El próximo gobierno de Europa, que se conformará en próximas fechas, ha de asumir en toda su intensidad, más allá de retóricas, los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y traducirlos en legislaciones y políticas europeas exigentes, tanto respecto de las propias instituciones europeas como respecto de los Estados miembro.

 

La próxima Comisión Europea ha de fijarse el año 2020 como horizonte temporal para implantar las decisiones que permitan a los casi 100 millones de mujeres y hombres europeos con discapacidad acceder al ejercicio de los derechos y libertades, y a los bienes sociales que garantizan la ciudadanía europea.

 

El CERMI requerirá especialmente del comisario español, si finalmente lo hay, que abandere dentro de la Comisión las políticas de inclusión de las personas con discapacidad, promoviendo la transversalidad dentro del colegio de comisarios.