Desde el año 2011 Feaps trabaja en una campaña con un simple reclamo, aparentemente, "mi voto cuenta". Es un trabajo en equipo que implica en primer lugar a las propias personas con discapacidad intelectual que forman parte de la campaña como actores-emisores y como receptores. 

 

"La campaña se inició en las elecciones generales de 2011. Permanece latente y se activa con cada una de las elecciones", explica Fermín Núñez. "Es una campaña de sensibilización a la opinión pública sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y entendemos que son parte especialmente interesadas las propias personas con discapacidad intelectual", afirma.

 

Feaps responde así a lo que ellos mismos definen como su misión, que es la de implicar a las propias personas con discapacidad intelectual en su autorepresentación, en empoderarlas para que ellas sean conscientes de la importancia de los derechos y sean capaces de reivindicarlos por sí mismas.

 

 

La campaña se basa en el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que los Estados Parte, entre los que se encuentra España, garantizarán a estas personas los derechos políticos en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. 

 

Entre estos derechos se encuentran el del voto, sin embargo, actualmente en España hay alrededor de 80.000 personas, según datos de 2011 de la Junta Electoral Central, que están privadas de su derecho al voto al haber sido declaradas como incapacitadas por sentencias judiciales. Esta situación, que permite la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), vulnera la Convención de la ONU, ratificada por España en 2008.

 

"Una característica como la discapacidad no puede ser un condicionante que anule tu derecho al voto, incluso si te incapacitan. La modificación legal que reclamamos es que se separe completamente la posibilidad del ejercicio del derecho al voto de las incapacitaciones, que se incluya en la ley electoral que en ningún caso una incapacitación puede suponer una anulación del derecho a voto", explica Fermín Núñez.

 

"No hay ninguna justificación basada en las características y en el entorno de la persona que justifique que se prive el derecho a voto, pero como en este país no se aplican los tratados internacionales de derechos humanos, que además tienen prevalencia sobre las leyes orgánicas...", añade Inés de Araoz.

 

Esta práctica fue denunciada por Feaps en carta remitida al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado en 2010. La Fiscalía reaccionó emitiendo una circular a todos los fiscales territoriales señalando que deben ser cuidadosos con esta cuestión y no solo mantener desde un principio que el derecho de voto debe conservarse, sino incluso proponer que se inicien procedimientos de revisión de las sentencias de incapacidad ya dictadas.

 

"Hasta hace poco las sentencias de incapacitación eran un documento tipo donde se recogía esa anulación del derecho a voto. Nos parece muy grave. Ninguna persona tiene que tener ningún requisito previo para ejercer este derecho fundamental, tenga o no discapacidad", sentencia Fermín Núñez. 

 

Los pasos se van dando pero no se logra una posición firme desde los poderes públicos: "Hace un año, los grupos parlamentarios por unanimidad acordaron hacer un informe en un plazo de seis meses para abordar esta modificación legislativa. Ha pasado más de un año y no tenemos constancia de que se haya abordado ese informe y el Gobierno, que es quien tendría que impulsar este informe y esta reforma, no lo ha abordado", explica el responsable de Comunicación de Feaps.

 

A pesar de las resistencias oficiales, desde el mundo asociativo la actividad es continua y tiene ya sus efectos, "cada vez hay más acciones de familiares que quieren recuperar el derecho al voto, incluso sentencias favorables. También hay algún caso en los que se decide la incapacitación pero se pide explícitamente que se conserve el derecho a voto, aunque todavía nos encontramos con jueces que incluso con esa petición, no lo hacen", relata Inés De Araoz.

 

 

"El voto es un derecho que define la ciudadanía y es muy importante para las personas con discapacidad", asegura la asesora jurídica de FEaps, y añade: "Las personas con discapacidad intelectual cada vez están más concienciadas y se preguntan por qué no pueden votar, no lo entienden, sobre todo porque se interesan bastante por la vida política". 

 

Una parte importante de la campaña la han protagonizado las personas con discapacidad intelectual, "cuando les explicas a ellos todo el proceso se sienten muy motivados", asegura Fermín Núñez.

 

En las visitas a partidos políticos hicieron un equipo de unas 4-5 personas que habían recibido una formación específica en sus propios derechos y en los derechos de la Convención, "estaban muy empoderadas en ese sentido y ellas iban con un mensaje, con un discurso propio a ver a los votantes, a los políticos, y tuvo mucha efectividad, más que si hubiesen ido profesionales del sector o de la junta directiva de la entidad, porque al final el político se encontraba con el votante", explica el responsable de Comunicación de Feaps. 

 

En Feaps también han elaborado vídeos sobre la campaña, algunos protagonizados por personas con discapacidad y dirigidos a sus iguales, "para animarles a que reivindiquen, tanto con sus familias como en general su derecho al voto y en primer lugar que sean conscientes de la situación en la que están, saber si tienen una incapacitación o no", añade Núñez. Y es que hay muchas personas con discapacidad intelectual no saben cuál es su siatuación y asi lo constataron en Feaps recientemente: "muchas de ellas no conocían el estado de su derecho al voto, no sabían si podían ejercerlo o no dentro de su incapacitación". 

 

A veces, estando incluso en la lista del censo electoral, en la propia mesa les han dicho que no pueden votar, tienen dificultades. De ahí que ha habido incluso acciones en la campaña con interventores de los partidos políticos.

 

"Estas personas son ciudadanos de pleno derecho para todo y eso es fundamental transmitírselo a ellos, en esta campaña una parte fundamental es intentar concienciarles a ellos de esto y que sean ellos los que tiren, en parte, del carro y que en su propia familia puedan ellos reclamar ese derecho", resume Fermín Núñez.

 

 

Otra parte importante de la campaña está relacionada con la accesibilidad cognitiva. "Hay muchas personas que sí tienen garantizado legalmente su posibilidad de derecho al voto, pero al final en la práctica tampoco lo hacen en igualdad de condiciones porque los mensajes de los partidos políticos y la información que da la propia junta electoral no son accesibles para este colectivo y para muchas otras personas", explica el representante de Feaps. 

 

Dentro de la campaña #MiVotoCuenta2015, FEAPS ha enviado sendas cartas a la Junta Electoral Central, la Defensora del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad, con el fin de reclamar en nombre de este colectivo un acceso igualitario a todo el proceso electoral.

 

En la carta, firmada por el presidente de FEAPS Santiago López Noguera, FEAPS reclama el derecho de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de todas aquellas con alguna dificultad de comprensión, a acceder en igualdad de condiciones a toda la información electoral, los espacios de votación en los colegios electorales, así como a los manuales de las propias mesas.

 

Desde la entidad se ofrece a las personas con discapacidad intelectual información en lectura fácil sobre el proceso electoral y se reclama a los partidos y administraciones una información similar.

 

'Guía del derecho al voto para personas con discapacidad intelectual'

 

 

Además de la página web www.mivotocuenta.es, durante la campaña se utilizarán el hashtag #MiVotoCuenta2015 en la red social Twitter, y la página de Facebook mivotocuenta para dar visibilidad a las acciones que se realicen así como a la información que aparezca en Internet y el resto de medios de comunicación.

 

Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

•  i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
•  ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
•  iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

•  i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
•  ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.