Tal y como informó el periódico ‘La Opinión de Málaga’, la mujer fue condenada a seis meses de prisión porque incurrió en un delito al apropiarse de la tarjeta de aparcamiento de su padre, que había fallecido hace ocho años para aparcar en estas plazas reservadas.

 

Para el CERMI, se trata una resolución judicial alentadora que indica cómo deben actuar otras instancias judiciales ya que supone “un grave problema social para las personas con discapacidad” el que las plazas de aparcamiento sean utilizadas de modo no reglamentario por otras personas que no tienen ese derecho falseándolas o atribuyéndose una condición que no que tienen.

 

Por último, la plataforma de la discapacidad espera que esta actuación del órgano judicial malagueño, que considera acertada, se extienda por todas las ciudades y pueblos de España y que las policías locales vigilen “más estrechamente las irregularidades y el mal uso de este tipo de plazas reservadas” para “remitir este tipo de actuaciones a la justicia cuando la infracción sea muy grave y los hechos supongan un notable perjuicio para que sea perseguida judicialmente”.

 

Fuente: Servimedia