Con estas palabras se expresó el pasado jueves José Manuel Porras en una entrevista concedida al servicio de Radio de la Onda Local de Andalucía, que puede escucharse íntegramente aquí http://www.emartv.es/2018/02/01/jose-manuel-porras-6/#.WnOYGudG3IV, y en la que se le preguntó sobre esas “discrepancias” que ha expresado el Gobierno central con varios artículos de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, hecho que ha motivado que el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía acordaran a finales del mes de diciembre la creación de un grupo de trabajo para encontrar una solución a este respecto.

 

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen “discrepancias”.

 

En este sentido, manifestó que “tanto las entidades miembros de CERMI Andalucía como otras organizaciones sociales enriquecieron con sus aportaciones el texto y que incluso otras comunidades autónomas ya han tomado como modelo la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía para en sus respectivos territorios trasladar una normativa similar que defienda los derechos de las personas con discapacidad”. Además, afirmó que “lo que no podemos o no debemos permitir de ninguna de las maneras es que los derechos que se plasman en esta ley para las personas con discapacidad se vayan a retocar”.

 

 

Para el presidente de CERMI Andalucía, “las discrepancias expresadas por el Gobierno están en los artículos que hacen referencia al concierto social”, y es que “lo que no tiene sentido es que en la licitación de los contratos se permita la entrada a entidades con ánimo de lucro y encima de otras comunidades autónomas”, aseguró. José Manuel Porras se mostró tajante al afirmar que “en la licitación de los contratos en la prestación de servicios públicos a las personas con discapacidad tienen que concurrir necesariamente entidades andaluzas que no tengan ánimo de lucro, porque para eso estamos hablando de una ley andaluza”.

 

Además, según explicó, la Administración central también “discrepa” de la regulación de la Junta sobre el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público como son las estaciones de servicio automáticas, que son las que carecen de personal de atención al cliente en sus instalaciones, algo a lo que “el conjunto de las entidades que constituyen el CERMI Andalucía nos oponemos, como no puede ser de otra manera, porque suponen un grave obstáculo para las personas con discapacidad”.

 

En definitiva, y tras una reunión que mantuvo en la tarde del jueves el presidente del CERMI Andalucía con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio; y la portavoz del PSOE-A en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, CERMI Andalucía espera que pronto el Gobierno central y la Junta de Andalucía alcancen un acuerdo que permita no tener que suspender esta ley tan sumamente importante para el bienestar del conjunto de la ciudadanía andaluza con discapacidad y sus familias.