Este ha sido el objeto de la reunión que ha tenido lugar este miércoles en la sede del CERMI Estatal, en Madrid, con la vicepresidenta de la Región de Murcia y consejera de mujer, igualdad, LGTBI, familias y política social, Isabel Franco; y la directora general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social, Concha Ruiz.

 

Por parte del CERMI, han asistido a este encuentro el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; el vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González; el gerente del CERMI Estatal, Luis Alonso; el presidente de CERMI Región de Murcia, Pedro Martínez; la comisionada de CERMIS Autonómicos, Teresa Palahí; y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez.

 

En concreto, el CERMI ha pedido al gobierno de la Región de Murcia su apoyo para sacar adelante el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en materia de accesibilidad a la vivienda. 

 

También, durante la reunión se ha planteado la renovación del baremo de discapacidad, que, según el CERMI, supone “un instrumento técnico que tiene la administración para determinar quién tiene la discapacidad, en qué grado, de qué tipo y qué apoyos necesitaría”. “Es la puerta de entrada al sistema de recursos, de acompañamiento, de prestaciones públicas”, ha recalcado el presidente del CERMI. Asimismo, ha recordado que “la situación actual de nuestro baremo es del año 1999 y no refleja el enfoque social de la discapacidad, por lo que necesita que se corrijan las disfunciones”. No obstante, ha reconocido que este baremo “necesita el impulso para convertirse en un nuevo Real Decreto”.

 

En relación a la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en materia de accesibilidad a la vivienda, el CERMI ha solicitado el apoyo a la vicepresidenta para que se plantee esta reforma desde la Asamblea Regional de Murcia y consiga elevarse a las Cortes Generales. “Es una ley de los años 60 que ha quedado desactualizada y que es injusta para las personas con discapacidad y para las personas mayores”, ha declarado Pérez Bueno. 

 

Por ello, han reclamado que la accesibilidad sea considerada una “obligación de la comunidad y que donde haya una persona con discapacidad o mayor de 70 años, sea obligatoria hacer las reformas necesarias”.  En este sentido, Isabel Franco ha mostrado su apoyo para trasladar esta demanda del CERMI a la Asamblea Regional para que se pueda modificar. 

 

También se ha tratado el Plan de Choque de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que según CERMI, es una “ley fallida” a los 15 años de su aprobación y además “excluye a la discapacidad intelectual y la salud mental”. “Los servicios de promoción de la autonomía personal siguen siendo insuficientes y necesitamos que se replantee y que esté dirigida hacia un modelo social y no médico”, han reivindicado desde CERMI. 

 

Asimismo, se han puesto sobre la mesa las convocatorias que aún no han salido de los fondos Next Generation ligadas a la inclusión social y cohesión como son la Estrategia Española de Desinstitucionalización, España País Accesible y la de Digitalización del Tercer Sector de Acción Social. En relación a esto, Franco ha explicado que en la Región de Murcia se ha creado una oficina de coordinación desde la Consejería de Hacienda para “tratar de hacer fondo a esta cuestión lo más rápidamente posible”. 

 

 

Respecto a las mujeres y niñas con discapacidad, el CERMI ha pedido apoyo para valorar la posibilidad de cooperación entre CERMI Región de Murcia, el gobierno regional y la Fundación CERMI Mujeres a través de la promoción conjunta de proyectos sobre igualdad y de erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad.

 

En este sentido, la secretaria de la Fundación CERMI Mujeres, Pilar Villarino; y la vicepresidenta ejecutiva, Ana Peláez, han reclamado una macroencuesta específica de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad para poder contar con una radiografía que explique en qué situación se encuentran. 

 

Así, han recordado a la vicepresidenta de Murcia, la creación del estudio realizado sobre la situación de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género en Extremadura y en este sentido, han asegurado que, la colaboración con las administraciones territoriales en temas de lucha de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad “es esencial”.

 

Por ello, han propuesto que sea en esta ocasión, la Región de Murcia, la que se una a la entidad para poder trabajar en la elaboración de un nuevo estudio en esta comunidad para comparar datos y formular políticas que permitan luchar contra la violencia de “forma efectiva”.