Parlamento

Las personas con discapacidad: entre la marginación y la crisis

Por Ascensión de las Heras, portavoz del Grupo Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados

19/07/2012

El balance del primer semestre de la actual legislatura parlamentaria contemplado desde la perspectiva de la Comisión para las  Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados no es nada halagüeño. No tanto por la voluntad de los distintos grupos políticos representados, ni tampoco lógicamente por la implicación del sector, sino por la dinámica del sistema económico que nos envuelve y también por una actitud ficticia del Gobierno del PP, que intenta mostrar con palabras vacuas una política pública carente de compromiso real con las necesidades sociales del colectivo.

Fue un momento de especial solemnidad y emotividad el acto de celebración del 30º aniversario de la LISMI: la presencia amplia del sector en la Cámara, el nivel de reconocimiento aunque también de autocrítica de las intervenciones al camino abierto por esa ley, el recuerdo emocionado a sus artífices -singularmente al político catalán Ramón Trías Fargas, auténtico puntal para su aprobación- constituyeron un hecho positivo que nos expresa la validez del consenso y de la iniciativa política cuando se atiende a la realidad y a la voluntad de cambio de una parte de la sociedad.
         
Ahora bien, IU ya señaló en la propia celebración su sensación agridulce ante el aniversario. Porque es tan palmario el valor estratégico de la ley, pionera en su tiempo, como su grado de incumplimiento en materias fundamentales para la calidad de vida y, sobre todo, para la integración sociolaboral del colectivo.

Por esta razón hemos presentado una Proposición No de Ley propugnando su plena aplicación real. No estamos descontentos con la acogida parlamentaria de nuestra iniciativa, aunque el Partido Popular no solo haya usado el rodillo, sino que incluso quisiera minusvalorar nuestro intento de poner negro sobre blanco en una cuestión tan sensible. Es una prueba más de la falta de su sentido democrático y de voluntad política de esta derecha voraz.

Igualmente nos hemos hecho eco también mediante pregunta escrita al Gobierno del profundo descontento de algunos afectados por las graves irregularidades producidas, hasta el punto de haber dado lugar a impugnación, en las recientes oposiciones para personal subalterno de la Administración General del Estado en el cupo reservado a personas con discapacidad intelectual, que se efectuaba por primera vez. Nos parece que un paso tan integrador como este no puede verse ensombrecido por una práctica nefasta de los responsables de las pruebas, que contribuye a desprestigiar una experiencia necesaria para avanzar en la integración sociolaboral.

Nuestra reflexión en estos primeros meses de mandato y vistas las comparecencias iniciales en comisión se dirige también al ámbito de la representatividad dentro del sector de la discapacidad. Naturalmente, nada oponemos a la función del CERMI como interlocutor activo de las personas con discapacidad, ni al papel relevante de la ONCE en ese ámbito. Pero es necesario abrir el abanico: hemos hallado muy refrescante la voz de movimientos como el Foro de Vida Independiente, o posturas críticas como la de la oposición interna de la ONCE. Creemos imprescindible contar con ese espacio de pluralidad para afinar en nuestro diagnóstico general sobre la problemática básica del sector. 

En tal sentido, el pasado 5 de julio hemos creado un grupo de trabajo de seguimiento de las políticas de discapacidad de común acuerdo entre esta Portavoz Parlamentaria y el Área Federal de Bienestar Social de IU, que está integrado por profesionales, sindicalistas y afectados, para dar apoyo a nuestra acción representativa e incidir en el ámbito de la discapacidad desde la óptica de la izquierda política y con afán de influir en una línea transformadora dentro de las reivindicaciones de las personas con discapacidad con vocación unitaria siempre pero con autonomía política.
         
La política actual de recortes sociales del Gobierno español está descuartizando el sistema público de servicios sociales, lo que implica un derrumbe del estado del bienestar que afecta radicalmente a la protección social en todas sus facetas. La reforma por la puerta falsa de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia es el último eslabón de una cadena de desatinos sociales que esta mayoría absoluta reinante nos ha dejado antes del periodo vacacional.
         
Quisiera concluir con un rayo de optimismo que la sociedad en lucha me inspira y estoy segura de que sacaremos lo mejor de nosotros mismos para frenar esta ofensiva neoliberal. Una apuesta democrática e igualitaria acabará superando esta crisis. En ese proceso estoy convencida de que la gran potencialidad de las personas con discapacidad participará plenamente en el cambio social.