Para lograr este objetivo Cristina Valido se ha reunido con la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, con el fin de incorporar proyectos y acciones contra la violencia de género a las mujeres con discapacidad en el ámbito del Pacto de Estado contra la violencia de género, informa su departamento en un comunicado.

 

Valido manifestó que el hecho de tener una discapacidad “da lugar tanto a formas específicas de violencia, como a formas agravadas por lo que es necesario establecer nuevos protocolos también específicos y formar a los profesionales que detectan y trabajan en el ámbito de la violencia de género”.

 

“Necesitamos profesionales en discapacidad para que las mujeres que denuncien se sientan más tranquilas y seguras”, añade la consejera.

 

Claudina Morales apuntó que en la última Conferencia Sectorial de Igualdad entre Estado y las Comunidades Autónomas se acordaron los criterios de reparto y la distribución de los recursos correspondientes al ejercicio 2018 y a Canarias le corresponden 5.903.780 euros para el desarrollo de proyectos en los que tendrían cabida estas formas específicas de violencia.

 

A la reunión, también asistieron la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García y la presidenta de la Asociación Queremos movernos, Ana Mengibar.

 

Se estima que aproximadamente un 13 por ciento de las mujeres que son asesinadas por sus parejas y/o exparejas cada año en España son mujeres con discapacidad.

 

Según el informe Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad, elaborado por la Fundación CERMI Mujeres, el 31% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida, más del doble que las mujeres sin discapacidad (12,5%).

 

La consejera de Políticas Sociales expuso que ya el Plan de Atención a la Discapacidad de Canarias incorpora tres ejes que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres con discapacidad por lo que “estamos en disposición de diseñar proyectos y trabajar en acciones concretas que puedan incorporarse al Plan de Estado para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus vidas, evitar la violencia familiar o de género o la institucionalización”.

 

(Fuente: EFE)