Salud Mental, entre el 2’5 y el 3% de la población adulta española tiene un trastorno mental grave (más de 1 millón de personas) porcentaje que se eleva al 9% si se suman las personas que tienen cualquier tipo de trastorno mental, ya sea grave o leve. 

 

La Confederación Salud Mental España, desde sus inicios, tiene entre sus principales objetivos, asegurar el derecho de una atención de calidad e individualizada a todas las personas con trastorno mental (discapacidad psicosocial) así como la promoción de la salud mental en la población. Siguiendo estos objetivos, a partir de la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),  la Confederación ha hecho un continuado seguimiento de su aplicación en nuestro país y ha situado la detección y estudio de las eventuales vulneraciones de los derechos humanos contenidos en este tratado un objetivo prioritario del trabajo de su Comité Jurídico.

 

Así, recientemente, elaboraba un 'Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastornos mentales en España 2015', fruto de los trabajos efectuados a lo largo de 2015 por la Asesoría Jurídica y el Comité Jurídico, órgano asesor técnico de la Comisión Permanente y de la Junta Directiva de la Confederación. Dicho trabajo, en consonancia con el nuevo paradigma introducido por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), parte de una noción de discapacidad entendida como resultado de un contexto que alza barreras e impide o dificulta a la persona su plena participación e inclusión en la sociedad.

 

 

Y como método de trabajo, se destacan las vulneraciones más significativas que se han detectado a lo largo del año 2015 y que se han podido documentar, siempre relacionándolas con los artículos de la propia CDPD. Así, empieza el relato con el reconocido 'Derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación', donde parten del trabajo realizado en la Unión Europea, donde la propia Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo puso de manifiesto la injustificable exclusión de la perspectiva de género de la salud mental a propósito de la publicación por la Comisión Europea del Libro Verde sobre la Salud Mental.

 

Este documento destaca la existencia de una "clara dimensión de género en el campo de la salud mental, en particular en lo referente a los trastornos alimentarios, las enfermedades neurodegenerativas, la esquizofrenia, los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad, el pánico y la depresión"; así como el hecho de que no se haya tenido en cuenta "suficientemente" la dimensión de género en este ámbito.

 

Y según una investigación realizada por Fedeafes, federación miembro de Salud Mental España, el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o ex pareja se multiplica por dos o tres veces cuando se tiene una enfermedad mental grave.

 

En el caso de los niños y niñas con discapacidad, el informe señala un dato alarmante: “la cantidad de los niños y adolescentes a los que se les detecta en España un trastorno mental está en torno a más de un millón”.  Algunos de los trastornos mentales más comunes entre ellos son la ansiedad, la depresión, la hiperactividad o los problemas relacionados con la alimentación. 

 

Todos los datos revelan que uno de cada cinco niños padecerá a lo largo de su vida un problema de desarrollo emocional o de conducta, sin embargo, también denuncia este informe que “se advierte la falta de una apuesta clara del Sistema Nacional de Salud (SNS) por proveer de recursos y profesionales específicamente formados, suficientes y adecuados para la atención de este sector de la población desde un enfoque multidisciplinar”.

 

El informe expone una serie de casos que muestran la clara vulneración de estos derechos, como son: los problemas que genera el ingreso “en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta”, o el tratamiento inadecuado de los medios de comunicación ante una noticia relacionada con un menor con problemas de salud mental.

 

 

Hace apenas unos días, se celebraba en todo el mundo la Jornada Conmemorativa del Día de la Salud Mental, que tiene lugar en decenas de países cada 10 de octubre. En el acto organizado por Salud Mental España, su presidente, Nel A. González Zapico expresaba una idea principal: “hablar de salud mental hoy en día sigue siendo tabú” y animaba a los presentes a ser “agentes del cambio” y “librar la batalla contra el silencio”.

 

Y es que la conciencia y el estigma siguen siendo referencia irremediable cuando se habla de salud mental. En el informe elaborado por Salud Mental España, se sitúa a la ‘Toma de conciencia’ como una parte de esos derechos que merecen atención en nuestro país y se expone con un ejemplo de un suceso en nuestro país a raíz de una campaña publicitaria de la empresa Media Markt, que llevaba por lema “nos hemos vuelto locos”. A juicio de Salud Mental España, que remitió un escrito a la empresa solicitando la retirada de la campaña, se incluían mensajes que dañaban seriamente la imagen social de las personas con trastorno mental y potenciaban una visión distorsionada y denigrante de ellas. “Esta campaña hacía referencia a problemas de salud mental desde un enfoque absolutamente estigmatizante”, asegura la entidad. Además, el hastag #YoNoSoyTontoEstoyLoco utilizado en redes sociales en el marco de esta campaña, resultaba absolutamente hiriente para el colectivo. 

 

Media Markt pidió disculpas y se comprometió a la supresión de aquellas imágenes que pudieran resultar ofensivas o que hicieran una relación directa al trastorno mental. Así mismo, se comprometieron a tener en cuenta la postura de la Confederación de cara a futuras campañas publicitarias.

 

Cuando se trata de proclamar el Derecho a la vida, el informe de la entidad hace referencia a un caso en el que un hombre pierde de la vida por no contar con las medidas necesarias para garantizar su goce efectivo. Se trataba de un hombre de unos 40 años con trastorno mental que falleció por el disparo de uno de los Guardia Civiles que acudieron a su domicilio en lo que se comunicó como un posible caso de violencia de género que, según luego se pudo averiguar, no fue tal. La realidad, según fuentes familiares, es que se pudo producir un fallo en la toma de su medicación, que debió provocar una crisis en el estado de salud de una persona que su entorno definía como de “carácter tranquilo”. Su viuda y sus amigos sostienen que pidieron ayuda porque tenía un brote psicótico, y que en todo momento se advirtió a los agentes y a los sanitarios desplazados a la vivienda de que la persona tenía un trastorno mental.

 

 

Todo aquello relacionado con derechos tan básicos como son el derecho a la justicia o la libertad, merece un amplio tratamiento y así lo hace Salud Mental España en este informe. Para empezar, en cuanto al Derecho a la justicia, expone que “muchas personas con trastornos mentales (personas con discapacidad psicosocial) sufren graves y frecuentes vulneraciones de sus derechos humanos ante la indiferencia, el desconocimiento o la anuencia del conjunto de la sociedad, situación cuyas raíces la OMS sitúa en la estigmatización y la discriminación”. Ambos factores han contribuido a consolidar opiniones, actitudes y procedimientos más que cuestionables en el trato a estas personas, lo que ha favorecido la impunidad de múltiples formas de violencia, especialmente graves en los contextos de institucionalización, como pueden ser las estancias en hospitales psiquiátricos y centros psiquiátricos penitenciarios, pero también en otros muchos ámbitos: familiar, educativo, etc.

 

Así, tales situaciones, que constituyen auténticas vulneraciones de derechos humanos, se extienden a todas las facetas de sus vidas y las hacen especialmente vulnerables cuando no cuentan con cauces adecuados para la defensa de sus derechos. Por lo tanto, es fundamental crear cauces que permitan garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia de este colectivo. “Lamentablemente, España carece de mecanismos efectivos de detección, control y sanción de estas conductas, así como de una cultura jurídica y judicial que promueva los cambios necesarios”, denuncia este informe. 

 

Como apuntó el Secretario General de las Naciones Unidas en un informe de 2002, el problema radica en la falta de directrices específicas para aplicar las normas sobre derechos humanos y de un análisis más detallado sobre la implementación de las obligaciones estatales en esta materia en las instituciones psiquiátricas, a fin de evitar los abusos.

 

En este sentido, el 28 de julio de 2008 el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes publicó un revelador informe en cumplimiento de la Resolución 62/148 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el que destaca que tras la entrada en vigor de la CDPD y su Protocolo facultativo, sería oportuno examinar el marco contra la tortura, como violación más grave del derecho a la integridad y la dignidad de la persona, en relación con las personas con discapacidad; ya que muchas actuaciones justificadas como "tratamiento médico” pueden constituir tortura o malos tratos: atar a la persona a su cama durante largos períodos de tiempo, medicarla de más como forma de restricción farmacológica, aplicarle la denominada terapia electroconvulsiva, etc.

 

Aunque, todo ello constituye una dramática realidad para muchas personas, corroborada en 2013 por el Relator Especial Juan E. Méndez, lamentablemente, las vulneraciones no se circunscriben únicamente a este contexto, sino que se extienden a todas las facetas de la vida de la persona, con el agravante que comporta en muchas ocasiones el uso y abuso de medidas como la incapacitación.

 

Según el psiquiatra Manuel Gómez Beneyto, que también participó en la jornada mundial del día de la Salud Mental, “no es posible avanzar si las generaciones jóvenes no entienden qué es la recuperación, la participación y el empoderamiento”, y añadía: “Hasta ahora el poder está del lado del profesional, pero debe estar repartido, debe implicar la participación de la propia persona afectada”.

 

En el caso de esos derechos tan aclamados como son la Libertad y la Seguridad, el informe explica que las personas con discapacidad por trastorno mental se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en los contextos de privación de libertad. Concretamente, en el ámbito penitenciario se han detectado graves vulneraciones que dificultan e impiden el acceso a la justicia de estas personas y la garantía de su derecho a la libertad y seguridad de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la realización de ajustes razonables.

 

A estos efectos, hay que tener presente el hecho de que tal vulnerabilidad se acrecienta cuando las personas se encuentran en el extranjero, requiriendo la protección de los servicios consulares con garantía de su derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación. 

 

Y expone este informe dos casos en nuestro país en los que se aprecia una clara vulneración de este derecho. Uno de ellos, relativo a la no ejecución de una sentencia judicial, caso en el que el Defensor del Pueblo publica un informe en el que revela posibles fallos en la detección de situaciones de riesgo vinculadas a ciertos trastornos psiquiátricos en una prisión de Mahón. Y otro caso relacionado con el fallecimiento de un ciudadano español con trastorno mental en una prisión de Francia.

 

Y en la protección a la integridad personal, se hace mención expresa a los casos en los que se practica la esterilización forzosa: “en nuestro ordenamiento siguen vigentes disposiciones que permiten la práctica de una medida lesiva para la integridad personal como es la esterilización forzosa, a pesar de la profusa normativa que en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos la proscribe”. Los efectos físicos y psicológicos de la esterilización (al igual que el aborto coercitivo), se explica en el informe, están suficientemente constatados, sin embargo, las personas con trastornos mentales son especialmente vulnerables a este tipo de prácticas y lo más frecuente es que el interés que se protege no coincida con el interés superior de la persona con discapacidad. 

 

Tales intervenciones se suelen practicar en mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento informado por diversas razones: eugenésicas, control de la menstruación para evitar molestias o por cuestiones de higiene, previsión de problemas en la futura educación y crianza de los niños o niñas, prevención de las indeseables consecuencias de eventuales abusos sexuales o evitación de complicaciones en el embarazo, etc. Así, en modo alguno se corresponde con el espíritu y contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “que pretende prevenir las conductas discriminatorias que puedan impedirles el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones”.

 

Finalmente, se expresa la importancia de dos derechos como son el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado y protección social. En cuanto a la salud, el informe denuncia que “la no consideración de la persona en su diversidad como un ser humano sujeto de derechos, conduce a frecuentes y muy graves vulneraciones. Los trastornos mentales, por acción y efecto del estigma, se erigen en una suerte de etiqueta tras la que la persona queda anulada y reducida a un diagnóstico que impide su consideración integral y la adecuada atención de sus específicas necesidades. De alguna manera, tener o presumir que se tenga un trastorno mental continúa constituyendo una justificación, comúnmente asumida, para desproveer a la persona de sus derechos”.

 

De hecho, explican, las quejas por la falta de humanidad en el trato y la desasistencia en los contextos de internamiento son una queja harto frecuente de las personas que acuden buscando asesoramiento en la Confederación Salud Mental España.

 

Finalmente, el problema del Desahucio en un caso puntual ilustra la vulneración de ese último derecho, a un nivel de vida adecuado y protección social.

 

El informe se cierra con tres anexos, donde la entidad profundiza en su ya conocida propuesta de intervención terapéutica como alternativa al Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI); en la opción de las medidas terapéuticas para evitar tener que recurrir a medidas coactivas y en el informe del Comité Jurídico de la Confederación FEAFES “El ingreso involuntario a la luz de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". 

 

Así, en definitiva, solo queda atenerse a las normas y conducir toda actuación, atención o asistencia dirigida a las personas con enfermedad mental según las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que deben cumplir los principios de los modelos comunitario y de atención integral. Esto es, teniendo en cuenta la naturaleza biopsicosocial de la salud y la diversidad de las personas (ofreciendo, al menos, atención farmacológica, atención psicológicapsicoterapéutica, de rehabilitación psicosocial tanto a personas con enfermedad mental como a sus familiares) cumpliendo los criterios de atención en la comunidad, con especial énfasis en la prevención, con una red de dispositivos con funciones diversas y complementarias, compuestos por equipos multidisciplinares, garantizando la continuidad de cuidados, favoreciendo la vinculación entre servicios sanitarios y sociocomunitarios y garantizando la participación de los ciudadanos.

 

 

Además de las participaciones ya relatadas en relación a los derechos humanos, el día mundial fue celebrado ampliamente en nuestro país. Bajo el título “Soy como tú aunque aún no lo sepas”, se leyó un Manifiesto que apelaba, como el lema de este año, al conocimiento y a la empatía de la sociedad. “Nos duele la incomprensión, que nos ignoren, que no nos escuchen, que no nos entiendan. En cambio, nos sentimos bien cuando nos valoran, cuando reconocen nuestros aciertos, cuando nos aceptan”.

 

El presidente de Salud Mental España, Nel A. González Zapico, quiso aprovechar la oportunidad para volver a poner de relieve que “la salud mental debe ser una prioridad en las políticas públicas”. Pero la proclamación del Día Mundial de la Salud Mental fue a cargo de Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que expresó su apoyo y el de su Gobierno a la Confederación Salud Mental España por “su labor defendiendo los derechos de las personas con problemas de salud mental” y por “33 años de entrega y compromiso os han convertido en un referente fundamental en salud mental”. Camarero reconoció que “la salud mental es un tema capital para la sociedad del siglo XXI, y si queremos que la sociedad avance tenemos que hacerlo contando con todas las personas”.

 

La jornada estuvo organizada en dos bloques temáticos, la primera mesa llevó por título “Grupos de iguales. Un modelo de apoyo” y el segundo bloque de debate se realizó bajo el título “Participación: de la teoría a la práctica”,

 

Para finalizar, Isabel Cabrera, representante de la asociación cántabra Ascasam en el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y Ana Ochoa, familiar de una persona con un problema de salud mental de la asociación sevillana Asaenes han protagonizado un emotivo debate en el que han hablado sobre “¿Qué nos hemos aportado?” desde la perspectiva de una persona con experiencia propia y como familiar respectivamente.