"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Aquí nos discriminan
"El Tribunal Constitucional no está a la altura de la Constitución Española"
08/02/2017
Blanca Abella y Beatriz Sancho - Fotos: Jorge Villa
Una vez más, 'cermi.es semanal' despliega su capacidad humana para cubrir un acto de protesta de suma relevancia para el CERMI, para toda la sociedad, y reúne, aúna voces imprescindibles que reclaman con fuerza y firmeza, a coro, en cuorum, el voto para las 100.000 personas con discapacidad que aún no pueden ejercer este derecho amparado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado bajo el que debería inspirarse la aplicación de la Constitución en nuestro país. Y porque "creemos en la Constitución", dice el presidente del CERMI, "la vamos a ejercer hasta sus máximas consecuencias. Y nos darán la razón".
Antonio Hinojosa García, en primera persona. Trabajador de Plena Inclusión con discapacidad intelectual
"Estoy aquí para reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad porque hay 100.000 personas en España con discapacidad intelectual y otras discapacidades a los que no se les permiten votar", denuncia el trabajador de Plena Inclusión, Antonio Hinojosa, que se encargó de leer el manifiesto en el acto de protesta de ayer delante del Tribunal Constitucional (TC) para pedir el voto de todas las personas con discapacidad.
"Gracias a Dios yo puedo votar", admitió, "pero animo a todas las personas con cualquier discapacidad que aún no pueden hacerlo a que luchen con uñas y dientes, hasta el final para que se respeten sus derechos y sean aceptados por la sociedad". "No permitirles votar es convertirles en personas indefensas", sentenció Hinojosa, "porque les están quitando un derecho universal que cualquier persona tiene en democracia: el de votar".
Inés de Araoz. Asesora jurídica de Plena Inclusión
"Por otro lado", continúa De Araoz, "el Tribunal Constitucional en este caso concreto está aplicando esta ley vigente, pero sin tener en cuenta la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ser un elemento que interprete la LOREG". "España reconoce la autoridad de este Comité y se debe tener en cuenta al aplicar nuestra legislación".
La dificultad para cambiar la legislación la encuentra la asesora jurídica de la Confederación Plena Inclusión en el modelo sociocultural actual porque "impregna la legislación y en la legislación pensamos que hay un determinado tipo de personas, personas con discapacidad, que no son capaces de tomar decisiones y consideramos que hay tomarlas por ellas".
Además del derecho al voto, hay otro tema importante para el CERMI y es el de la accesibilidad física y cognitiva para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. "Tenemos que "cambiar los entornos que tenemos, incluso permitir que una persona con discapacidad intelectual forme parte de una mesa electoral".
El derecho al voto para esta experta jurídica de Plena Inclusión tiene mucho que ver con la ciudadanía, con ser un ciudadano de pleno derecho "y es una cuestión que las personas con discapacidad intelectual suelen tomarse muy en serio. De hecho, gran parte de las personas con discapacidad intelectual que votan se lo toman mucho más en serio que la mayoría de las personas".
Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI
En su opinión, esta situación se debe a "prevenciones arcaicas, culturales, miedos no sabemos muy bien hacia qué" y justo porque esta sociedad "hace mucho tiempo que ha avanzado lo suficiente, toca, es imprescindible", subraya Moral, "que no siga permitiendo que 100.000 personas con discapacidad estén privadas del derecho de voto solo porque sí".
"La del Tribunal Constitucional, más que una sentencia discriminatoria es vulneradora de la propia dignidad de las personas, va mucho más allá", encuadra el asesor jurídico del CERMI. "Si yo fuera una persona afectada me sentiría insultada por algunas manifestaciones. Están tocando mi propia dignidad, de hecho, me siento así como ciudadano porque empatizo por lo sucedido, siento gran cercanía y no puedo entender ese grado de insensibilidad, de alejamiento cuando estamos hablando de un derecho fundamental".
Además, Óscar Moral cuestiona la autoridad de quiénes valoran la capacidad de la persona para poder votar o no votar o para elegir o saber elegir. "Si hay que hacer un examen o un test para poder votar", demanda, "habrá que hacérselo a todos los ciudadanos".
Santiago López, presidente de Plena Inclusión
Lo más sencillo para conseguir este objetivo del movimiento asociativo de la discapacidad es para el presidente de Plena Inclusión que se suprima el artículo que impide el voto a 100.000 personas con discapacidad: "sin marcar baremos o excepciones, solo que la persona tiene ese derecho y que lo tenga. Que la persona pueda ejercer o no su derecho es otra cosa. Si no puede votar, no lo hará", aclara, "pero tiene que dársele la posibilidad, reconocer su derecho".
Además, López manifestó estar "absolutamente convencido" de que lo conseguirán "especialmente con esta legislatura de pactos, que nos favorece. Tengo la esperanza de que antes de su término lograremos modificar la ley".
José Fabián Cámara, presidente de Down España
"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la que es una de las violaciones más flagrantes que se están produciendo en nuestro país", instigó Fabián Cámara. "Necesitamos alzar la voz para denunciar este hecho y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la población, con o sin discapacidad.”
Además el presidente de Down España reclamó la necesidad de que la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Obligar se realice cuanto antes y acusó de segregación "de nuestro colectivo" el hecho de que los jueces les examinen para constatar su capacidad de comprensión para poder votar. De hecho, incluso calificó de "denigrante" este proceso "en cuanto que no se le realiza el resto de la sociedad”.
Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental
"Curiosamente, las personas con trastorno mental somos las que menos se nos nota que nos impiden votar, pero hay un número importante dentro de nuestro sector poblacional que está privada del derecho al voto", revela el mandatario del Con Salud Mental España.
"Estoy totalmente de acuerdo con lo que se manifiesta desde el CERMI de que no puede haber ninguna excepción a la hora de devolver el derecho al voto a las 100.000 personas con discapacidad que no lo tienen. En España tenemos que tener en cuenta y todo debe de ser reorientado en torno a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad", advierte González, "y por ello no puede haber absolutamente ninguna restricción".
"La no admisión por parte del TC del recurso de amparo de Mara pone en evidencia que la reivindicación ciudadana, la manifestación de nuestras necesidades va muy por delante respecto a la inercia de las instituciones. Pero esto es algo que tiene que cambiar", sostiene el presidente del movimiento asociativo de las personas con problemas de salud mental, "sí o sí".
Paloma Martínez, presidenta de la Federación Española de Asperger
"Cuando el juez ve a esta persona con discapacidad, considera que tiene dificultades de comunicación, de entender el funcionamiento de la sociedad, no puede votar. Y cuando insistimos que se le ayude una persona de apoyo nos dice que lo mismo podemos torcerles su voluntad. Se nos acusa de delincuencia preorganizada", critica Martínez, "y me parece fatal".
"Podríamos torcer la voluntad de muchas personas a la hora de ejercer el voto, la de mi padre, por ejemplo, con 98 años. Pero a nadie se le exige un certificado de idoneidad para votar, solo a las personas con discapacidad, ¿por qué?", pregunta la presidenta de la Federación Española de Asperger.
Ana Peláez, miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
"Protestamos por el derecho al voto de todas las personas con discapacidad sin restricciones", comenzó su declaración a cermi.es semanal la activista de española de Derechos Humanos, Ana Peláez. "Tenemos una Convención que así lo reconoce y no podemos consentir que, incluso personas que están desprovistas de su capacidad legal, no puedan ejercer ese derecho al voto".
La jurisprudencia del Comité de Naciones Unidas, según invocó Peláez, "así lo dice. Cualquier persona tiene derecho al sufragio universal y aquí estamos para demandar ese derecho que se le tiene que otorgar directamente a quienes incluso no gocen de esa capacidad jurídica plena".
Y es que, recuerda la también vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres: "a las personas con discapacidad se les exige un conocimiento de la realidad política que ni muchísimo menos la ciudadanía en general lo tiene". La paradoja está en que esta ciudadanía, remarca Peláez, "es totalmente inconsistente con los propósitos de igualdad y no discriminación. No entiendo por qué existe si quiera este presupuesto social, esa exigencia, por parte de los operadores jurídicos, de la legislación española, en cuestionar ese derecho que tiene cualquier persona".
Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y de su Fundación
"La eliminación de barreras mentales son las más difíciles de derribar", enfocó Carballeda, "y en este país estamos aún en su eliminación por lo que les pido a aquellas personas que nos limitan, que sean más abiertos de mente y que, por favor, no sigan incurriendo en este error".
Antxo Queiruga, presidente de Cocemfe
"España es un país que tiene mucha normativa y está considerado en un país avanzado en este sentido, pero no es eficaz, ni tiene los controles necesarios para que se realice lo que dice la ley porque siguen existiendo injusticias, como es el caso de Mara, incluso cuando se redactan hace poco", comentó Queiruga.
"Lo seguimos haciendo mal, por eso me pregunto: ¿ha avanzado la situación de las personas con discapacidad en los últimos 30 años? Sí, pero es irónico que si cogemos un decálogo de las diez cosas que reivindicábamos entonces, siete siguen sin materializarse. Por lo tanto", resumió el presidente de Cocemfe, "solo entrecomillas hemos avanzado, y por eso nuestras demandas tienen que estar en la agenda política, en la agenda de todos los políticos y de todos los grupos parlamentarios".
Francisco Sardón, presidente de Predif
"Tampoco podemos olvidar que en las últimas elecciones cerca de 80.000 personas han tenido muchas dificultades a la hora de ejercer su voto por problemas para acceder a los espacios electorales", denunció el presidente de Predif. "Esto también es una forma de discriminar y de dificultar el derecho al voto que es fundamental en cualquier democracia".
En este sentido, Sardón expresa su sorpresa de que "aún no se hayan eliminado todas las barreras físicas y de comunicación para que ninguna persona, por problemas de accesibilidad, pueda ejercer su derecho al voto". Hay que evidenciar, según este activista, "las dificultades e incluso la imposibilidad de votar de muchas de estas 80.000 personas a la hora de ir a votar".
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI
"Las personas con discapacidad estamos constatando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando llegan temas que nos afectan", puntualizó Pérez Bueno, "es casi hostil con los derechos de las personas con discapacidad". En este sentido, añadió que el TC "no ha asumido la cultura de derechos humanos y discapacidad de la Convención".
Refirió además el mandatario del movimiento asociativo estatal de la discapacidad que el caso de la LOREG, la ley electoral, al ser una norma previa a la Convención tiene que ser revisada, entendida y aplicada conforme a esa Convención que en su artículo 29 dice que ninguna persona con discapacidad puede, por motivos asociados a su discapacidad, ser privada de voto. El jurista aclaró que se trata de un "un derecho irrestricto a la participación política: el derecho de voto, sufragio activo y pasivo", y arremetió contra el TC por no haber tenido "la decencia de asumir un recurso de amparo"- el de Mara- y "despacharlo sin entrar en el fondo y sin considerar que era una materia relevante constitucional".
Respecto al caso de Mara insistió en que al movimiento asociativo lo considera "un atropello, que está cerrando las puertas de esa casa grande que es la Constitución a las personas con discapacidad". "No está haciendo honor a la tarea que tiene encomendada, la de proteger y promover los derechos de todos los españoles. Y por eso estamos aquí", esclareció, "para que aprendan, para que sepan que hay una ciudadanía que no se calla, que hemos podido ser muy discreta a lo largo de la historia, pero que salimos de ese espacio de silencio para hacernos notar. Espero que aprendan la lección".
Por otra parte, Luis Cayo Pérez Bueno también puso en entredicho la cuestión de que muchos partidos políticos, aunque lleven en su programa el cambio de la ley electoral para que las personas con discapacidad puedan votar, continúen preguntándose si el voto sería para "todas las personas con discapacidad". "Es obsceno preguntar e incidir sobre si alguien tiene discernimiento o no para votar cuando no se pregunta a nadie más, ni se examina a nadie más", critica.
Para el CERMI "no vale con dar el derecho al voto al 90 por ciento o al 98 por ciento. Esto es un asunto de fuero", declaró. "Todas las personas con discapacidad tienen que tener su derecho al voto. No podemos aceptar que sea una minoría porque la mayoría de las propuestas parece que pueden ir en el sentido de que haya excepciones. No admitimos excepciones. Esto es un derecho absoluto", sentenció, "no caben excepciones".
Respecto al caso concreto de Mara, el catalizador último que provocó la convocatoria del acto de protesta del miércoles, el mandatario del movimiento asociativo de la discapacidad comentó lo que cuesta entender que, a pesar de la separación de poderes, el TC, que es un tribunal independiente, no esté a la vanguardia.
"En algunas otras sentencias, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo que la Constitución tenía que ser interpretada evolutivamente, que no era una cuestión estática, que tenía ya 40 años y que debería adaptarse a la realidad en la que se tiene que aplicar", recordó. "Sin embargo, en el caso de Mara la interpretación no se ha realizado evolutivamente, sino involutivamente. Sinceramente, ha sido así porque ellos no han tenido como base de decisión la Constitución y lo que la Constitución permite: entender la Convención como tratado de derechos humanos".
Para Pérez Bueno los miembros del TC han partido de "sus ideas personales, propias, de su cosmovisión de la vida, no como magistrados sino como Fulanito de Tal o Menganita del Cual". "Y su visión", denuncia, "es de desconfianza, una visión de las personas con discapacidad como seres en permanente infancia, como seres débiles, manipulables, influenciables". "No son jueces los que han juzgado, sino personas con prejuicios. Esa es la lectura que hago de esta sentencia".
No obstante, el presidente del CERMI asegura que aunque las personas con discapacidad "nos sentimos en la casa de la Constitución, no vamos a conformarnos con que les dejen en el desván" porque "si es una casa grande, las personas con discapacidad no podemos estar ni en el desván, ni en el cuarto de la limpieza, ni en ningún sitio oscuro". Lo que requiere Pérez Bueno es habitar "en las zonas amplias de la Constitución, donde se produce la vida del país. Y eso pasa también por poder participar electoralmente, por poder ser elegidos y por poder elegir" porque, concluye el dirigente del movimiento asociativo de la discapacidad: "ejercer la ley es el mejor instrumento que tenemos. Creemos en la Constitución y la vamos a ejercer hasta sus máximas consecuencias. Y nos darán la razón, terminarán dándonosla".
