Aprovechando la tramitación en la Cámara Alta del Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero), el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) del Senado, mayoritario, ha formulado una enmienda para incorporar a la iniciativa legislativa una nueva disposición adicional sobre “etiquetado inclusivo”.

 

El texto de la enmienda, inspirado en la propuesta del CERMI, establece que “el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal, de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

 

En cuanto a la motivación, el GPS señala que con su enmienda trata de revertir el déficit de protección de las personas ciegas y con discapacidad visual para acceder a la información esencial sobre determinados bienes y productos.

 

En parecidos términos, propone también enmienda el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

 

España carece hasta ahora con carácter general de normativa sobre etiquetado en braille de productos de consumo, lo que debilita enormemente la protección como consumidores y usuarios de las personas con discapacidad visual. Solo en el ámbito de los medicamentos, humanos y veterinarios, y por imperativo de la Unión Europea, los envases han de contener determinada información básica rotulada en braille. En el resto, no hay obligación por el momento y está al albur de las decisiones de los fabricantes y operadores económicos, que apenas prestan atención a esta demanda social.

 

Con motivo de la celebración el pasado 4 de enero del Día Mundial del Braille, instituido por Naciones Unidas, el CERMI exigió del Ejecutivo la aprobación de una disposición normativa de ámbito estatal que regule esta materia, determinando qué productos y en qué forma han de contar con etiquetado en braille, así como con otros formatos complementarios que permitan a las personas con discapacidad visual el acceso a la información a través de distintas tecnologías de uso generalizado.

 

El CERMI saluda la más que previsible aprobación de este mandato legal sobre etiquetado braille, con lo que se avanzará en la protección de los consumidores con discapacidad.