"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
#Arrestópolis denuncia la existencia de personas ‘encarceladas’ en sus domicilios por la falta de accesibilidad
11/01/2019
Luis de Aries
Cerca de 2.000 personas en 37 ciudades españolas se manifestaron en la campaña #Arrestópolis, impulsada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). Con ella, se denuncia la difícil situación de personas con discapacidad que no pueden salir de su domicilio por falta de accesibilidad, a la vez que se exige un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal que garantice el acceso universal en los edificios de viviendas, un derecho fundamental para la autonomía personal y la libertad de movimientos de estas personas.
Mariana, una profesora que está en silla de ruedas desde hace 11 años, explica cómo le es imposible realizar una vida normal y se siente sometida a un encierro en su propio domicilio: “Sola no puedo acceder a ningún sitio, tengo que depender de mi chico, no puedo pasar a las zonas comunes, tengo una rampa que no se ajusta a la ley y necesito a alguien detrás”.
Similar situación denuncia Alejandro, una persona con un angioma medular que le impide caminar. Vive en Sevilla en un cuarto piso sin ascensor y necesita ayuda de los voluntarios de la Cruz Roja para poder salir de casa. Esta circunstancia le impide ejercer una vida cotidiana e, incluso, ha motivado que abandone los estudios.
La campaña “#Arrestópolis” reclama la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y la limitación económica existente, que fija en 12 mensualidades de gastos de la comunidad la obligatoriedad a la hora de realizar las reformas de accesibilidad. Para evitar situaciones de personas como las descritas anteriormente, Cocemfe pide que la ley establezca el mismo mecanismo que el de otras reformas ineludibles que afrontan las comunidades vecinales, como las derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad del edificio.
El presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, explicó que “cuando quieres hacer una intervención de eliminación de barreras en la comunidad, si superan las doce cuotas no están obligados los demás vecinos a contribuir a hacer esa obra de accesibilidad”.
Además, Queiruga subrayó que “en España menos de un 1% de los edificios son plenamente accesibles y 6 de cada 10 no permiten el acceso de la calle al portal”. E incide el presidente de la confederación en que “la falta de accesibilidad a los edificios de viviendas está provocando que personas con discapacidad no puedan salir de sus propias casas por no disponer de un ascensor o una rampa”.
Por este motivo, el presidente de Cocemfe exige que las diferentes administraciones den una respuesta satisfactoria y se agilicen los trámites necesarios para que los edificios sean accesibles y se respeten los derechos de las personas con discapacidad.
CONCENTRACIONES
A finales del año 2018, la campaña #Arrestópolis, con el lema ‘Vida independiente, mi casa no es mi cárcel’, concentró a cerca de 2.000 personas para dar a conocer y sensibilizar sobre la problemática de la accesibilidad de los diferentes edificios de viviendas.
En Madrid, el lugar elegido para la concentración fue el Congreso de los Diputados. Allí, los asistentes se encerraron en una cárcel simulada frente al Congreso de los Diputados con el fin de denunciar los problemas que tienen para acceder a sus propias viviendas.
Una de las asistentes, Nuria Rodríguez, expuso la situación que viven las personas con discapacidad, como ella, ‘encarceladas’ en sus casas por la falta de accesibilidad: “Mi día a día es un infierno, porque siempre tengo que depender de mi familia para poder subir y bajar sin ascensor, y cuando el dolor me pega fuerte, tengo que subir y bajar las escaleras sentada”.
El presidente de Cocemfe subrayó que “se nos está privando de libertad sin haber cometido ningún delito” y recordó que “la vivienda digna y el derecho a la libertad de movimientos son imprescindibles para que en nuestro grupo social podamos diseñar nuestro propio modelo de vida”.
Además, remarcó que “un edificio accesible es un edificio para todas las personas” y “realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad es una inversión justa, y necesaria, puesto que, al fin y al cabo, nadie sabe si en algún momento de su vida va a necesitar estas adaptaciones”.
Por último, Queiruga recordó que “la vivienda digna y el derecho a la libertad de movimientos son imprescindibles para que en nuestro grupo social podamos diseñar nuestro propio modelo de vida”.
