Para el CERMI, resulta evidente que sin políticas de desarrollo rural inclusivo las personas con discapacidad que residen en la España no urbana “se verán obligadas antes o después a abandonar su entorno de origen, lo que supone una negación de su derecho a vivir en la comunidad de su elección”. 

 

Las necesidades y demandas de las personas con discapacidad que habitan en zonas rurales no están en la agenda política general, a juicio del CERMI, ni siquiera en la agenda política de la discapacidad, que bascula indefectiblemente hacia los dictados de lo urbano, que monopoliza la atención política y hasta la asociativa.

 

El mundo asociativo de la discapacidad ha de tomar conciencia crítica y vívida de la realidad de las personas con discapacidad que residen en el medio rural y construir una agenda política de desarrollo rural inclusivo, que haga de este entorno un campo de innovación social permanente que desate espirales de oportunidades vitales y comunitarias para esta parte de la población con discapacidad.