«La realidad evidencia que en nuestro país, aún hoy, el derecho a voto de este colectivo no está garantizado pese a que en 2008 fue ratificada la Convención Internacional de la ONU que establece dicho derecho. Es más, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión», señala la diputada socialista Mónica Silvana, que defenderá la propuesta junto a Adolfo Serrano (PP) y Beatriz Gimeno (Podemos).

 

Según los datos del CERMI, en España hay alrededor de 100.000 habitantes que padecen dicha limitación psíquica, de los cuales unos 10.000 residen en Madrid. En esta organización entienden que la imposibilidad de que puedan participar activamente en los comicios es «claramente discriminatoria» y confían en la subsanación de lo que califican como «grave déficit democrático».

 

Haciéndose eco de su reivindicación, los tres representantes de la Asamblea regional defenderán el martes por la tarde en el Congreso una Proposición de Ley que plantea la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En concreto, plantearán la modificación de varios párrafos del texto para eliminar la posibilidad de que quede a discreción de los jueces en los procedimientos de incapacitación legal la privación del derecho de voto para los miembros de este colectivo.

 

El caso más paradigmático de este proceso es el de Mara, una joven gallega con síndrome de Down cuya familia recurrió a la justicia para reclamar que pudiera participar activamente en los comicios y que recibió sendas negativas del Tribunal Constitucional y del Supremo. El asunto se encuentra en estos momentos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

 

«Desde el PSOE defendemos que las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y, por tanto, titulares de derechos y libertades y capaces de tomar decisiones y defender sus intereses. Y es responsabilidad nuestra, de los representantes que hemos sido elegidos democráticamente para conformar las instituciones, garantizar que esos derechos que tienen no sean vulnerados», defiende Silvana.

 

El Congreso tendrá que resolver si toma en consideración esta propuesta y, en caso de así sea, por qué vía se realiza el trámite parlamentario.

 

(Información publicada en Elmundo.es)