Según afirmó el CERMI, “para el movimiento de la discapacidad es necesaria y posible una ley de carácter estatal que regule las condiciones para que todas las personas que residen en España tengan unos derechos sociales iguales que les permitan llevar una vida digna y participativa, sin que existan inequidades ni agravios por motivos de adscripción territorial”. 

 

“Incluso con el marco constitucional vigente, esa legislación estatal es factible”, destaca el comité. Tal y como, consideran, quedó demostrado en el seminario que el CERMI dedicó a esta cuestión en 2010, en el que “juristas eminentes” señalaron esa posibilidad, ya que la Constitución española lo permite, pues los derechos sociales son algo más amplio y de “mucha mayor entidad que la asistencia social”, algo que, advirtieron, solo atribuido a las comunidades autónomas.

 

Por último, argumenta que “el CERMI es partidario de modificar la Constitución para que se le atribuya expresamente al Estado las competencias básicas en materia de garantía de derechos sociales”.