Acceso Universal
El Complejo Ministerial de Cuzco (Madrid) resolverá las deficiencias de accesibilidad del Registro, tras la denuncia del CERMI
31/12/2018
El Complejo Ministerial de Cuzco en Madrid, que acoge dependencias de los Departamentos de Industria, Comercio y Turismo; Economía y Empresa; Ciencia, Innovación y Universidades y para la Transición Ecológica, resolverá las deficiencias de accesibilidad que presenta el itinerario que permite el ingreso en el Registro General administrativo de esta sede, tras la denuncia del CERMI.

Así lo han confirmado las Oficialías Mayores de estos Departamentos a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, instancia ante la cual el CERMI planteó queja por esta ausencia de condiciones de accesibilidad en un servicio de la Administración General del Estado.
En su escrito de respuesta, los Ministerios afectados indican que “desde el acceso de calle (Paseo de la Castellana, 162 de Madrid) hasta el Registro General hay varios grupos de escalones que pueden salvarse con rampas exteriores con condiciones adecuadas de accesibilidad, salvo el último tramo de seis escalones sobre los que se dispuso en su momento una rampa con condiciones inadecuadas (pendiente y pasamanos)” y añaden que “por no estar de acuerdo con la normativa, este tramo ha sido clausurado”.
Existe recorrido accesible, que salva este último desnivel discurriendo por el interior del edificio, puntualizan las Oficialías Mayores, pero conscientes de la necesidad de que “todos los usuarios del Registro General, tengan o no su movilidad reducida, utilicen itinerarios similares, se ha introducido este requisito en el anteproyecto de reforma del vestíbulo y de los espacios exteriores de acceso que actualmente se está redactando”.
“La solución del último tramo -señalan por último- no puede acometerse de forma aislada ya que precisa de reformas estructurales de entidad”, que están en proyecto.
De este modo se dará solución a un problema grave de accesibilidad, que supone un incumplimiento de la legislación vigente aplicable, que obliga a que todos los entornos administrativos fueran accesibles antes del 4 de diciembre de 2017.