Así lo ha anunciado esta institución, que atiende la petición planteada por el CERMI sobre la problemática que plantea el teléfono de emergencia para las personas sordas o con discapacidad auditiva que no pueden usar este servicio de emergencias en condiciones de igualdad y con seguridad y garantías, ya que son las comunidades autónomas las que prestan este servicio en situaciones diversas y diferenciadas.

 

Esta situación se agrava, en opinión del CERMI, cuando las personas con discapacidad se desplazan fuera de su comunidad, ya que este servicio puede dejar de prestarse en las condiciones de accesibilidad que pudiera tener en su lugar de origen.

 

El Fiscal afirma que estudiará esta situación, de acuerdo con su misión constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, recogido en el artículo 124 de la Constitución Española, y según lo previsto en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, informa Europa Press.