La Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, estableció las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. CERMI Andalucía considera que esta resolución no exime a la administración andaluza, por motivos de emergencia, de realizar la reserva de cupo a la que le obliga el artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

 

En este sentido, el presidente de CERMI Andalucía, Antonio Hermoso Palomino, insiste en que la discapacidad no es una condición de enfermedad o mala salud, sino una situación derivada de un entorno y unas actitudes excluyentes por parte de la sociedad. “El nuestro es un colectivo muy heterogéneo y la mayor parte de personas con discapacidad no pertenecen a los colectivos de riesgo a quienes se excluye en las convocatorias”.

 

De esta forma, indica Antonio Hermoso, “las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos que establecen las bases pueden desempeñar perfectamente su trabajo, al igual que el resto de la ciudadanía”.

 

CERMI Andalucía ha dirigido un escrito al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag, instándole a cumplir la normativa que garantiza un cupo de reserva de puestos para las personas con discapacidad en las convocatorias de empleo público o, en su caso, a informar y justificar con base en la normativa existente, lo motivos por los cuales no se realiza la citada reserva.