El acuerdo lo han rubricado el pasado viernes la consejera de Familia, Milagros Marcos, y el presidente de CERMI Castilla y León, Francisco Sardón, y supondrá un impulso al desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad en materia de Dependencia, aprobado el pasado 11 de diciembre. Tanto Milagros Marcos como Francisco Sardón han destacado lo positivo del acuerdo, que pueden aprovechar los 62.240 beneficiarios de la Dependencia, que actualmente reciben 77.826 prestaciones, mediante cambios que entrarán en vigor este mismo año.

 

Sardón ha asegurado que estos acuerdos son "positivos" porque van en la línea de cómo entiende el sector la Dependencia y el Catálogo de Servicios Sociales y ha señalado la importancia de que igual que en época de crisis se recortaron algunas cuestiones ahora se apueste por mejorar. Además, Marcos ha incidido en que estos cambios supondrán creación de empleo, en lo que Castilla y León es la primera, con 6,36 empleos por cada 1.000 habitantes, más del doble que la media nacional (3,13), con 16.037 empleos generados. El acuerdo modifica la normativa autonómica de Dependencia para flexibilizar el acceso a las prestaciones y sus compatibilidades, lo que permitirá una atención "a la carta" y en función de las necesidades de cada persona con discapacidad.

 

Además, se acuerdan los criterios de acreditación que deben cumplir las entidades prestadoras del servicio de promoción de la autonomía personal y unos precios máximos de referencia de esta prestación. Una de las medidas de las que se beneficiarán las 62.000 personas en situación de Dependencia es la modificación introducida en la Ley de Servicios Sociales, recogida en la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación, y que ha posibilitado que el copago en Castilla y León se reduzca un 5 por ciento con respeto al resto de autonomías, ya que ha decidido que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (congelado en 2011) se actualice con el mismo porcentaje que las pensiones.

 

Con el acuerdo alcanzado, se flexibiliza la financiación para la adquisición de varios servicios profesionales. De esta forma, el usuario podrá destinar la ayuda económica a la adquisición simultánea de más de un servicio: ayuda a domicilio, centro de día o de noche, promoción de la autonomía personal o asistente personal, siempre que estos estén incluidos en su programa individual de atención. Así, por ejemplo, una persona con Dependencia podrá recibir ayuda a domicilio unas horas, acudir a un centro de día dos días a la semana, contar con un asistente personal que le ayude unas horas y, además, recibir sesiones profesionales de fisioterapia o terapia cognitiva. Hasta ahora, la persona debía optar por elegir un único servicio y si necesitaba un cambio tenía que presentar una nueva solicitud, pero de esta forma la persona podrá elegir más de un servicio de forma simultánea y, además, cambiar la combinación de servicios mes a mes en función de sus necesidades y hacerlo sin tener que presentar una solicitud del cambio.

 

Las personas con discapacidad contarán con mejoras específicas y se amplía, además, el régimen de compatibilidades ya existente para que estas personas puedan recibir dos ayudas simultaneas para servicios profesionales. A 26.000 personas asciende el número de beneficiarios —20.000 mayores que compatibilizan hoy la ayuda familiar con el servicio público de autonomía y 6.000 menores o personas con discapacidad—. Hasta el momento, los menores de 18 años que reciben cuidados en el entorno familiar podían beneficiarse al mismo tiempo del servicio público de promoción de la autonomía personal (estimulación cognitiva, terapia ocupacional, logopedia, etcétera).

 

Con efecto 1 de enero, estos menores podrán seguir recibiendo los cuidados de sus familiares más cercanos y optar por acudir al servicio público de promoción de la autonomía personal o recibir una ayuda económica específica para adquirir el servicio en cualquier centro acreditado. Los menores de grado III que reciban cuidados familiares y elijan la ayuda económica podrán recibir hasta 533,75 euros mensuales, frente a los 319,23 euros actuales, lo que significa un incremento de más del 67 por ciento sobre la cuantía de 2014. Los menores de grado II, por su parte, pasarán a recibir 349,19 euros frente a los 221,35 euros (un aumento del 57,77 por ciento).

 

Junto a esto, se da un impulso a la figura del asistente personal. El servicio de atención residencial permanente, cuando se considere que es el recurso idóneo para la persona con discapacidad, será compatible o bien con el centro de día o bien con el servicio de promoción de la autonomía personal, como hasta ahora, y a partir de este momento también será compatible con el servicio de asistente personal. En el caso de los beneficiarios con doble ayuda económica, se les permite destinar la suma de ambas prestaciones a la suma del coste de los dos servicios para garantizar que puedan disfrutar de ambos servicios. Queda así eliminada la regla general de que cada una de las prestaciones debía destinarse a un servicio. De esta forma, ninguna persona se quedará privada del acceso a las prestaciones que le pudiera corresponder por falta de recursos. Si el gasto justificado por el disfrute de dos servicios sea superior a la capacidad de gasto del usuario, la Administración abonará la totalidad de la cuantía reconocida en las dos ayudas económicas. Autonomía personal El acuerdo recoge, asimismo, la regulación del servicio de promoción de la autonomía personal en cuanto a la composición de las sesiones, su duración, así como su intensidad. Las sesiones podrán ser individuales o grupales y tendrán una duración de una hora o de media hora.

 

La Consejería y CERMI acuerdan, igualmente, qué requisitos deben de cumplir las entidades que prestan el servicio de autonomía personal en Castilla y León para lograr su acreditación, que actualmente ascienden a 152, para lo que tendrán un año de plazo, aunque se trata de una cuestión más documental que práctica, ha explicado la consejera. Podrán ser objeto de acreditación el servicio de habilitación y terapia ocupacional, el servicio de estimulación cognitiva, el servicio de promoción, mantenimiento y recuperación funcional, y el servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. Se exigirá que cuenten con un equipo técnico multiprofesional que garantice una atención global e integral.

 

El personal de los servicios contará con las titulaciones universitarias, títulos de Formación Profesional o cualificaciones profesionales acreditadas. Las entidades serán las encargadas de facilitar a sus profesionales formación continua. Entre la documentación que deberán disponer figura un reglamento de régimen interior, una carta de servicios, el programa general del servicio o el programa individual de atención, entre otras cosas. El acuerdo entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cermi establece también precios de referencia para el servicio de promoción de la autonomía personal, que se establecerá en función de la intensidad del servicio y del carácter grupal o individual de las sesiones.