La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha ofrecido los detalles de una norma que sustituye a la que estaba vigente desde el año 2001, si bien las grandes novedades ya se conocían cuando fue presentado el anteproyecto. Entre ellas, la regulación de la participación de los menores a partir de los 12 años, que podrán llevar a cabo acciones de voluntariado siempre que éstas no perjudiquen su desarrollo, formación y escolarización o supongan un peligro para su integridad y cuenten con la autorización expresa de sus progenitores. Otra gran novedad es que reconocerá modalidades no presenciales vinculadas a las nuevas tecnologías, como la figura del voluntariado digital, cuyo fin es acercar las nuevas tecnologías a poblaciones en riesgo de exclusión digital.

 

Además, a este acto institucional en el que se ha presentado el proyecto de Ley del Voluntariado de Andalucía, también han asistido otros representantes del Gobierno andaluz como la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio; la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez; o el director general de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas, así como demás miembros de las organizaciones del Tercer Sector andaluz.

 

Con más de 450.000 personas y alrededor de 3.000 asociaciones que realizan acciones de voluntariado en la comunidad autónoma, la futura ley se adapta a la realidad actual del movimiento voluntario. De este modo, reconocerá modalidades no reguladas hasta ahora, como las que se desarrollan entre universitarios y empresas, las que se centran en actividades limitadas temporalmente o las que se promueven en entornos virtuales que no requieren la presencia física de los participantes.

 

El proyecto de ley llega tras la participación de representantes de 238 entidades, que han realizado aportaciones. Reconoce un total de 12 modalidades de voluntariado, que abarcan ámbitos como lo social, ambiental, cultural, deportivo, educativo y de protección civil, además de las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). La norma incorpora también disposiciones dirigidas a favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia.

 

Por otro lado, la norma impedirá que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena, tanto en el sector público como en el privado. Recoge también la previsión de establecer, a través de la negociación colectiva, mecanismos de flexibilización de la jornada laboral que permitan a los trabajadores participar en acciones de voluntariado. Las actividades solidarias tampoco podrán sustituir a las administraciones en aquellas funciones o servicios públicos a cuya prestación estén legalmente obligadas.