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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 09 de enero de 2015cermi.es semanal Nº 150

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

Presentado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)

Informe Olivenza 2014: Retrato de la situación de la discapacidad en España

22/12/2014

El informe Olivenza 2014 ofrece una medición “estable y sistemática” de los niveles de inclusión social de las personas con discapacidad en comparación con la población general. El documento realiza una división en tres ejes de los problemas de inclusión social de las personas con discapacidad: la inclusión económica, los derechos de las personas con discapacidad y la integración social de este colectivo en la sociedad.

Presentación del Informe Olivenza 2014El 32% de la población con discapacidad sufre riesgo de pobreza, casi 5 puntos por encima de la población general, según el informe Olivenza 2014 sobre la situación de las personas con discapacidad en España, presentado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED). Además, el documento señala que la pobreza severa afecta a un 14,7% de la población con discapacidad, frente a un 9,6% en la población sin discapacidad.
 
En la presentación del informe, que tuvo lugar este lunes en Olivenza, estuvieron presentes el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón;  el alcalde de Olivenza, Bernardino Píriz; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y el sociólogo y consultor social, Agustín Huete.
 
En lo relativo a este primer eje, el de la inclusión económica, la desventaja de la población con discapacidad se cuantifica en casi un 33% respecto a la población general. Esto se justifica por la “enorme” diferencia en cuanto a tasa de actividad laboral por un lado, y por una distancia también relevante en los niveles de pobreza. 
 
Respecto a la población en situación laboral activa, el análisis de la ganancia bruta (salario) indica diferencias relevantes cercanas a los 2.500 euros anuales entre personas con y sin discapacidad, con diferencias muy acusadas en función de sexo y edad.
 

Educación e inclusión social

 
En lo relativo al segundo eje, los derechos de las personas con discapacidad, y en concreto, a la educación, las diferencias en el acceso a la educación superior continúan siendo muy acusadas: casi un 21% de la población sin discapacidad tiene estudios superiores, frente  a un 6,7% de la población con discapacidad.
 
En lo que respecta al tercer eje, la integración social, este factor continúa siendo el que más diferencia muestra en la comparación entre las personas con y sin discapacidad. En este sentido, el informe destaca la escasez de relaciones sociales y oportunidades para la participación de las personas con discapacidad en, por ejemplo, actividades de ocio.
 
Así, el 21,5% de la población con discapacidad reconoce que tiene muy pocos o ningún amigo y son mayoría (91%) los que encuentran dificultades por motivo de su discapacidad para realizar actividades culturales, deportivas o recreativas.
 

El caso extremeño

 
Dada la especial implicación del informe Olivenza con la  Comunidad Autónoma de Extremadura, este aborda de manera específica, la situación de la población con discapacidad en esta región.
 
Según el informe, en Extremadura residen algo más de 110.000 personas con discapacidad de las cuales casi 100.000 han sido reconocidas como tales por los servicios regionales.
 
En dicha comunidad encontramos menores diferencias entre la población con y sin discapacidad que se reproducen otros ámbitos de la como el de acceso a estudios, relaciones sociales o participación social.
 
Por otra parte, el informe ha identificado como mayores obstáculos para la integración de las personas con discapacidad las barreras que el colectivo se encuentra a la hora de salir de casa, realizar actividades de ocio, trasporte y acceso a edificios.
 
El CERMI se ocupará de gestionar el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tras la autorización el pasado noviembre del convenio marco de colaboración para la gestión y funcionamiento de dicho organismo por parte del Consejo de Ministros.
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