Con el lema que ha escogido para este año Naciones Unidas, Desarrollo Sostenible: La promesa de la tecnología, lo que se reclama es evitar la invisibilidad de las personas con discapacidad para que puedan participar en todos los aspectos del desarrollo como: el empleo, la protección social o la salud, bajo los principios de igualdad y accesibilidad. Tienen que implementarse medidas que garanticen una atención efectiva a las personas con epilepsia, ataxias, fibrosis quística, esclerosis múltiple y otras enfermedades raras.

 

Porque la globalización y el desigual reparto de los recursos no pueden frenar el desarrollo humano del colectivo de personas con discapacidad, apartándolo de los hábitos de consumo y sistemas de producción existentes. El uso de las tecnologías puede facilitar la inclusión de las personas con discapacidad; hay que velar por la plena accesibilidad y la formación para evitar que la brecha digital impida nuevamente la exclusión de este colectivo.   

 

El CERMI Andalucía reclama, entre otras cosas, la aprobación en el Parlamento de la Ley Andaluza de Discapacidad con marcado enfoque integrado de género, de la accesibilidad y la institucionalización de la recopilación de datos sobre discapacidad; la financiación sostenible de programas que propicien un cambio transformador para las personas con discapacidad, así como que las entidades de personas con discapacidad puedan poner en marcha servicios como la atención residencial, educativos, de atención temprana e interpretación de lengua de signos, etc.; la priorización en los pagos a las entidades de personas con discapacidad; que se garantice la equidad territorial en la Comunidad Autónoma de las políticas que se desarrollen para las personas con discapacidad y sus familias.

 

Además, pide una escuela inclusiva que atienda al alumnado diferente en igualdad de condiciones con el resto de alumnos y alumnas; la aprobación de una normativa que regule las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; el fomento de políticas que propicien la participación ciudadana de este colectivo, sus familias y las organizaciones que las representan, buscando la unión con otras organizaciones implicadas en la defensa de los derechos humanos; apoyar medidas concretas para evitar la estigmatización de las personas con enfermedad mental y, finalmente, el desarrollo de políticas activas que reduzcan las alarmantes cifras de desempleo que padecen las mujeres y hombres con discapacidad.