La plataforma de la discapacidad ya denunció que en el grupo de trabajo creado al efecto por el ministerio de Sanidad en la etapa de Dolors Monserrat para elaborar una propuesta legal de baremo de daños sanitarios no había presencia de los sectores sociales y que este déficit de participación iba a sesgar y debilitar los planteamientos de regulación que surgieran de su seno.

 

Sanidad, en la mandato de la ministra Monserrat, se había limitado a pasar un cuestionario escrito con una serie de preguntas sobre los aspectos esenciales del futuro baremo, pero sin abrir el grupo de trabajo a la sociedad civil de pacientes, discapacidad y mayores.

 

Tras los cambios de titular en el Departamento responsable de las políticas sanitarias, no se conoce a ciencia cierta en qué han quedado estos trabajos y el momento en que se encuentra la propuesta que debía confeccionar el grupo creado a este fin.

 

Además de su carácter dialogado, el CERMI insiste en que el baremo sanitario no puede ser diferente y paralelo al aprobado en 2015 para la indemnización de los daños derivados de accidentes de tráfico, sino que ha de existir un único baremo legal obligatorio con las peculiaridades de cada ámbito, sanitario y de tráfico, porque la reparación del daño corporal ha de ser homogénea con independencia del origen.