En opinión del CERMI, la exclusión de las personas con discapacidad y de las familias en las que estas se integran de este bono, que abarata el coste del suministro de electricidad a determinados grupos por motivos sociales, no está justificada, ya que precisamente son un segmento particularmente vulnerable en términos económicos, al tener menos capacidad de renta con carácter general y al sufrir un sobrecoste en la adquisición de productos y servicios básicos por razón de discapacidad.

 

En la motivación de su propuesta, el CERMI señala que muchas personas con discapacidad se ven obligadas a consumir más intensamente electricidad que otros usuarios pues utilizan asiduamente aparatos y productos de apoyo eléctricos (sillas de ruedas, etc.), que disparan el consumo medio de cualquier persona o familia.   

 

Por ello, la plataforma de la discapacidad pide al Gobierno la modificación del apartado que regula el bono social eléctrico para ampliar este beneficio a las personas con discapacidad y a las familias de estas.