Entre estas, la plataforma de la discapacidad señala como más apremiante la reorientación de la modificación del Código Penal, desde hace más de un año en trámite parlamentario, para evitar cambios negativos en el régimen jurídico de las medidas de seguridad aplicables a personas inimputables por razón de discapacidad y para desterrar cualquier reintroducción en el Derecho penal español del concepto de peligrosidad social.

 

En relación con la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el CERMI reclama a Justicia abordar con urgencia la adaptación del ordenamiento normativo a los mandatos del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, que exige derogar el sistema de incapacitación aún vigente y sustituirlo por uno de apoyo a la toma de decisiones.

 

Otras reformas que espera el sector social de la discapacidad, se refieren al reforzamiento de la protección de las personas con discapacidad cuando son víctimas del delitos, la supresión de las tasas judiciales y la ampliación de la justicia gratuita en caso de discapacidad o la revisión del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española para desterrar cualquier discriminación o trato desigual por razón de discapacidad.