Esta es una de las principales conclusiones que el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, planteó durante la jornada ‘En defensa propia: defensa legal de las personas con discapacidad’, organizada por el CERMI y celebrada el pasado lunes en la sede del Consejo General de la Abogacía. El encuentro contó con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a los fondos recaudados a través de la casilla de fines sociales del IRPF.

 

Jesús Martín recordó que el CERMI viene realizando un informe anual sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España desde hace una década, “y lamentablemente todavía tenemos que recoger muchas más denuncias que avances y propuestas de mejora”. 

 

En este sentido, incidió en que el ámbito en el que más denuncias se han recibido fue en el de la accesibilidad universal, “pese a que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido y que supone un fracaso como sociedad”. 

 

Tras la accesibilidad, cabe destacar que los aspectos que motivaron más denuncias fueron el empleo y el derecho a una vida independiente (artículos 27 y 28 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente).

 

AVANCES

 

Mientras que en el capítulo de avances, el informe del CERMI destaca que en 2017 se llevó a cabo la reforma de la Ley del Jurado Popular para que las personas con discapacidad dejen de estar excluidas de este tipo de tribunales; los primeros pasos para reformar la ley electoral y acabar con la privación del derecho de sufragio que sufren casi 100.000 personas con discapacidad, hecho que CERMI Andalucía celebró, puesto que se trata igualmente de una reivindicación que viene haciendo conjuntamente con sus entidades miembros desde hace ya varios años.

 

Durante la inauguración de esta jornada, el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral, criticó que “la legislación en materia de discapacidad se incumpla y no pase nada, algo inimaginable en otros ámbitos”. El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, comparte esa opinión y afirma que “todos estos datos no hacen más que confirmar que la legislación en materia de accesibilidad se incumple de manera sistemática, tanto a nivel nacional como autonómico, y lo verdaderamente grave es que aquí parece que nunca pasa nada”.

 

Por su parte, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Isabel Caballero, centró su discurso en la necesidad de visibilizar la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, CERMI Andalucía tiene abierto desde comienzos de este mes de octubre y hasta el próximo día 30, el plazo para poder participar en el Concurso de Fotografía ‘Mujeres con discapacidad en resistencia’, cuyo lema pretende reconocer las resistencias cotidianas de las mujeres con discapacidad para desarrollar sus propios proyectos de vida y con el que se pretende denunciar las discriminaciones y violencias por razones de género y discapacidad, de forma interseccional, del colectivo de mujeres con discapacidad.

 

En el encuentro se repasó también el informe de la ONU que condena a España por sus carencias en materia de educación inclusiva, así como las claves de la reforma del Código Civil que acaba de empezar a tramitarse para migrar de un modelo basado en la sustitución de la capacidad jurídica a otro cuyo eje central sean los apoyos en la toma de decisiones.

 

De hecho, CERMI Andalucía recibió con optimismo la propuesta de reforma del Código Civil para pasar de un modelo basado en la sustitución de la capacidad jurídica a otro fundamentado en apoyos en la toma de decisiones, ya que supondría un “avance sustantivo” para el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad.