Así lo ha trasladado una delegación del CERMI al Director General del Patrimonio del Estado, Juan Tejedor Carnero, con el que ha mantenido una reunión virtual en el día de hoy, para reposar los asuntos en agenda del sector de la discapacidad en relación con la contratación pública.

 

El CERMI ha puesto el énfasis en los dos desarrollos más necesarios como son el acuerdo del Consejo de Ministros fijando el porcentaje de contratos reservados par centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción en el ámbito de la Administración General del Estado, y el establecimiento del mecanismo para que las empresas acrediten el cumplimento del cupo del 2 por 100 de trabajadores con discapacidad contratados, para plantillas iguales o superiores a 50 empleados, ya que es requisito de admisibilidad en las licitaciones públicas.

 

Otros temas planteados por el CERMI a Hacienda han sido el anuncio del Gobierno de reforma de la normativa sobre contratación públicas para hacerla más flexible y eficaz, y la situación del proyecto de ley de contratación pública de sectores excluidos, que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados, para que no se produzca ningún retroceso respecto de lo conseguido con al Ley de 2017.

 

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio del Estado ha anunciado al CERMI que en primer trimestre de 2021 dispondrá de datos acerca de la reserva de contratos que las Administraciones Públicos efectúan en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, de acuerdo con los mandatos de la Ley de 2017, lo que permitirá hacerse una idea de su efectividad.