Este deber ha sido establecido por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de diversas directivas, que ha modificado el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, introduciendo como nueva infracción administrativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios “la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal”.

 

Con esta decisión, se avanza en el blindaje del efectivo como medio de pago universal y también en la protección de la libertad del consumidor, que cuenta con cobertura legal para elegir entre utilizar el efectivo o los medios electrónicos, sin imposiciones unilaterales.

 

El CERMI junto con otros operadores económicos, empresariales y sociales agrupados en la Plataforma Denaria viene defendiendo la implantación de un marco jurídico que garantice el uso libre del efectivo como forma de proteger los derechos de todos los consumidores, en especial de lo más vulnerables.