La progresiva toma de conciencia por parte de las personas con discapacidad de que “son sujetos de derecho”, así como de que sus derechos siguen siendo “vulnerados” supone un “cambio cualitativo” para el movimiento asociativo. Así lo manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, como conclusión en la presentación del ‘Informe sobre la situación de los derechos humanos y de las personas con discapacidad en España en 2012’ en Servimedia. “El paso siguiente”, puntualizó Pérez Bueno, “debe ser su empoderamiento para denunciar estas situaciones”.

 

Las prestaciones sociales y económicas, relacionadas con el empleo y la jubilación, son los temas, según el estudio, que generan más duda y controversia entre las personas con discapacidad en nuestro país. De hecho, la Asesoría Jurídica del CERMI recibió en 2012 un 2% más de consultas respecto al año anterior en materia de empleo. El informe resalta como otra de las cuestiones más conflictivas la adaptación a los puestos de trabajo y las pruebas de acceso a los mismo. En este sentido, también se han recibido numerosas preguntas relacionadas con los incentivos a la contratación de personas con discapacidad e, incluso, como novedad en este estudio, sobre los procedimientos de despido o modificaciones en las condiciones de contratación.
 

El CERMI, como organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU, publica por quinta vez este informe anual para examinarel cumplimiento, por parte de España, del tratado internacional de la discapacidad y desvelar las vulneraciones más graves. Así, el estudio, que también persigue concienciar a la sociedad y servir de herramienta política, destaca, entre otras, las diez quejas presentadas en 2012 ante el Defensor del Pueblo para denunciar situaciones de discriminación para el sector dentro de las acciones emprendidas proactivamente por el organismo para la defensa de derechos colectivos e individuales de las personas con discapacidad. 

 

Entre ellas, por ejemplo, se han denunciado las políticas del Ministerio de Educación respecto de la entrada de alumnos y alumnas con discapacidad en la Red de Colegios Españoles en el extranjero; la falta de regulación de las profesiones de subtitulador y audiodescriptor o la posible inconstitucionalidad de la reforma del sistema de atención a las situaciones de dependencia. En general, destaca Pérez Bueno, “estas violaciones por incumplimientos formales de derechos, los políticos y civiles, serían muy fáciles de subsanar, ya que sólo se trata de voluntad política”. “Hablamos de audacia, de creatividad, de innovación y de creerse que la política está para algo, para cambiar la realidad”, matizó.
 

Durante la presentación del informe, el presidente del CERMI criticó que “aún no están garantizados los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, ni a nivel político ni civil ni económico”, subrayó. 
 

CONSULTAS
 

Según recoge el informe, durante 2012, del número total de consultas atendidas en la Asesoría Jurídica del CERMI un 20 % se han tramitado como “posibles vulneraciones de derechos fundamentales” con lo cual, respecto al año anterior, el porcentaje se mantiene. Pero la discriminación en colegios, por primera vez, deja de estar circunscrita a los públicos y se reciben quejas también de casos en privados y concertados. 

 

Por otro lado, ascienden el número de consultas sobre el derecho a la vida independiente e inclusión en la comunidad destacando, dentro de estas, las relativas a la adaptación de la vivienda, el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones, el reconocimiento, así como la prestación de ayudas para la promoción de la autonomía o la movilidad.
 

Otra de las peticiones atendidas por el CERMI que se destacan en el informe son las referentes a las cuestiones de familia junto con los temas de igualdad ante la ley y la integridad de la persona. El estudio apunta, precisamente, estos son los temas que más indefensión crean a las personas con discapacidad que acuden a la entidad. Asimismo, el incumplimiento de la accesibilidad también se subraya en el informe de 2012, ya que el 22% de todas las consultas recibidas en el CERMI se refieren a este aspecto y destacan los impulsores que se trata, en todos los casos, de ajustes “razonables” relacionados casi siempre en el ámbito del empleo público y el acceso a la educación y formación profesional.

 

Respecto al sexo, el 59,94% de las consultas fueron realizadas por hombres y el 36,91% por mujeres. Del dato se deduce que las mujeres con discapacidad acceden menos veces al servicio de orientación del CERMI, a pesar de superarles en número. En cuanto al tipo de discapacidad, es la física la que acude en mayor número al servicio del CERMI identificando su tipo de discapacidad y, por provincias, las personas de las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Valencia son las que más lo utilizan. 

 

Por último, el informe también incluye la información aportada por el Instituto San Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid sobre los procedimientos de internamiento no voluntario a los que son sometidas ciertas personas con discapacidad en España que verifica la vulneración de sus derechos fundamentales.