El objetivo que se pretenden alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad. Por ello, la modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en este caso mediante la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 21/2018, de 26 de julio), a la par que para actualizar las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra Ley de Función Pública. 

 

Ello, según explica el CERMI CyL, implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso.

 

Durante la presentación del proyecto de decreto, -en la que intervinieron el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez-, Ángel Ibáñez indicó algunas de las modificaciones que se proponen en el texto, y que suponen una novedad en el mismo.

 

Entre estas, destacó que el grado reconocido de discapacidad se verá modificado y pasará a ser del 65 % en vez del 75 %, como estaba contemplado hasta el momento; se contemplarán las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; o, en especial, el desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta, a raíz del trabajo de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya fue premiada en 2020 con el Premio ‘Plena Inclusión’, en la categoría ‘Apoyo en el Puesto de Trabajo’.

 

Tal y como explicó Ibáñez, esta modificación del decreto pone de manifiesto que, para el Gobierno de Castilla y León, “la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un eje prioritario”. Según afirmó, se trata de “un nuevo impulso que suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública”.

 

“Queremos retener y atraer talento para que esta Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados. Por ello, no podemos renunciar a dotarnos de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios”, señaló.

 

En la misma línea, Isabel Blanco incidió en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo de las personas con discapacidad. Al respecto, recordó la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual –cuatro mujeres y un hombre– a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales. 

 

A través del proyecto de decreto presentado este lunes, se trata de favorecer aún más el acceso laboral de este colectivo al sector público, adaptando las pruebas selectivas a sus necesidades y abriendo estos procesos también a las personas con enfermedad mental y parálisis cerebral. En esta tarea colaborarán las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a las entidades del Tercer Sector.

 

Por su parte, el presidente del CERMI Castilla y León, Juan Pérez, valoró positivamente esta modificación y la colaboración tan estrecha que ambas consejerías mantienen con CERMI Castilla y León. Para él, la incorporación de las personas con parálisis cerebral y las personas con enfermedad mental como colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, así como la modificación del grado de discapacidad del 75% al 65 % para las personas con discapacidad física o sensorial, “son una demanda histórica del sector que se hace realidad con esta modificación”.