Así lo ha planteado el CERMI, en una reunión virtual mantenida hoy el titular del ministerio de Consumo, en la que Garzón ha presentado al sector de la discapacidad las conclusiones del estudio oficial Aladino 2019, sobre obesidad infantil.

 

El ministerio de Consumo ha querido conocer, de primera mano, la situación de la infancia con discapacidad en relación con el problema de salud y social de la obesidad en las primeras edades, y las propuestas para atajarlo o remediarlo que pudieran hacerse desde el CERMI.

 

Desde la plataforma de la discapacidad se ha trasladado al ministro, en primer término, la necesidad de que el factor de discapacidad sea una variable relevante en todos los estudios sobre consumo, que se registre y que se siga, para generar conocimiento valioso sobre consumo y personas con discapacidad.

 

Además, el CERMI ha evidenciado el mayor riesgo de obesidad entre la infancia con discapacidad de sufrir obesidad al pertenecer a un grupo en exclusión social y económica, elemento determinante para la sobreaparición de problemas de peso. Otros hechos, a juicio del CERMI, que exponen más intensamente a los niños y niñas con discapacidad a la obesidad son el que una parte de esta población está institucionalizada, por lo que la calidad y los hábitos de alimentación vienen decididos por otros, y la dificultad que tienen familias con progenitores con discapacidad –por ejemplo, visual- para acceder a la información nutricional de los alimentos, al no existir obligación de que esta sea accesible (rotulación braille, etc.).