El inicio del curso 2018-2019 de los alumnos con discapacidad ha arrancado sin cambios respecto al anterior y se mantienen, de forma generalizada, la falta a apoyos a aquellos que presentan dificultades de aprendizaje y de accesibilidad de las instalaciones, según advierte a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

 

Así, destaca que el curso arranca con la condena a España de Naciones Unidas emitida la pasada primavera por "vulneración sistemática" del derecho a la educación inclusiva, vigente en el artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace más de una década.

 

España mantiene estructuras educativas segregadoras, según Naciones Unidas, ya que el 20% del alumnado con discapacidad (unos 40.000) está matriculado en centros de educación especial y no en centros ordinarios como obliga la Convención.

 

"Esta severa condena deja muy quebrada la imagen de España como Estado comprometido con los derechos humanos de las personas con discapacidad. El Estado español no ha reaccionado: Ni el anterior Gobierno ni el actual han acusado recibo de esta condena ni han declarado qué van a hacer para revertir esa vulneración estructural", subraya Pérez Bueno.

 

 

Sobre la accesibilidad de los espacios públicos, entre los que están incluidos los centros educativos, el movimiento asociativo de la discapacidad denuncia que este curso debía ser el primero en que todo el sistema y entornos escolares tenían que ser plenamente accesibles, tal y como obliga el real decreto ley por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.

 

"Esta obligación legal se incumple de forma generalizada, pues son muchos los entornos educativos que presentan problemas de accesibilidad, impidiendo la participación regular y la progresión del alumnado con discapacidad", subraya el presidente del CERMI.

 

En cuanto a la falta de apoyos educativos, reales y efectivos, advierte de que es la "tónica" del sistema educativo español, incluso para el alumnado con discapacidad matriculado en centros ordinarios, donde la "carencia, insuficiencia o discontinuidad de los apoyos es palmaria" y, por tanto, hace que la inclusión no sea real.

 

 

El movimiento asociativo sostiene que el curso también ha comenzado con un "grave problema" generado por la LOMCE, y que implica que una parte del alumnado con discapacidad intelectual, para el que se han realizado adaptaciones curriculares significativas, no puede titular en la ESO, pese a haber aprobado los cursos. "Esto frustra sus expectativas y alimenta el fracaso y el abandono escolar", asevera.

 

Por último, censura la "mala práctica extendida" de "discriminación y/o exclusión" que sufre el alumnado con discapacidad a la hora de participar en actividades extraescolares promovidas por los centros educativos.

 

Pérez Bueno asegura que el centro "niega la participación del alumnado con discapacidad o se desentiende de los apoyos --monitores, personal de acompañamiento, transporte accesible, etc.-- necesarios para esa participación, condicionando a que sea la familia la que a sus expensas preste esos apoyos. De lo contrario, el alumno queda excluido".

 

(Información publicada por Europa Press)