Estos incentivos se establecen para las personas con capacidad intelectual límite que pese a su necesidad de apoyos no alcanzan el reconocimiento del 33 por ciento de grado de discapacidad, quedando excluidas de las medidas genéricas de promoción de empleo destinadas a este grupo social.

 

El proyecto de real decreto, denominado oficialmente de medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, ha sido remitido al Consejo de Estado, para informe preceptivo, antes de ser elevado a aprobación del Consejo de Ministros.

 

Este real decreto constituye el desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad, que emplazaba al Gobierno de España a regular unas medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento.

 

Esta propuesta fue planteada originalmente por CERMI, haciéndola suya el Legislador, pero para que sea efectiva necesita el desarrollo posterior del Ejecutivo mediante real decreto, que lleva un retraso de casi 10 años.