Como primera cuestión que el CERMI dirige al “grupo de sabios” de Hacienda es que la reforma fiscal en curso no suponga nunca retroceso o regresión de los beneficios fiscales ya establecidos y consolidados en la legislación tributaria a favor de las personas con discapacidad, sus familias y las entidades sociales del tercer sector de la discapacidad. No sería admisible ninguna pérdida de ventaja tributaria, sino que hay que actualizar y ampliar el cuadro de beneficios fiscales actualmente vigente.

 

Para el CERMI, y así se lo ha trasladado a este grupo experto, existe recorrido de mejora para las personas con discapacidad en el sistema tributario español, y la próxima reforma debería intensificar un tratamiento más beneficioso por este motivo.

 

Tanto en los impuestos ligados a la capacidad de generar renta (IRPF) como los vinculados a la adquisición de productos, bienes y servicios (IVA), así como los relacionados con el ahorro (planes de pensiones y patrimonio protegido), como más relevantes, se puede y se debe avanzar para que la fiscalidad tenga verdaderamente un rostro social y contribuya a la inclusión y protección de las personas con discapacidad y las familias en las que se integran. También en los impuestos a las empresas (Sociedades), es imprescindible dispensar un trato más adecuado a la discapacidad para favorecer la inclusión laboral, la accesibilidad universal y las alianzas con el tercer sector.

 

Otro ámbito que requiere una profunda revisión en clave de mejor trato a la discapacidad son los impuestos locales -a cargo de los Ayuntamientos- y que el Legislador opte por las nuevas fiscalidades, como la verde, olvidando o desconsiderando la social.