El Boletín oficial del Estado publica hoy la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, iniciativa legislativa que ha gozado de un elevado grado de consenso de todas las partes concernidas, entre ellas el CERMI, en representación de la discapacidad organizada, obteniendo también un parlamentario unánime.

 

La nueva Ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, supone una importante modernización y actualización del baremo vigente, adaptándose mucho mejor a la realidad de las personas que adquieren una discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico.

 

Desde 1995, las indemnizaciones por accidentes de tráfico, que eran muy inferiores en cuantía a las existentes en los demás países europeos, no se revisaban, limitándose el Estado a actualizarlas con arreglo a la inflación, lo que significaba que estas compensaciones no alcanzaban a reparar los efectos económicos, sanitarios y sociales que el accidente representa para las víctimas y sus familias.

 

El nuevo cuadro indemnizatorio, como contempla el texto de la reforma legal aprobada, no solo mejora en suficiencia económica, sino que va orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a la víctima para que pueda reincorporarse activamente a la vida en comunidad, potenciando al máximo su autonomía personal.