Dado que las entidades locales con superávit pueden destinar parte de este excedente a inversiones sostenibles en materia de accesibilidad universal, entre otros fines, según el el real decreto-ley aprobado el viernes pasado por el Gobierno de España, que acogía así una demanda del CERMI, desde el sector social de la discapacidad se reclama a los poderes locales que dediquen como mínimo una décima parte de este superávit a actuaciones de accesibilidad universal.

 

Esta fondos adicionales se instrumentarían mediante un plan extraordinario, que se sumaría y complementaría las inversiones corrientes en esta materia que ya estuvieran aprobadas en sus presupuestos ordinarios.

 

La dimensión territorial de la discapacidad organizada, a través de los 19 CERMIS Autonómicos existentes -uno por cada comunidad autónoma, más los de las ciudades de Ceuta y Melilla- se dirigirán a cada una de las corporaciones locales en situación de superávit exigiendo este compromiso extraordinario de inversión con la acesibilidad universal, y aprovechar de este modo parte del excedente para avanzar en el objetivo de ciudades y pueblos accesibles, del que estamos aún muy lejos en España.